GINEBRA – Más de 3000 personas murieron o desaparecieron el año pasado intentando cruzar el Mediterráneo central y occidental o arribar a Europa por el Atlántico, reportó este lunes 2 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con un nuevo pedido de apoyo urgente ante esas tragedias.
El llamamiento pide que “se refuerce la asistencia humanitaria, el apoyo y las soluciones para las personas que necesitan protección internacional, y los supervivientes de graves abusos de los derechos humanos”, de acuerdo con la declaración entregada por Acnur en su sede en esta ciudad suiza.
El drama continúa, y en lo que va de 2022 Acnur ha registrado la muerte o desaparición en el mar, rumbo a Europa, de otras 478 personas.
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó que el pasado 2 de abril 90 personas murieron después de pasar al menos cuatro días en el mar intentando alcanzar Europa, según el relato de los cuatro supervivientes, rescatados por el buque petrolero de bandera panameña Alegría 1.
MSF ha criticado lo que considera negligencia de Italia y Malta para ayudar a los barcos en peligro, e indiferencia de la Unión Europea y sus Estados miembros ante el creciente número de fallecidos y ante la continua violación de los derechos humanos en el mar Mediterráneo.
Acnur informó que del total de víctimas de 2021, se registraron 1924 personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo central y occidental, y otras 1153 perecieron o desaparecieron en la ruta marítima del noroeste de África hacia las españolas islas Canarias.
El número de muertes registradas en 2020 fue de 1776 en las tres rutas, dentro de las 3174 muertes de migrantes registradas por Acnur en rutas marítimas y terrestres hacia Europa –principalmente desde África central, occidental y del norte-, así como en vías hacia América del Norte, y en el sudeste de Asia.
La mayor parte de las travesías marítimas se realizaron en embarcaciones hinchables y no aptas para la navegación, que en muchos casos volcaron o se pincharon provocando la pérdida de vidas.
Las travesías por el Atlántico desde los estados costeros de África occidental, como Senegal y Mauritania, hasta las Canarias, son largas y peligrosas, puesto que se pueden prolongar hasta 10 días. Muchas embarcaciones se desvían del rumbo o desaparecen sin dejar rastro en estas aguas.
Las rutas terrestres también siguen siendo muy peligrosas, y puede el número de fallecidos sea aún mayor en estas travesías cruzando el desierto del Sáhara, fronteras remotas, en centros de detención o durante la situación de cautiverio a la que someten los contrabandistas o traficantes a personas migrantes y refugiadas.
Entre los múltiples abusos denunciados por las personas que recorren estas rutas se registran: ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, violencia sexual y de género, trabajos forzados, esclavitud, matrimonios forzosos y otras graves violaciones de los derechos humanos.
La pandemia covid-19 y los cierres de fronteras que llevó aparejados, también afectaron los desplazamientos hacia el norte de África y los países costeros de Europa, por lo que muchas personas refugiadas y migrantes desesperadas recurren a redes de tráfico que les ofrecen estos peligrosos viajes como alternativa.
Acnur advierte que la inestabilidad política, los continuos conflictos, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el impacto del cambio climático pueden aumentar los desplazamientos y su peligrosidad.
La agencia solicita apoyo para ofrecer alternativas: que se refuerce la asistencia humanitaria, el apoyo y las soluciones para las personas que necesitan protección internacional y los supervivientes de graves abusos de los derechos humanos.
Su llamado se dirige a 25 Estados de cuatro regiones diferentes, conectados por las mismas rutas terrestres y marítimas que utilizan los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Se trata de países de origen, de salida, de primer asilo, de tránsito y de destino.
También llamó a los Estados de África y Europa para que mejoren los marcos jurídicos y las capacidades operativas en las fronteras terrestres y marítimas y en los centros urbanos, para que garanticen alternativas creíbles a los viajes peligrosos a través de la inclusión y el refuerzo de los programas para jóvenes.
Los Estados “deben garantizar el acceso a los (trabajadores) humanitarios para ofrecer servicios esenciales a las personas que se desplazan o que están atrapadas en las rutas, interceptadas en el mar o retenidas en centros de detención, y para determinar si tienen necesidades de protección internacional”, sostiene Acnur.
De lo contrario, los solicitantes de asilo, desplazados internos y otras personas seguirán optando por viajes peligrosos en busca de seguridad y protección; y otros colectivos, como las personas migrantes, seguirán adelante en busca de una vida mejor, concluyó la declaración de la agencia de la ONU.
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