MÉXICO – El 10 de enero José Luis Gamboa fue apuñalado en el puerto de Veracruz, en México. El 17 de enero el fotoperiodista Margarito Martínez murió a tiros en Tijuana y el 23 de enero murió asesinada Lourdes Maldonado en Tijuana también. Finalmente, Roberto Toledo, camarógrafo, comunicador y analista de Monitor Michoacán, cayó acribillado e 31 de enero.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), siete periodistas fueron asesinados en México en 2021 y 47 en los últimos cinco años, lo que lo hace el país más mortífero para los periodistas en el mundo.
Lo más grave de los asesinatos es que todos, sin excepción, han quedado impunes, como resumió una investigación de democraciaAbierta. Un ejemplo es el caso de Margarito Martínez; la policía local atribuyó su muerte a una disputa vecinal, versión que la Fiscalía desmintió.
Al ser interrogado acerca de estos últimos asesinatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con su habitual confrontación con la prensa, uno de los rasgos más preocupantes de su presidencia, afirmando que en México no hay impunidad frente al asesinato de periodistas y descalificando las denuncias de la prensa que, según él, son solo una técnica que «mis adversarios están utilizando para atacar a mi gobierno«.
Como consecuencia de los constantes asesinatos de periodistas, pocos se atreven a investigar a fondo las problemáticas sociales en México. El caso de Lourdes Maldonado tuvo un impacto especial en la sociedad mexicana ya que participó en una de las conferencias de prensa de AMLO, las siglas por las que se conoce al mandatario, y le pidió apoyo porque temía por su vida.
Aunque México no es un país oficialmente en guerra, su criminalidad tiene números equivalentes a un conflicto bélico. Cada día cerca de 100 personas mueren, más de 10 mujeres son asesinadas y cada 12 horas un periodista es agredido.
La respuesta a los asesinatos fue poderosa: durante tres días después del asesinato de Lourdes, hubo concentraciones frente a la Secretaría de Gobernación, pidiendo justicia. A la par, hubo otras concentraciones en diferentes estados pidiendo que la libertad de prensa se respete.
Félix Marquez, fotoperiodista veracruzano, en conversación con el diario español El País dijo que las manifestaciones son «un llamado urgente a las instituciones y a la sociedad para que voltee los ojos a estos asesinatos, a esta realidad que se sucede en los Estados de la República, porque suelen ser los periodistas locales los que se enfrentan a sus verdugos: el propio Estado, poderosos empresarios, el narco. Por cualquier cosa te matan últimamente. Y no pasa nada, como si la vida de un periodista no valiera absolutamente nada».
Las relaciones del presidente mexicano con los medios han sido tensas desde que se posesionó y llegaron a niveles impensables en 2021 cuando estrenó en su mañanera oficial un apartado llamado ´¿Quién es quién en las mentiras de la semana?´en el que se dedica a atacar a los medios de comunicación llamándolos corruptos, rastreros e integristas.
La sección de crítica a los medios sale al aire una vez por semana . En ella, AMLO ha dicho que las mentiras de los medios no son solo un problema de México, sino una plaga mundial.
Los asesinatos sistemáticos de periodistas en México y la impunidad con la que se han manejado son devastadores para la viabilidad de la democracia.
Es importante señalar que hubo avisos previos de los asesinatos y la persecución fue denunciada por parte de los mismos periodistas muertos. En abril de 2021 Lourdes Maldonado denunció que su carro fue baleado sin tener respuesta efectiva, ni una investigación sobre el ataque. Dado el alto índice de asesinatos, es escandaloso que en México no existan mecanismos que puedan proteger a los periodistas de forma inmediata.
No cabe duda de que los asesinatos de los cuatro periodistas están inscritos en la falta de seguridad y en la impunidad que existe en todos los estados de México, así como de dejación de la responsabilidad del poder policial y judicial para detener, juzgar y sentenciar a los asesinos.
El gobierno mexicano deberá entender que no se trata de crear soluciones puntuales, sino que hay que manejar este escándalo como un tema de estado; es decir, no se trata de organizar fiscalías especializadas que indaguen los asesinatos, sino de entender las causas por las que los periodistas no pueden ejercer su trabajo libremente en México.
Para eso todas las entidades que aseguran la justicia deben participar en las investigaciones, ayudar a esclarecer cada caso y acabar con la impunidad, que es el principal incentivo para continuar asesinando en México.
Nicaragua, cárcel y exilio
Los Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), movimiento en pro de la lucha por la libertad de prensa, calificaron como «arbitrario» el juicio al periodista deportivo Miguel Mendoza este martes 8 de febrero.
Mendoza ha sido crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega quien lo ha acusado de «realizar actos que menoscaban la independencia de la soberanía y la autodeterminación»:
Mendoza usaba diariamente sus redes para criticar al Gobierno Ortega, por lo que fue capturado en junio de 2021, durante la ola de arrestos de dirigentes y candidatos opositores y críticos del sandinismo en la campaña de las elecciones en las que Ortega fue reelegido.
Mendoza también denunció en 2018 los ataques contra manifestantes antigubernamentales que dejaron 355 muertos de los cuales Ortega ha admitido 200. Junto a otros 177 presos políticos, Mendoza ha hablado de abusos y torturas en prisión.
Su juicio hace parte de una serie de juicios que se iniciaron hace una semana en Nicaragua en los que ya han sido declarados culpables ocho disidentes, entre los que está la exguerrillera sandinista Dora María Tellez, historiadora y figura clave de la revolución sandinista.
Conocida como Comandante 2, fue una de las líderes del asalto al Palacio Nacional en 1978 que puso al descubierto la fragilidad del régimen e hizo que miles de jóvenes se unieran al movimiento sandinista.
La situación de Nicaragua muestra lo que sucede cuando regímenes autoritarios se atrincheran en el poder y buscan callar cualquier voz en su contra. Para el día 9 de febrero Mendoza fue declarado culpable de atacar al régimen y divulgar información falsa.
El Ministerio Público de Nicaragua exigió una condena de nueve años para el periodista, sin embargo, la defensa pide una sentencia mínima. El fallo final se hará público el 16 de febrero.
Pero el de Mendoza no es un caso aislado. Detenido el 20 de junio, Miguel Mora es otro periodista entre rejas. Esta es la segunda vez que pisa la cárcel desde que fue detenido entre diciembre del 2018 y junio del 2019 por haber sido identificado como crítico al régimen de los Ortega.
Además, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en la segunda mitad de 2021 fueron detenidos el comentarista político Jaime Arellano, el directivo de medios de comunicación Juan Lorenzo Holmann y cuatro trabajadores de la Fundación Violeta Barrios: Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez.
Asimismo, se contabilizan hasta 120 periodistas exiliados desde que el 2018 el gobierno de Daniel Ortega reprimiera violentamente manifestaciones de protesta en Managua y otras ciudades del país centroamericano.
Según el Colectivo, “de 2018 a la fecha, la prensa independiente ha sido blanco de agresiones permanentes ejecutadas por la Policía, la fiscalía, el poder judicial y estructuras partidarias del Frente Sandinista (FSLN).
Existe un patrón de detenciones ilegales y arbitrarias en contra de periodistas y personal de medios de comunicación”.
La deriva autocrática de los Ortega-Murillo parece imparable. No es casualidad de que a su toma de posesión el pasado 10 de enero sólo asistieron tres jefes de Estado, Nicolás Maduro Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Juan Orlando Hernández, presidente saliente de Honduras, además de representantes de China y Rusia. El estado de la libertad de prensa en estos países es bien conocido.
Los casos de México y Nicaragua muestran que el acoso a la prensa libre y del periodismo independiente está creciendo insoportablemente.
A pesar de las denuncias continuas de persecución, acoso y asesinato en una atmósfera de impunidad y abuso, no parece que estos dos gobiernos estén por la labor de asegurar, no solo el derecho fundamental a la información, sino incluso el derecho humano a la vida.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
