LA HABANA – El gobierno cubano tiene entre sus múltiples desafíos la aplicación de políticas antiinflacionarias que contribuyan a la reducción de inequidades sociales, más visibles tras el reordenamiento económico iniciado en enero.
“El salario de mi esposo y mío se va casi por completo en alimentos, transporte y pagar las cuentas de la casa. Hace rato no nos compramos ropa, solo pensamos en cómo reunir para vestir y calzar a nuestros dos hijos”, explicó Moraima Valle, una profesora de historia residente en La Habana.
Valle subrayó a IPS que gana el equivalente a 170 dólares mensuales al cambio oficial, pero un par de zapatos supera los 200 dólares, “y las cuentas no dan ni para tomarnos un refresco en la calle”.
La también habanera y jubilada Miguelina Calvo, quien ejerció de telefonista, comentó a IPS que los 72 dólares de su pensión se le esfuman porque “los precios en el agromercado están por las nubes y algunas medicinas debo comprarlas por la ‘izquierda (mercado informal)’, ya que casi nunca hay en la farmacia”.
Con el primer día del año comenzó a operar en este país la llamada Tarea Ordenamiento, un plan integral que incluyó la eliminación del peso convertible equivalente al dólar, la devaluación del peso cubano, el incremento de los precios mayoristas y minoristas, supresión de un conjunto de subsidios, elevación de las tarifas de los servicios, así como el aumento de salarios y pensiones.
Expertos reconocen su importancia para hacer más transparente la contabilidad de las empresas y readecuar las variables de la economía con los estándares internacionales, pero también indican que ocurrió con una demora de casi 10 años dentro del programa de reformas iniciado en 2011 para modernizar el modelo socioeconómico socialista.
El ordenamiento monetario se produjo en medio de un desabastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos esenciales por los efectos de la covid-19, y la imposibilidad de las industrias para aumentar la producción, debido a la crisis económica vigente desde hace tres décadas.
“Hay esfuerzos del gobierno que apuntan a tratar de mejorar la vida de las familias, y medidas positivas como las que contribuyen a ampliar los actores económicos y crear nuevas fuentes de trabajo, pero los efectos positivos en el consumo no se ven”: Reina Fleitas.
Tras un quinquenio con muy bajos ritmos de crecimiento, este país insular caribeño perdió 13 % del producto interno bruto (PIB) desde comienzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre, revelan datos oficiales.
En los últimos dos años los ingresos se redujeron en casi 3000 millones de dólares por la caída de los principales renglones económicos, mientras la prioridad a las acciones sanitarias para contener la pandemia redujo el monto disponible para importar, en un país que solo en alimentos compra casi 80 % de los que consume.
A lo anterior se añade el aumento de las sanciones estadounidenses y el reforzamiento del embargo que desde 1962 entorpece las operaciones financieras e imposibilita el acceso de Cuba a créditos de organismos financieros internacionales.
“La subida descontrolada de los precios generó distorsiones e insatisfacciones, especialmente en quienes ven perder su poder adquisitivo; pero a la vez es una desmotivación al trabajo, ya que los precios se tragan los salarios”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.
De acuerdo con el experto, la elevada inflación “ha afectado a todos los grupos sociales, pero especialmente a personas vulnerables como adultos mayores, a quienes reciben ayuda de la seguridad social, familias numerosas con muchos hijos o madres solteras”.
Hablan los números
El 27 y 28 de octubre, durante la sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano, trascendió que la tasa de inflación sobrepasa 60 % durante los primeros meses del año y tiende al alza.
Cubanas y cubanos viven en su cotidianeidad precios siete a 10 veces por encima de los oficiales, reconoció uno de los informes expuesto ante el órgano legislativo.
El ordenamiento monetario elevó el salario mínimo al equivalente a 87 dólares, y el máximo a casi 400. En el caso de las pensiones, la más baja corresponde a 63 dólares.
La medida pautó una tasa oficial fija de 24 pesos por cada dólar, pero en el mercado informal esa cifra oscila de 68 pesos por un dólar en metálico a 78 pesos por el depositado en el banco para compras con tarjetas magnéticas y que no puede ser extraído.
Informes manejados en el parlamento estiman que el déficit en la oferta se cuantifica en 2500 millones de dólares. Es un factor, aducen, que disparó los precios en el mercado informal e hizo crecer el coste de la canasta básica de bienes y servicios, que ahora representa el doble de los 60 dólares proyectados inicialmente para gastos mensuales.
Además, el reordenamiento no eliminó la dolarización parcial de la economía, tras la apertura desde 2019 de tiendas para la venta de equipos electrodomésticos, alimentos y artículos de primera necesidad, mediante tarjetas respaldadas por cuentas en divisas convertibles.
Varios funcionarios gubernamentales argumentan que el polémico mecanismo permite recaudar divisas y con una parte de ellas, proveer algunos productos a los comercios donde concurre la mayor parte de la población cuyos salarios e ingresos son únicamente en pesos cubanos.
Tal segmentación del mercado expresa desigualdades en los ingresos y el consumo, porque “no acceden todas las familias, ni todas pueden comprar la misma cantidad de productos en relación con sus necesidades”, expuso a IPS la socióloga Reina Fleitas.
De un lado “están quienes viven de sus salarios, estatales o no, y del otro quienes tienen acceso a fuentes de ingresos alternativas por remesas, negocios particulares o forman parte del creciente mercado negro”, razonó Pérez Villanueva.
Analistas apuntan que ante la escasez crónica de productos o la imposibilidad de comprar en las tiendas en divisas, un porcentaje de la población satisface necesidades de consumo en la economía sumergida, alimentada en parte por el robo de recursos de entidades estatales.
Sobre la inflación y sus efectos “somos conscientes de su gravedad, y por eso la prioridad que le concede el gobierno a su solución y a la atención a las personas vulnerables”, afirmó el 28 de octubre ante la Asamblea Nacional el presidente Miguel Díaz-Canel.
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El gobierno modificó ligeramente algunas tarifas como las de electricidad, objeto de críticas debido a su alza, mientras han reiterado que no aplicarán “terapias de choque” y nadie quedará desamparado en una nación con acceso universal y gratuito a la educación y la salud públicas.
Asimismo, se ha mantenido la cartilla de racionamiento que desde 1962, y sin distinción de ingresos, garantiza a los 11,2 millones de habitantes del país una cuota mensual de arroz, azúcar, granos, café, aceite y proteína animal que aunque no cubre todas las necesidades alimentarias, resulta un alivio para hogares de bajos ingresos y grupos vulnerables.
Inversión social y económica más equitativa
Cientistas políticos subrayan que las protestas que estallaron en la isla el 11 de julio obedecieron, entre diferentes factores internos y externos, a los efectos derivados del elevado costo de la vida y la profundización de la crisis económica.
En las semanas siguientes el gobierno elevó la prioridad a programas sociales como el de construcción y reparación de viviendas, obras de infraestructura y atención diferenciada a personas en situación de vulnerabilidad.
“Hay esfuerzos del gobierno que apuntan a tratar de mejorar la vida de las familias, y medidas positivas como las que contribuyen a ampliar los actores económicos y crear nuevas fuentes de trabajo, pero los efectos positivos en el consumo no se ven”, señaló Fleitas.
A su juicio, “hay que lograr que la inversión social y económica sea más equitativa en su distribución para atajar la migración interna” y recordó que en La Habana, por ejemplo, muchos barrios calificados de vulnerables están fundados por personas que provienen de territorios con desventajas, sobre todo de la región oriental.
Para la socióloga, “la misma sinergia entre gobierno y ciencia para combatir la pandemia”, debería lograrse con las ciencias sociales, ya que “sus resultados no se han valorado como los de otras disciplinas… y sus publicaciones están dirigidas no solo a diagnosticar problemas, sino también a formular propuestas para la política”.
Para Pérez Villanueva, “el control de precios requiere de un aumento de las importaciones o de la oferta de bienes nacionales”.
En meses recientes, el gobierno aprobó medidas para dinamizar la actividad empresarial y desde fines de septiembre autorizó las primeras micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes), que ya sobrepasan las 300.
“Pero todavía persisten trabas en las decisiones que pueden tomar los gerentes empresariales, mientras las mipymes deben lidiar con las entidades estatales autorizadas a importar, o adquirir sus insumos en el mercado informal, lo cual impacta en los costos”, resumió el economista.
ED: EG
