A Cuba le urge acelerar construcción de viviendas para atajar brechas sociales

Operarios trabajan en la adaptación de un antiguo inmueble estatal en una nueva vivienda familiar, en un barrio de La Habana. La estrategia habitacional incluye la entrega de subsidios y apoyos para quienes puedan asumir la construcción de sus hogares por su cuenta, a quienes habitan en condiciones precarias en áreas urbanas y a los asentamientos costeros vulnerables a las inundaciones. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

LA HABANA – El gobierno cubano proyecta reducir en una década el elevado déficit habitacional, pero disímiles factores dilatan la edificación y reparación de viviendas que además de proveer hogares dignos, ayuden a atenuar brechas sociales.

Al término de 2020 el fondo habitacional en Cuba era de 3 946 747 viviendas, de las cuales alrededor de 85 % se encontraban en régimen de propiedad individual y el resto estatal, bajo distintas modalidades de arrendamiento o en inmuebles sin legaliza

Con un déficit de casi 863 000 inmuebles, el asunto es identificado como uno de los más críticos para el mejoramiento de la calidad de vida de buena parte de los 11,2 millones de cubanas y cubanos.

Familias con miembros de tres o más generaciones conviven bajo un mismo techo, a veces en condiciones de hacinamiento y en edificaciones muy deterioradas.

La vulnerabilidad de esas personas se acrecienta en este estado insular caribeño expuesto al azote de ciclones tropicales que aumentarán en cantidad e intensidad debido al cambio climático, indican pronósticos científicos.

En octubre de 2012, el huracán Sandy dañó más de 300 000 viviendas de la región oriental de la isla, y cinco años más tarde, el catastrófico Irma que impactó en 12 de las 15 provincias cubanas, afectó unas 160 000 viviendas, con casi 14 700 derrumbes totales.

“Tiemblo cuando hay lluvias intensas o anuncian un huracán. Vivo a orillas de un río y mi casa tiene el techo en malas condiciones. Mi esposo y yo estamos a punto de jubilarnos y con nuestros salarios es imposible asumir el costo de las reparaciones”, dijo a IPS vía telefónica Carmen Fuentes, residente en la ciudad de Holguín, 685 kilómetros al este de La Habana.

Estadísticas oficiales muestran que 37 % del fondo habitacional en Cuba califica de regular o en mal estado técnico constructivo.

Desde 2019 entró en vigor la Política de la Vivienda en Cuba, un plan gubernamental que propone eliminar dicho déficit en una década, mediante la construcción de inmuebles, así como la venta de materiales para rehabilitar, conservar o concluir edificaciones.

La estrategia prevé priorizar a personas damnificadas por ciclones y que han permanecido durante años en albergues o comunidades de tránsito.

También incluye subsidios y apoyos para los que puedan asumir la construcción de sus propios hogares; a quienes habitan en condiciones precarias -barrios insalubres, ciudadelas, pisos de tierra, edificios con peligro de derrumbe inminente- así como en asentamientos costeros vulnerables a las inundaciones.

A ello se suman recientes disposiciones para la legalización de viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas.

Trabajadores de la Unidad Básica de Construcción de Viviendas laboran en la construcción de edificios multifamiliares en una nueva comunidad en el municipio de Playa, en La Habana. Desde 2019 el gobierno cubano impulsa una política con el objetivo de construir o reparar cerca de 900 000 inmuebles en una década y eliminar así el actual déficit habitacional. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Materiales escasos y caros

La política contempla, asimismo, incentivar la producción local de materiales e insumos reciclables, además de lo que aporte el estado y la economía centralmente planificada.

Pero a juicio de Raisa Suárez, “la Política de la Vivienda está divorciada de la disponibilidad de materiales. La última vez que pude acceder legalmente a ellos, en un comercio estatal, fue en enero de 2019, restringido a 10 bolsas de cemento –de 42,5 kilogramos-, por persona”.

Suárez reconoció a IPS que “he tenido que recurrir al mercado negro para comprar materiales, porque nunca hay o se agotan de inmediato”, con el objetivo de rehabilitar su apartamento en el municipio de Cerro, uno de los 15 de la capital cubana.

“El cemento y las cabillas (barras de acero corrugadas), son muy difíciles de conseguir; un tanto menos la arena y el polvo de piedra. Pero en el mercado informal se encuentra de todo a muy altos precios. Se requiere poner orden en la comercialización”, explicó.

Suárez puso como ejemplo que una bolsa de cemento en el mercado informal puede costar hasta el equivalente a 70 dólares, en un país cuyo salario mínimo es igual a 87 dólares y el máximo ronda los 400.

Cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) muestran que el año pasado, Cuba produjo poco más de un millón de toneladas de cemento gris -76,1 % con respecto a 2019-, pero una parte se exporta.

Los datos muestran que casi todas las producciones del sector se contrajeron con respecto al año precedente.

Autoridades atribuyen los déficits al embargo estadounidense que desde 1962 obstaculiza la compra de piezas y equipamiento, además de impedir créditos para modernizar una industria que similar a otras en la isla, se encuentra mayormente descapitalizada y con bajos niveles de eficiencia.

“Es difícil agilizar las construcciones sin materiales. Durante la pandemia debió haberse decretado una moratoria en la construcción de hoteles para adelantar el programa de la vivienda”, argumentó Suárez.


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En 2020, en Cuba se terminaron poco más de 32 000 viviendas –11 700 menos que en 2019-, mientras se encontraban en fase de construcción unas 100 000 y casi 61 000 estaban paralizadas, según la ONEI.

Los datos exponen que a servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, incluida la construcción hotelera, se dedicaron más del equivalente a 171 millones de dólares, lo que representó más del 45,6 % de la inversión en el país, frente a los 11,1 millones de dólares para la construcción habitacional, vale decir, 2,9 % del total.

La luz verde dada a fines de septiembre a las primeras micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes), prioriza aquellas especializadas en manufacturas, incluida la fabricación de materiales de construcción, lo cual podría ofrecer un impulso adicional a los planes de viviendas.

Un hombre muestra el exterior de una vivienda en mal estado en la ciudad de Guantánamo, en el extremo oriental de la isla, tras el paso del huracán Sandy por esa región, en 2012. Las personas negras y mestizas están sobrerrepresentadas en los tipos de viviendas y barrios de mayor precariedad en su estado constructivo, además de ser el grupo social que menos remesas reciben para asumir gastos de reparación, señala un reciente artículo científico. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

Políticas afirmativas para cerrar brechas

Como en otros ámbitos signados por la escasez de materiales, trámites burocráticos y desigual poder adquisitivo, el otorgamiento de viviendas y venta de materiales no está exento de hechos de corrupción, robos y mala calidad en las terminaciones, lo cual suscita reiteradas quejas ciudadanas.

Cuba carece de estadísticas oficiales sobre el Índice de Línea de Pobreza, pero estudios consideran que junto con la insuficiencia de ingresos, el acceso, propiedad y calidad de la vivienda, así como la disponibilidad de servicios básicos y condiciones óptimas del hábitat, son variables a tener en cuenta para analizar fenómenos como la vulnerabilidad y marginación.

Un estudio reciente reconoce que si bien el gobierno cubano ha adoptado políticas públicas en el último decenio para atajar tales brechas, la población afrodescendiente, en especial las mujeres, parten con mayores desventajas socioespaciales para aprovechar esos beneficios.

Las personas negras y mestizas están sobrerrepresentadas en los tipos de viviendas y barrios de mayor precariedad constructiva, además de ser el grupo social que menos remesas reciben para asumir la edificación o reparación de los inmuebles, analiza la investigación «Vulnerabilidades en la vivienda y el hábitat de mujeres negras de Cuba», publicado en agosto.

La pesquisa de cinco investigadoras cubanas fue coordinada por la alemana Fundación Friedrich Ebert Stiftung, junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad de La Habana.

En este país insular 35 % de la población se declaró persona negra o mestiza, durante el más reciente Censo de Población y Vivienda, que data de 2012.

Familias negras cargan con una desventaja histórica en los procesos de acumulación de bienes como las viviendas, lo cual dificulta a sus descendientes heredar una y organizar proyectos de vida independientes, razona el texto.

Entre otras recomendaciones, las autoras proponen políticas afirmativas intencionadas hacia mujeres negras en sectores sociales estratégicos -educación, salud, ciencia-, o aquellas migrantes con condiciones de hábitat de mayor riesgo epidemiológico y menor oportunidad de movilizar recursos propios.

Desde 2019 el gobierno estimula una política que otorga financiamiento para la construcción, rehabilitación, ampliación o remodelación de viviendas a madres, padres o tutores legales con tres o más hijos menores de 17 años.

Hasta el año pasado fueron beneficiadas por ese concepto casi 5800 familias de las más de 28 600 identificadas, mientras para 2021 se proyecta concluir o asignar 5658 inmuebles para este destino, según información oficial.

El acceso a una vivienda ha sido identificado, además, como un factor que incide en la baja natalidad y fecundidad que arrastra Cuba desde hace décadas.

ED: EG

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