LIMA – “En esta pandemia la violencia sexual contra las niñas ha crecido porque se han quedado confinadas con sus agresores, ¿si el hogar no es lugar seguro para ellas, cuál entonces, la calle?”, exclama con indignación Mía Calderón, una joven activista por los derechos sexuales y reproductivos en la capital de Perú.
Con 19 años y estudios universitarios de comunicación audiovisual, ahora paralizados por por las restricciones de la pandemia de covid, esta activista pertenece al colectivo de jóvenes Vayamos de San Juan de Lurigancho, el distrito (municipio) de Lima, donde ella reside.
Ubicado al noreste de la capital tiene zonas de valle y de altura que sobrepasan los 2200 metros sobre el nivel del mar, donde el agua es un bien escaso y se provee con camiones cisternas. Se creó hace 54 años y su población de 1 117 629 habitantes, según cifras oficiales está conformada en mayor parte por familias migrantes del interior del país.
De los 9,7 millones de personas que viven en los 43 distritos de Lima, San Juan de Lurigancho es de lejos el de mayor población.
Calderón, en una entrevista con IPS durante una caminata por las calles de su distrito, contó que ayudó a una de sus amigas durante el aislamiento social obligatorio decretado en este país andino entre marzo y julio del 2020, al que han seguido otras restricciones a la movilidad cuando los contagios de la covid-19 han sufrido nuevos brotes.
Desde entonces, las aulas permanecen cerradas y la educación prosigue de forma virtual desde los hogares, donde las niñas permanecen la mayoría del tiempo.
“Ella se quedó confinada con sus dos hermanas, su madre y su padrastro. Pero se fue antes de que el padrastro la violase porque el acoso de él era insoportable; ahora tiene mucho miedo de lo que pueda pasar con sus hermanitas porque el agresor sigue en el hogar”, acota.
No todas las niñas y adolescentes en situación de riesgo ante la violencia sexual han podido contar con redes de apoyo.
Datos que desnudan la violencia
Las estadísticas oficiales dan cuenta de una realidad terrible: desde el inicio de 2020 y agosto de este año se han producido 1763 partos de niñas de hasta completar los 14 años, según el estatal Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) del Ministerio de Salud.
Se consideran todos estos embarazos y partos productos de una violación al estar protegida la indemnidad sexual de las niñas hasta 14 años por la legislación peruana, que establece que la figura del consentimiento sexual no se aplica a ellas.
Si las cifras del CNV se amplían hasta 2018, el número se incrementa a 4483, lo que significaría que en promedio, en Perú, cada día cinco niñas de hasta 14 años se encuentran en esa situación.
Esa es también la conclusión a la que llegó el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que culminó en septiembre un estudio nacional sobre la situación del embarazo infantil forzado en Perú, publicado el martes 19 de octubre.
Cladem considera embarazo infantil forzado toda gestación de una menor de 14 años producto de una violación sexual, a quien no se le garantizó al acceso al aborto terapéutico, que en el caso de Perú es la única forma de interrupción legal de embarazo.
“Estas cifras son inaceptables, pero sabemos que pueden ser aún peor debido al subregistro existente”, sostiene a IPS por teléfono Lizbeth Guillén, quien fue hasta agosto la coordinadora en Perú de esta red latinoamericana, quien también tiene su sede regional en Lima.
La activista estuvo al frente del desarrollo del proyecto “Vigilancia e incidencia para la prevención, atención y sanción del embarazo infantil forzado” que contó con el financiamiento del Fondo Fiduciario para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas entre el 2018 y agosto del 2021.
Un agravante para las niñas y adolescentes en situación de riesgo fue que durante los meses de confinamiento quedaron suspendidos los servicios públicos de atención de la violencia contra las mujeres y solo se habilitaron números telefónicos gratuitos lo que no facilitó que las víctimas pudiesen tramitar sus denuncias.
“Lo vivido nos demuestra una vez más que los hogares son los espacios de mayor riesgo para la seguridad de las niñas”, afirmó Guillén.
El estudio del Cladem también revela que prácticamente se ha triplicado el número de partos de niñas menores de 10 años, al pasar de nueve casos en el 2019, a 24 en el 2020. Y la situación se mantiene preocupante, pues hasta agosto del 2021 ya se habían registrado siete.
La experiencia en un distrito
“La violencia sexual a las niñas ha sido indescriptible en este tiempo, peor que la covid-19, los hombres se han estado aprovechando de las hijas, se creen con autoridad sobre las mujercitas”, afirmó Julia Vargas, una vecina de Villa El Salvador,
Ese municipio, que surgió como una experiencia autogestionaria hace cinco décadas al sur de la capital, cuenta con la promoción de la salud como parte de los servicios públicos a la comunidad.
A sus 61 años, con cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres ya adultos y en plena realización, Vargas se siente orgullosa de cumplir el rol de promotora de salud, para el que ha recibido capacitaciones del Ministerio de Salud y también de organizaciones no gubernamentales como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
“No se puede entender tanta violencia a las niñas”, expresó a IPS indignada en un encuentro en su distrito, “y lo peor es que muchas veces las mamás se hacen de la vista gorda, dicen si se va (su pareja) quién me va a mantener”.
Diversos estudios indican que la dependencia económica de las mujeres es un factor que impide a las mujeres el ejercicio de autonomía y refuerza relaciones desiguales de poder que sustentan la violencia por razón de género.
Vargas continuó: “Ha habido un caso de un papá que embarazó a las tres hijitas y las ha hecho abortar clandestinamente, ¿y cree que la justicia hace algo? Nada, dice que hay consentimiento, ¡cómo va a consentir una niña!”
“No se puede maltratar la infancia y la niñez de esa forma, ellas tienen derechos”, remarca.
El agresor cercano
Esa situación también la conoce Calderón. “La pandemia nos ha refregado que la violencia sexual viene principalmente de alguien cercano al hogar y que muchas veces no se cree a las niñas: tú has provocado a tu tío, a tu padrastro les dicen sus familiares en vez de enfocarse en el agresor”, afirmó.
Su colectivo Vayamos hace activismo en favor de los proyectos de vida de las niñas y que se les garantice el derecho de disfrutar cada etapa de su vida. Debido a la pandemia el colectivo tuvo que restringir sus actividades presenciales pero como contrapeso incrementó la publicación de contenidos en las redes sociales.
“Ninguna niña o adolescente debe vivir con miedo a la violencia sexual ni rodeada de ningún riesgo de ese tipo”, remarcó.
Sin embargo los datos parecen alejar esa aspiración. Los resultados de la investigación del Cladem indican que entre el 2018 y 2020 ocurrieron en el país 12 677 denuncias por violencia sexual contra niñas menores de 14 años, causa de muchos embarazos forzados.
Pero las estadísticas oficiales no diferencian el embarazo infantil del adolescente.
La Encuesta Nacional de Salud 2019 ya reportaba que de la población femenina entre 15 y 19 años de edad, 12,6 % había gestado alguna vez o ya eran madres. Sin embargo el porcentaje en áreas rurales era superior al nacional y se situaba en 22,7 %.
La activista juvenil Mía Calderón, la promotora de salud Julia Vargas y la integrante del Cladem Lizbeth Guillén, coinciden en la propuesta de despenalizar el aborto por violación y en la entrega oportuna de los kits de emergencia por parte de los servicios públicos de salud para prevenir los embarazos y maternidades forzadas.
Estos kits contienen la anticoncepción oral de emergencia, pruebas de VIH, hepatitis, entre otros elementos para la protección de la salud integral de las víctimas.
“Existen avances normativos como este protocolo de actuación conjunta entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud para que una niña víctima de violencia acceda al kit de emergencia, pero en la práctica no se cumple por las concepciones personales de algunos operadores y privan de este derecho a las víctimas”, explicó Guillén.
Subrayó que para superar la débil respuesta del Estado frente a problema tan grave, es necesario además implementar adecuadamente las normas existentes, garantizar el acceso al aborto terapéutico a las niñas y adecuar las estrategias de prevención pues muchas veces el peligro está directamente en los hogares.
ED: EG
