BOGOTÁ – A cinco años de su histórica firma, el Acuerdo de Paz de Colombia arrastra los pies. Reforma rural, lucha contra el narcotráfico o garantías para los excombatientes, estos son algunos de los puntos clave que están demasiado lejos de haberse cumplido.
Excombatientes de las FARC-EP e instituciones internacionales se han unido para denunciar el flagrante incumplimiento del Acuerdo por parte del ejecutivo de Iván Duque, pero él lo achaca a lo que considera la fragilidad de la paz que se firmó, sin ofrecer nada más que excusas e inoperancia muestra de una clara falta de voluntad política para la implementación.
¿Será esta negligencia la que abra un nuevo ciclo de violencia en Colombia?
La respuesta es incierta, puesto que los grupos interesados en esa dinámica perversa siguen fuertes en el país.
Después de casi dos años de convivir con la pandemia de covid, en Colombia la insatisfacción social es creciente, como se vio en las protestas masivas de comienzos de este año, que lograron tumbar una reforma tributaria y que exigían que el gobierno respondiera por la crisis económica, de salud y cultural del país, y que acabaron desgastándose fruto de la represión brutal y sangrienta del gobierno y de la falta de avances reales en la negociación.
Las cifras no mienten
Tras un 2017 prometedor, la violencia volvió a aumentar considerablemente a partir de 2018.
Desde 2006, según cifras del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han sido asesinados 1,241 líderes sociales y 286 excombatientes de las FARC. Frente a esta realidad, Naciones Unidas hizo un llamado urgente al presidente Iván Duque en 2021 para que implementara el Acuerdo y les asegurara, tanto a los excombatientes como a los líderes sociales, una seguridad que hasta el momento no existe.
En su paso por la 76 Asamblea General de Naciones Unidas, Duque, quien en campaña prometía derrumbar el Acuerdo, afirmó que es un Acuerdo frágil, aunque con progresos significativos en algunas áreas, como la reincorporación de quienes están volviendo a la legalidad. Sin embargo, gran parte de los líderes son asesinados por temas relacionados con cultivos ilícitos, sustitución de cultivos, tenencia de la tierra, defensa del medio ambiente y de sus campos; todos temas incluídos en el Acuerdo.
Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras entre 2016 y 2018, dijo: “El presidente Iván Duque habla con cinismo frente al mundo sobre el ‘débil’ Acuerdo de Paz: con más de 1,000 líderes asesinados, con el estancamiento del tema de tierras, hundiendo los jueces agrarios, con las objeciones a la JEP… El débil es un presidente incapaz de manejar el país”.
El partido Comunes, conformado por excombatientes reinsertados desde el Acuerdo de Paz, afirmó que hay una flagrante violación del gobierno Duque del Acuerdo, en particular en los puntos de las garantías de seguridad, y que la afirmación del presidente es una afrenta a los avances reales de la implementación del Acuerdo, que tiene una cifras desalentadoras.
De avances poco, casi nada
Según el quinto informe del Instituto Kroc, instituto para estudios internacionales de paz que hace parte de la Escuela Keough de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, la implementación del acuerdo avanzó solo dos puntos porcentuales entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, pasando del 26% al 28%. Cifra baja, si se tiene en cuenta que el pacto se firmó hace cinco años.
Por otro lado, según el último informe de seguimiento de la implementación del Acuerdo presentado en enero de 2021 por senadores y representantes independientes y de la oposición, aparte del incremento en asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y de los temas de reparación a las víctimas y dotación de tierras, el gobierno tardará decenas de años en indemnizar a todas las víctimas.
Para enero de 2021, solo se había indemnizado al 15% de la población que fue víctima del conflicto.
Para enero de 2021, solo se había indemnizado a 15 % de la población que fue víctima del conflicto. Por otro lado, solo se ha asignado 0,08 % de las tres millones de hectáreas que se tienen previstas en el Fondo de Tierras, el mecanismo que se creó para implementar la Reforma Rural Integral.
Algunos puntos que se consideran avances, son la desmovilización total de la guerrilla, junto con la entrega total de las armas; la creación del partido político de las FARC, llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que fue renombrado como Comunes; y la creación de instituciones a partir del Acuerdo como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz.
En su discurso en Naciones Unidas, Duque también resaltó los avances del Acuerdo hecho por su gobierno. Afirmó que, “Gracias, también, a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y la atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los tres años de nuestro gobierno, se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación”.
Lo anterior, sin embargo, es cuestionable. El mismo Instituto Kroc, en su informe, asegura que frente al punto 2 del Acuerdo, que hace referencia a la participación política, hay retrasos serios: «persiste el estancamiento en los compromisos que permitirían avanzar hacia reformas para la ampliación y profundización de la democracia, en parte por falta de consenso políticos”.
Para Camilo Gonzalez Posso, director de Indepaz, la situación del Acuerdo es crítica y el gobierno, en vez de avanzar con lo pactado, ha avivado lo que Posso llamó: «dinámicas de guerra, discursos de odio y desconocimiento de la legitimidad de los acuerdos”.
Daniel Cano, coordinador político del Instituto Kroc, afirmó que el informe también muestra que los avances para crear infraestructura que mejore las condiciones de vida de la población rural, así como la creación de proyectos que permitan diversificar y comercializar rubros agrícolas diferentes a los cultivos ilícitos, son insuficientes.
El reporte enfatiza, además que, en lo que se refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), solo 5,3 % de las familias vinculadas al programa cuentan con un proyecto productivo que les permita no subsistir de los cultivos ilícitos. Asimismo, sólo en 66 de los 177 municipios más afectados por la violencia en Colombia se reportaron más hectáreas erradicadas que sembradas.
Además, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó que la producción de droga aumentó de forma sostenida y que, entre 2018 y 2021, alcanzó cifras entre las 1200 y 2000 toneladas en Colombia.
Y lo más preocupante: según el Registro Único de Víctimas de Colombia, entre 2016 y 2021, se han contabilizado 864,815 nuevas víctimas del conflicto. Solo la dimensión de esta cifra es escalofriante y haría dimitir a cualquier gobierno decente y democrático.
En 2016 Colombia firmó un Acuerdo de Paz, primero el 26 de septiembre y después una versión reformada el 24 de noviembre tras recibir la versión original un rechazo popular en un referéndum, pero cinco años después la falta de voluntad política para su implementación es gravísima.
Colombia es hoy un país otra vez prácticamente en situación de guerra, donde mueren los que defienden a las comunidades y sus derechos, donde los desmovilizados no tienen suficientes oportunidades, donde proliferan las masacres y los grupos armados irregulares, que actúan impunemente, donde el narcotráfico sigue operando apoyado por grandes intereses económicos, y donde las víctimas no reciben nada.
¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno reaccione?
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
