RÍO DE JANEIRO – Brasil no sepultó su dictadura militar de 1964-1985 como lo hicieron algunos países vecinos. Eso permitió la elección como presidente del antiguo capitán de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuyos asomos autoritarios amenazan y a la vez reactivan a las fuerzas democráticas del país.
El desfile de tanques que promovió Bolsonaro el 10 de agosto en Brasilia, para presionar el legislativo Congreso Nacional que deliberaba sobre dos temas de especial interés para su mandato, evidenció más aún las tendencias golpistas, la fuerza y las debilidades del presidente y los generales que componen el núcleo central del gobierno.
Un probable desenlace ocurrirá en octubre de 2022, cuando se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas que podrán sepultar el poder militar que Bolsonaro logró resucitar, tras el colapso del proceso de redemocratización del país, con los partidos abatidos por escándalos de corrupción.
Su brutal discurso de rescate de la dictadura y los méritos militares le aseguró el liderazgo en las Fuerzas Armadas y en consecuencia unir las corrientes de extrema derecha, mayoritarias entre los grandes agricultores, los evangélicos y los empresarios.
De un lado, Bolsonaro, un excapitán del Ejército, cuenta como factor decisivo un efectivo respaldo castrense, pero de amplitud y devoción desconocidas. Es improbable que sean suficientes para adherir a una aventura golpista, ante la evidente debilidad política y administrativa del líder.
La mortífera gestión de la pandemia de covid-19, la incierta conducción de la economía y las falsedades que orientan gran parte del gobierno tumbaron la popularidad y la credibilidad de Bolsonaro, hoy limitadas a un cuarto del electorado, según las encuestas.
Además el gobernante enfrenta tres investigaciones judiciales sobre posibles delitos contra la democracia, el sistema electoral y la independencia de la Policía Federal. Denuncias de corrupción también lo acechan a él y dos de sus hijos, un diputado y un senador.
La Cámara de Diputados rechazó, el mismo día de la exhibición militar, la propuesta gubernamental de restablecer el voto impreso en las elecciones brasileñas que, desde 1996, se hacen mediante urnas electrónicas, que pusieron fin a las denuncias de fraude que eran habituales cuando los votos eran en papel.
Sin votos “impresos y auditables”, no habrá elecciones en octubre de 2022, amenazó varias veces Bolsonaro, con el apoyo del ministro de la Defensa, el general Walter Braga Netto.
Dentro de 14 meses Brasil elegirá al presidente, los 27 gobernadores de estados, los diputados y un tercio de los senadores. Bolsonaro puede intentar la reelección, pero las encuestas apuntan su probable derrota ante cualquiera de los precandidatos. Se teme que recurra entonces a sus tropas armadas para imponerse.
Para su mayor humillación, el mismo día 10 de agosto el Senado aprobó la revocación de la Ley de Seguridad Nacional que los militares habían impuesto al país en 1983, casi al final de su dictadura.
En su lugar los senadores aprobaron alteraciones en el Código Penal que definen delitos contra la democracia y contra las elecciones, con sus respectivas penas. Suenan a normas dirigidas directamente contra Bolsonaro.
La tensión se intensifica por el avance de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de la pandemia, que decidió proponer al Ministerio Público (fiscalía general) el enjuiciamiento del presidente por charlatanismo y curanderismo, por recomendar a la población el uso de medicamentos ineficaces contra la covid-19, cuyos efectos colaterales pueden matar.
Entre los fármacos que integran el “tratamiento precoz” pregonado por los bolsonaristas están la cloroquina, un medicamento para malaria, la desparasitante ivermectina, antibióticos, anticoagulantes y vitaminas.
En decenas de apariciones públicas, grabadas en videos, Bolsonaro indicó los medicamentos del llamado “kit covid” como la solución para enfrentar el coronavirus. El consumo de esa panacea se difundió en Brasil por prescripción de muchos médicos, alcaldes, empresas de seguro médico e incluso el Ministerio de Salud.
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El relator de la CPI, el senador Renan Calheiros, anticipó que su informe deberá proponer el enjuiciamiento de Bolsonaro también por publicidad engañosa e propagación de la epidemia, ya que fue el principal fomentador de las falsas medicaciones por la gran repercusión de sus palabras.
El cerco a Bolsonaro se despliega así en varias frentes. A la CPI, investigaciones de la Policía Federal y los procesos en el Supremo Tribunal Federal, única corte que puede juzgar el presidente, se suman las protestas que desde mayo han ocupado cuatro veces ya las calles de todas las grandes ciudades brasileñas.
El creciente aislamiento de Bolsonaro, sin embargo, no alcanza para abrir el proceso de inhabilitación parlamentaria pretendida por la oposición ni frenar la destrucción de las conquistas ambientales, educativs, sociales y científicas logradas en las últimas décadas.
Su sobrevivencia y remanente capacidad de impulsar algunas medidas se debe a la alianza firmada con el “Gran Centro”, una amplia coalición de legisladores derechistas que encaran la política como un negocio. Siempre apoyan el gobierno, si este les asegura una parte del presupuesto para inversiones de su interés.
El empresariado también se mantiene importante para mantener a flote un gobierno que ya decepcionó gran parte de los dueños del capital por los vaivenes en las políticas económica y externa, además de las tensiones políticas, que alejan los inversionistas.
¿Militares brasileños ante el espejo de argentinos y chilenos?
Pero el pilar central, el cimiento de todo el andamiaje son las Fuerzas Armadas.
Desde el inicio, en enero de 2019, Bolsonaro compuso un gobierno militarizado con generales retirados en el núcleo central y otros oficiales en cargos importantes. Los militares, dos aún en activo, llegaron a a sumar 10 de los 22 ministros, y ahora encabezan ocho de las 23 carteras, con la restauración de la de Empleo y Previsión Social.
La identidad militar hizo de Bolsonaro un “mito”, como lo glorifican sus adeptos, en un momento que el imaginario popular reconoció en los militares “patriotas e incorruptibles” la mejor alternativa al deterioro de los políticos, poco importa su pasado dictatorial.
Las Fuerzas Armadas siempre se mantuvieron como una de las instituciones más confiables para los brasileños, según las encuestas.
Ellas dejaron el poder en 1985, tras una rendición negociada en medio a la crisis económica y las protestas masivas por “elecciones directas ya”. Pero se salieron mejor que la oleada de dictaduras militares que oprimieron América Latina en las décadas de 1960 a 1980.
Por suerte o falta de oportunidad los militares brasileños no se metieron en aventuras humillantes como la Guerra de las Malvinas que desmoralizaron a sus pares en Argentina, ya envilecidos por los robos de bebes de opositores torturados y muertos.
Tampoco hubo en Brasil un general pillado en amplia corrupción como pasó con el general chileno Augusto Pinochet, que gobernó el país entre 1973 y 1990, tras un cruento golpe de Estado.
Además de 17 meses detenido en Londres, entre 1998 y 2000, al ser acusado de genocidio, terrorismo y torturas por el juez español Baltasar Garzón, Pinochet fue denunciado como corrupto por el Senado estadounidense, que reveló en 2004 que él tenía ocho millones de dólares en una cuenta secreta en Estados Unidos.
Las Fuerzas Armadas brasileñas escaparon de infamias similares, pero retornar al poder bajo liderazgo de Bolsonaro los devuelve al borde de la mugre. Equivale a lo que fue la Guerra de las Malvinas para los militares argentinos, según Octavio Guedes, comentarista político de Globo News, un canal brasileño de televisión por suscripción.
El desfile de los tanques en Brasilia, a cargo de la Marina, cayó en el ridículo, en lugar de intimidar los diputados que sepultaron el deseo bolsonarista de retroceder al voto en papel.
Fue motivo de burla en 93 por ciento de los 2,3 millones de mensajes publicados en las redes sociales en las horas siguientes, estimó la empresa de sondeos Quaest.
La cantidad de humo que arrojaron en la gran avenida cerca de las sedes de los tres poderes de la República generó bromas entre burlonas y humillantes. “Chatarras”, más bien vehículos de combate al dengue con el humo mata-mosquitos, fue alguna de ellas.
ED: EG
