Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos permanecen tan deterioradas como las dejó el expresidente Donald Trump y las declaraciones públicas sugieren que el nuevo deshielo será menos audaz de lo deseado por los defensores de que se abra una etapa de mejores vínculos.
Al traspasarse los primeros 100 días en la Casa Blanca del presidente Joe Biden, que inauguró su mandato el 20 de enero, se evaporaron las expectativas de quienes pronosticaron para antes de esa fecha simbólica al menos el anuncio de la vuelta al diálogo entre Washington y La Habana.
El gobierno de Trump frenó la mayoría de los acuerdos del breve proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales (2015-2017) promovido por el demócrata Barack Obama, aprobó más de dos centenares de medidas que golpearon la maltrecha economía cubana y retomó la política de la confrontación bilateral.
El que fuera vicepresidente de Obama (2009-2017) prometió como candidato presidencial que desmontaría “las políticas fallidas de Trump que han causado daño en los cubanos y sus familias (y que) no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”.
Pero hasta ahora “Biden ha sido totalmente indistinguible de Trump en la política y los mensajes hacia Cuba”, valoró en un tuit el 23 de abril Ben Rhodes, exconsejero adjunto de Seguridad Nacional de Obama y quien lideró las negociaciones secretas que propiciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015.
El actual gobierno demócrata ha enfatizado que las relaciones con Cuba, sometidas a revisión, no constituyen una prioridad para la política exterior de Estados Unidos.
El 11 de enero, ya con un pie fuera de la Casa Blanca, Trump clavó su última puntilla contra Cuba al incluirla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, factor que apuntala la persistencia de sanciones y paraliza el acercamiento.
Además de concentrarse en sus acuciantes prioridades nacionales, las causas de la “inacción” de la administración Biden respondería a la correlación de fuerzas en el Congreso legislativo, donde en el Senado hay un empate entre demócratas y republicanos y la Cámara de Representantes cuenta con débil mayoría demócrata.
Eso dificulta el avance de cualquier ley, más sobre este país insular caribeño que se mantiene como un espinoso tema legislativo hace décadas.
“El presidente no puede alienar a ninguno de los senadores, incluido Robert ‘Bob’ Menéndez (demócrata), que ha hecho de las sanciones contra Cuba un acto de fe”, explicó el politólogo Arturo López-Levy, profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names, en el estadounidense estado de California.
Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, “es el senador líder de la reforma migratoria, una de las principales promesas y prioridades de la agenda legislativa demócrata”, dijo a IPS vía electrónica el experto en relaciones entre ambos países, desde la ciudad de Berkeley.
López-Levy aludió asimismo a “la desolación que dejó en el cabildeo antibloqueo el desplome del grupo Engage Cuba que no logró articular, ni al final de la administración Obama ni en los cuatro años de Trump, una maquinaria política hábil para contrarrestar a los partidarios del aislamiento y las sanciones”.
Surgida en junio de 2015, Engage Cuba se define como la principal coalición de compañías y organizaciones estadounidenses enfocadas en cabildear en el Congreso para eliminar las restricciones de viajes y el embargo contra La Habana, que Washington mantiene desde 1962.
En marzo, durante una audiencia ante ese Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado, Antony Blinken, se comprometió a consultar cualquier cambio de política hacia la isla con la comunidad cubanoamericana, que cuenta con tres senadores y siete congresistas alineados con la política de línea dura hacia La Habana.
Estudios ilustran la heterogeneidad de posturas políticas de los 1,3 millones de cubanoestadounidenses, con segmentos que respaldan desde relaciones comerciales y diplomáticas plenas; la flexibilización solo de medidas relacionadas con viajes directos, remesas y venta de alimentos y medicinas, hasta otro grupo partidario de las sanciones y el congelamiento diplomático.
Funcionarios de la actual administración enfatizan que el enfoque de la política hacia Cuba priorizará “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, tema donde ambos países no encuentran consenso, como no lo encontraron durante el deshielo en los dos últimos años de la administración Obama.
El informe de 2020 del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, publicado el 30 de marzo, señaló al gobierno cubano de restringir las libertades de expresión, asociación, religión o creencias y movimiento.
El 5 de abril, el cubano Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al Encargado de Negocios estadounidense en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, para trasladarle el rechazo por el documento que consideró “arbitrario”, “unilateral”.
También lo acusó de “alegaciones e imputaciones que faltan a la verdad” y han servido “durante años como pretextos para la promoción de acciones hostiles y la imposición de medidas económicas coercitivas”.
La Habana califica al bloqueo, la denominación interna del embargo estadounidense, como el mayor violador de los derechos humanos de la población cubana. Ello, porque dificulta la compra de alimentos y medicinas y acumula pérdidas para la economía local de más de144 400 millones de dólares, según datos oficiales.
El gobierno de Cuba ha reiterado su disposición a discutir sobre estos temas en condiciones de igualdad, así como establecer una relación civilizada y mutuamente beneficiosa con Washington, pero sin injerencias ni vulneraciones al principio de soberanía.
Durante décadas, sectores políticos estadounidenses obviaron mejorar las relaciones mientras hubiera un Castro en el poder, no sucedieran modificaciones en el sistema político unipartidista o se liberalizara la economía, condiciones inaceptables para las autoridades de la isla y contrarias a la Constitución.
Del 16 al 19 de abril, durante el VIII Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), único legal en este país de 11,2 millones de habitantes, Raúl Castro, de 89 años, entregó formalmente el cargo de primer secretario de la organización, después de haber dejado la presidencia tres años antes.
Con la salida de los dirigentes que encabezaron la revolución de 1959 se concretó el traspaso de poder a políticos más jóvenes, encabezados por el presidente Miguel Díaz-Canel, de 61 años, y que ahora también pasó a liderar el PCC.
Aunque el cónclave avaló el modelo económico de desarrollo socialista, también se pronunció por fortalecer los sectores cooperativo y privado como complementos de la economía centralmente planificada.[related_articles]
Para el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, las reformas económicas en Cuba iniciadas en 2011 deben avanzar a mayor ritmo y demostrar resultados concretos, independientemente de la administración de turno en Washington.
“Las señales de crecimiento económico y la eliminación de barreras al sector no estatal, incluyendo la aprobación de las pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas, entre otras medidas, permitirán a Estados Unidos y otros países mirarnos con otros ojos”, argumentó Pérez Villanueva en diálogo con IPS.
A su juicio, la diáspora cubana podría convertirse en un factor de presión en Estados Unidos para mejorar las relaciones si se concretaran reclamos de larga data como la rebaja de los costos de los pasaportes, extender su vencimiento a 10 años sin necesidad de prórroga y conservar la residencia sin importar el tiempo de estancia en el exterior, hoy limitado a 24 meses.
Podrían sumarse “mecanismos bancarios para atraer remesas, mediante pagos de interés atractivos o la posibilidad de capitalizarlas; también la posibilidad de que las y los cubanos en el exterior inviertan en bienes raíces en la isla, especialmente en viviendas nuevas o aprobarles inversiones como capital 100 por ciento extranjero”, reflexionó Pérez Villanueva.
En opinión de López-Levy, el grupo de legisladores de origen cubano “no es un cabildeo fuerte en comparación con la mayoría de los Comités de Acción Política en Estados Unidos. Su principal fuerza está en la desarticulación de sus oponentes”.
Ante indicios de crecimiento económico sostenido en Cuba, “y un interés por negocios en la isla del lobby agricultor, o de las industrias de turismo y viajes en Estados Unidos, el grupo cubanoamericano no tiene ni talento político, ni espina dorsal, ni dinero para resistir presiones bipartidistas” a favor del acercamiento, valoró el politólogo.
ED: EG
