La inseguridad alimentaria despegó con fuerza en Brasil y ya afecta a más de la mitad de la población, 59,4 o 55,2 por ciento según dos estudios. La pandemia acentuó la tendencia iniciada en 2014 y agravada por el actual gobierno de extrema derecha.
Son más de 125 millones de personas sufriendo hambre o algún riesgo de desnutrición, constató la encuesta hecha en noviembre-diciembre por el grupo “Alimento para Justicia” de la alemana Universidad Libre de Berlín, en asociación con las brasileñas Universidad de Brasilia y Universidad Federal de Minas Gerais.
Brasil tenía entonces 212 millones de habitantes. En inseguridad alimentaria grave, con privaciones, estaban 31,8 millones de brasileños o 15 por ciento del total. En un grado moderado, en que ocurre restricción de cantidad y diversidad de alimentos, vivían casi 27 millones u 12,7 por ciento de la población nacional.
Una cantidad un poco mayor, 31,7 por ciento, estaban en situación menos grave, pero aproximándose a la posibilidad de carecer der dinero para alimentarse adecuadamente.
El total en los tres grados de inseguridad alimentaria, 59,4 por ciento, más que dobla el 22,6 por ciento de 2013, el mejor resultado en las encuestas hechas desde 2004 con intervalos irregulares de tres a cinco años.
Datos ligeramente inferiores recogió la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Red Penssan), en diciembre: 55,2 por ciento de los brasileños bajo algún grado de inseguridad, de los cuales nueve por ciento, o 19 millones de personas, en situación de hambre.
Ese cuadro seguramente se agravó, ya que la covid-19 volvió a propagarse con una intensidad sin precedentes en Brasil. El total de muertos en los tres primeros meses y medio de este año ya suma 166 935 y pronto alcanzará los 194 949 de todo el año pasado, ya que el promedio diario actual supera las 3000 muertes.
Además terminó en diciembre la ayuda de emergencia que el gobierno aportó a 66 millones de brasileños pobres o desempleados desde abril de 2020, por la suma mensual de 600 reales (110 dólares) en los tres primeros meses, luego reducida a la mitad.
Pese al agravamiento de la crisis sanitaria, el gobierno tardó en reanudar ese auxilio. Solo a fines de marzo aprobó una transferencia limitada a 250 reales (45 dólares) mensuales como promedio y durante solo cuatro meses. Además redujo los beneficiarios a 44 millones. Quedó excluido un tercio de los asistidos en 2020.
“En diciembre acabaron también las grandes donaciones de las empresas e instituciones” para la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, señaló Rodrigo Afonso, director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía, una red de comités de solidaridad contra el hambre distribuidos en todo el país.
En 2020 esa organización sin fines de lucro obtuvo el equivalente a nueve millones de dólares en donaciones, principalmente de grandes empresas, y pudo llevar alimentos a cuatro millones de personas. Pero a fines del año pasado perdí la ilusión por el peso de la pandemia y cayó la ayuda, lamentó a IPS por teléfono desde Río de Janeiro, donde tiene sede su asociación.
La penuria de recursos se generalizó entre las numerosas organizaciones solidarias que complementaron la acción del Estado y ayudaron a evitar una tragedia social aún peor en 2020.
Menos mal que el choque con la realidad de las consecuencias del agravamiento de la pandemia en Brasil, llevó a las empresas a reanudar sus donaciones. “Desde mediados de marzo ya recaudamos 17 millones de reales (tres millones de dólares) y la meta para este año es duplicar la suma y la cantidad de personas atendidas en 2020”, anunció Afonso.
Hay un cierto agotamiento de las empresas y otros donantes, pero “la vacunación ofrece un horizonte, alguna esperanza de mejora del cuadro”, favorece un esfuerzo de movilización final, sostuvo.
En todo caso, el desafío se ahondó para la sociedad, llamada a ampliar su papel ante el “vacío de gobierno” en la protección social y sanitaria, concluyó.
“El auxilio de emergencia de este año es mejor que nada, pero no alcanza para alimentar una familia”, criticó Adriana Galvão, asesora técnica de AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología en el estado de Paraíba, en la región del Nordeste de Brasil.
La organización no gubernamental, conocida por las siglas de su nombre original, Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, es una de las pioneras en promover la agroecología en Brasil, a partir de sus acciones junto a agricultores familiares.
Su presencia en el Nordeste es clave porque se trata de la región que concentra más de mitad de la agricultura familiar brasileña y es la más pobre.
La inseguridad alimentaria allí afecta a 73,1 por ciento de su población, según el estudio del grupo Alimento para Justicia. En comparación, la región en mejor situación, el Sur, registró 51,6 por ciento.
En los territorios semiáridos del Nordeste “se vive un momento de grave tensión, a la espera de lluvias para sembrar”, única forma de aliviar la crisis, ya que los agricultores familiares no son contemplados por el auxilio gubernamental y sufren el derrumbe de políticas públicas que aseguraban sus avances en este siglo, resumió Galvão.
“Empezó a llover, pero los campesinos que leen la naturaleza no esperan lluvias generosas este año”, observó la activista, graduada en biología y coordinadora de acciones de empoderamiento de las mujeres en la región de Borborema, en el centro-este de Paraíba.
La Garantía-Cosecha, un seguro para pérdidas de por lo menos mitad de la siembra, es clave para la agricultura familiar, ante la irregularidad de las lluvias, destacó.
Pero desde su llegada al poder en enero de 2019, el actual gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro está desactivando gradualmente ese y otros programas que mejoraron la producción y la vida campesina.
La interrupción del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), debido al cierre de las escuelas por la pandemia, amplía doblemente la inseguridad alimentaria, al dejar los niños sin la merienda diaria y al anular ventas determinantes para la agricultura familiar, explicó Galvão a IPS por teléfono desde Campina Grande, en Paraíba.
La legislación en la mayor parte del país obliga las escuelas o municipios a comprar a la pequeña agricultura local por lo menos 30 por ciento de la merienda escolar, lo que la abarata y la diversifica con productos frescos.
Con las escuelas cerradas, algunas alcaldías mantuvieron esas compras y distribuyen los alimentos en canastas a las familias de los alumnos pobres, pero son casos excepcionales.
La agricultura familiar, responsable de 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país, “no dejó de producir durante la pandemia, pero sufrió una retracción del consumo” que amenaza la seguridad alimentaria de todos, apuntó José Francisco de Almeida, secretario de Política Agrícola de la Federación de los Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares del Estado de Ceará.
La paralización del comercio y el transporte en Ceará, sorpresivo, dejó los agricultores sin acceso al mercado y cerró las ferias callejeras. “Perdimos tomates, animales listos para abate. Con las pérdidas, se redujo nuestra capacidad de invertir”, diagnosticó Almeida a IPS.
Además el gobierno de Bolsonaro dificulta el crédito a la agricultura familiar y va suprimiendo programas que fomentaron el sector en las últimas décadas, con medidas que agravan la crisis ya representada por 14 millones de desempleados y gran aumento de mendigos en las ciudades, punta del hambre que se disemina, acotó.
Además de la Garantía-Cosecha y el PNAE, el gobierno socava programas como el de Adquisición de Alimentos (PAA), que abastece instituciones asistenciales con productos de la agricultura familiar, el de cisternas de acopio de agua de lluvia para consumo y producción, y el de fomento de la productividad de “más alimentos”.
Esa política contra la pequeña agricultura agrava la crisis, al herir a un sector que, en Ceará, representa 48 por ciento del producto agrícola, genera más empleo que la agricultura industrial con menos tierra y produce la mayor parte de los alimentos, 70 por ciento de la leche, por ejemplo, arguyó Almeida por teléfono desde Redenção, en el interior de Ceará, donde cultiva 80 hectáreas de tierra.
ED: EG
