Más de 40 esrilanquesas, trabajadoras que ingresaron bajo el régimen migratorio “kafala”, llevan meses detenidas arbitrariamente en Arabia Saudita, esperando ser repatriadas a su país de origen, denunció este viernes 16 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Estas mujeres “dejaron atrás su casa y su familia para ganar el sustento en Arabia Saudita, solo para encontrarse encerradas en un sistema de patrocinio abusivo que facilita la explotación y los abusos”, deploró Lynn Maalouf, directora adjunta de AI para Medio Oriente y Norte de África.
“Es cruel e inhumano detener a trabajadoras migrantes por periodos prolongados de hasta 18 meses cuando no han hecho nada y son a su vez víctimas”, subrayó Maalouf en la declaración divulgada por AI desde su sede en esta capital.
El kafala (patrocinio en árabe) es un sistema de auspicio de la mano de obra inmigrante que requiere que los trabajadores no calificados, como los domésticos y de construcción, tengan un patrocinador o auspiciante local, generalmente su empleador, quien es responsable de su visa y estado legal.
Bajo ese sistema, el empleador puede restringir los movimientos y cualquier comunicación del trabajador, que evite que denuncie prácticas abusivas como exceso de trabajo, pago inferior al legal, abusos de otro tipo e incluso extorsión. También da el permiso para que un migrante a su cargo pueda abandonar el país.
Se ha practicado ampliamente durante años sobre millones de trabajadores en países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.
Muchos empleadores retienen los pasaportes y abusan de sus trabajadores –recortando pagas y otros beneficios pactados en sus contrataciones iniciales- con pocos riesgos de consecuencias legales y a menudo con apoyo de entes estatales.
El sistema ha sido objeto de críticas por entidades humanitarias y llamados a la corrección por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el caso saudita denunciado por AI, las mujeres llevan recluidas en el Centro de Detención y Deportación (Tarheel) de Riad entre ocho y 18 meses. Al menos tres tienen hijos o hijas de corta edad que están detenidos junto con ellas, y una necesita atención médica y un tratamiento urgente que no está recibiendo.
Con base en entrevistas a 11 personas familiarizadas con los casos, AI estableció que al menos cinco de las mujeres fueron detenidas porque huyeron de una entidad empleadora abusiva y no habían obtenido de ésta un permiso de salida del país.
Una de las detenidas dijo que había dejado su empleo como trabajadora doméstica en octubre de 2020 después de meses de irregularidades salariales desde que empezó a trabajar, a mediados de 2018, por lo que había cobrado mucho menos de lo debido por el trabajo que había hecho.
Su empleador le dio algo de dinero para un boleto de avión y la dejó en la calle, cerca del aeropuerto, para que se las arreglase para volver a Sri Lanka, país insular en el océano Índico. Agentes del aeropuerto la entregaron a la policía, y ésta la detuvo por intentar comprar un billete de avión sin un permiso de salida.
Otra mujer intentó cambiar de empleo debido al impago de salarios y a un horario de trabajo extremadamente largo. Cuando llamó a la policía para pedir ayuda, ésta la recogió, la puso bajo custodia, y la llevó al centro de detención.
Una detenida había huido porque su patrón o patrona le pegaban con frecuencia. Cuando pidió ayuda en la comisaría de policía local, fue enviada al centro de detención, donde lleva ya ocho meses recluida. Es madre de tres niñas y su familia en Sri Lanka depende de sus ingresos para subsistir.
“Su pesadilla ilustra claramente la necesidad urgente de que Arabia Saudí amplíe las protecciones y reformas de la legislación laboral a su sistema de kafala para los trabajadores y trabajadoras domésticas migrantes”, dijo Maalouf.
Las autoridades sauditas “deben poner en libertad inmediata a todas las mujeres detenidas exclusivamente por su condición migratoria y trabajar con las autoridades esrilanquesas para facilitar su retorno”, insistió la responsable.
Junto con las 41 esrilanquesas identificadas por AI, otros centenares de trabajadores de distintas nacionalidades permanecen detenidos en el centro Tarheel, sin autorización para cambiar de empleo o regresar a sus países de origen.
Varios países de la región, como Bahréin y Qatar, han modificado sus legislaciones en los últimos dos años para flexibilizar el régimen de kafala y facilitar el cambio de empleo por parte de los trabajadores o el retorno a su país.
Arabia Saudita también flexibilizó esas normas el pasado marzo, pero excluyó a quienes no estén amparados por un conjunto de disposiciones de su legislación laboral, lo que en la práctica priva del beneficio a trabajadores domésticos (30 por ciento de la mano de obra inmigrante) y de la agricultura, señaló AI.
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