Los gobiernos de los estados de Texas y de Missouri presentaron una demanda en contra de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que restablezca el programa migratorio denominado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocido como “Quédate en México”, que impulsó Donald Trump.
Con la demanda, presentada por el procurador de Texas, Ken Paxton, y por el procurador de Missouri, Eric Schmitt el 13 de abril, se pretenden que de nuevo se implemente el programa que restringe la permanencia de extranjeros en Estados Unidos durante los procedimientos de asilo.
Ambos gobiernos reclaman que la suspensión del “exitoso” programa ha provocado un alto flujo de migrantes que tratan de entrar por la frontera sur para solicitar asilo humanitario. Así se desprende del documento de la demanda presentada por Texas y Missouri.
El presidente Biden terminó el programa MPP el pasado 20 de enero, al asumir su mandato, y abrió la frontera. Con ello permitió el retorno a Estados Unidos de miles de migrantes que esperaban su proceso de asilo en territorio mexicano.
De acuerdo con datos oficiales, más de 70 000 migrantes fueron trasladados desde Estados Unidos a la frontera norte de México bajo el MPP desde el 29 de enero de 2019.
Las primeras personas retornaron por Tijuana, Baja California. Posteriormente también los solicitantes de asilo fueron enviados a las ciudades de Mexicali y Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo, Piedras Negras y Nogales.
En febrero de este año, el gobierno de Biden permitió el retorno paulatino de migrantes con casos activos de asilo detenidos en territorio mexicano.
Hasta el 13 de abril sumaban 6976 las personas reingresadas a Estados Unidos bajo este esquema, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), encargada de su retorno.
Por Ciudad Juárez suman 2347 los cruces de migrantes con casos activos, el resto ha pasado por Tijuana, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
En el documento oficial, tanto Texas y como Missouri declaran que la terminación del programa no solo ha afectado al área fronteriza.
Ambos estados aseguran que también han presentado costos adicionales. Argumentan que invirtieron fondos en operativos contra el crimen organizado y grupos que se dedican al tráfico de personas, además de servicios sociales de educación, salud y vivienda.
En un comunicado de prensa, la oficina del procurador Paxton declaró que la demanda contra la administración presidencial tiene también como propósito atender la crisis criminal y humanitaria en la frontera.
“El presidente Biden puede remediar inmediatamente el flujo de crimen que se está derramando a través de la frontera al reinstalar el Protocolo de Protección a Migrantes”, dijo el procurador estatal Paxton.
“Los peligrosos criminales están tomando ventaja de la brecha en las fuerzas policiales y esta resultando en tráfico de personas, contrabando, un sin fin de crímenes violentos y una carga masiva y sin precedentes en programas estatales y federales por los que pagan los contribuyentes”, expuso.
El procurador del estado de Missouri, Eric Schmitt, declaró a su vez que las relajadas políticas de Biden han abierto las puertas al tráfico de personas teniendo un efecto de largo plazo en el estado.
“Mi oficina ha trabajado sin descanso con las partes interesadas, agencias de orden público y grupos activistas para terminar con a trata de personas y educar a la ciudadanía de Missouri, pero mientras avanzamos dos pasos en luchar en contra del tráfico de personas, las políticas del presidente Biden nos llevan un paso atrás”.
Los demandantes argumentan que el programa que inició en enero del 2019, se ha demostrado “enormemente efectivo” en disminuir los intentos de cruzar la frontera de forma ilegal y de presentar solicitudes de asilo sin méritos en la frontera.
“De esta forma (el MPP) permitirá al gobierno enfocar mejor sus recursos en individuos que legítimamente califican para la ayuda o protección”, expone el procurador de Texas.
Datos de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) exhiben que la llegada de migrantes a la frontera suroeste disminuyó hasta cinco meses después de la implementación de MPP – que comenzó a operar el 29 de enero del 2019 – con una baja de 35 por ciento entre mayo y junio de ese mismo año.
Las detenciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza continuaron bajando hasta mayo del 2020 y gradualmente mostraron un incremento en enero del 2021, que presentó un aumento drástico de 60 por ciento. La tendencia de crecimiento ha continuado hasta marzo de este año, revelan las cifras oficiales.
La tasa de arrestos por CBP por los delitos de tráfico de armas, drogas y entradas ilegales también subió del año fiscal 2020 al 2021, se informó.
Sobre la demanda, el gobierno de Biden no ha hecho público ningún comentario. En la rueda de prensa del mismo día 13 en la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Jen Psaki, solo habló del viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a los países del triángulo norte de Centroamérica, para atender las causas de migración desde raíz.
“En lo que nos estamos enfocando es trabajar directamente con estos países para determinar como podemos disuadir a migrantes de que hagan el viaje” dijo Psaki.
La secretaria agregó que no hay próximas visitas de la administración planeadas a la frontera, pero el presidente Biden tiene un enfoque en atender el asunto con soluciones como abrir facilidades adicionales y mover a menores fuera de las facilidades de la Patrulla Fronteriza a albergues.
Este artículo se publicó originalmente en La Verdad de Juárez y Pie de Página, integrantes de la mexicana alianza de medios de la red de Periodistas de A Pie.
