La represión que cobró 18 vidas en una sola jornada en Myanmar fue condenada por el secretario general y la alta comisionada de la las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), mientras la principal líder civil, Aung San Suu Kyi, comparecía ante tribunales este lunes 1 para ser acusada de cuatro delitos.
“Condenamos enérgicamente la escalada de violencia contra las protestas en Myanmar y pedimos al Ejército que detenga de inmediato el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos”, indicó una declaración de la Acnudh, que dirige la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet.
Manifestaciones multitudinarias en las ciudades de Yangón, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku el domingo 28 fueron atacadas con municiones, granadas aturdidoras y explosivas, con el resultado de 18 muertos y al menos 30 heridos.
Los manifestantes de la antigua Birmania protestan contra el golpe de Estado del 1 de febrero, cuando los militares arrestaron a Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991 y líder de la fuerza política mayoritaria, al presidente Win Myint y a otras autoridades, al mismo tiempo que desconocieron los resultados de las elecciones legislativas del 8 de noviembre.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó la violenta represión en Myanmar y está “profundamente preocupado por el aumento de muertos y heridos graves, pues el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos y las detenciones arbitrarias son inaceptables”, aseguró su portavoz.
Guterres instó a la comunidad internacional a “unirse y enviar una señal clara a los militares de que deben respetar la voluntad del pueblo de Myanmar expresada en las elecciones y poner fin a la represión”.
Este lunes 1, mientras grupos de manifestantes se aprestaban a desafiar de nuevos en las calles a las fuerzas de seguridad, Suu Kyi, cuyo lugar de detención exacto no se conoce, apareció a través de una videoconferencia durante una audiencia, en la que fue acusada de dos nuevos cargos.
Un tribunal de Naypyitaw, la capital, la acusó de violar las leyes de comunicación, tras la acusación inicial de importar ilegalmente seis radios walkie-talkie, y agregó el cargo de incitar a la agitación pública, que sigue a la imputación de violar la ley sobre desastres naturales al incumplir normas que limitan las reuniones públicas.
Su abogado, Maung Zae, indicó que se informó de los cargos pero no se le permitió acceder al área donde se reunía el tribunal, y en cambio se anunció que habrá una nueva audiencia contra la dirigente de 75 años el próximo 15 de marzo.
Entretanto, en Yangón, la ciudad más poblada y antigua capital de Myanmar , de nuevo se registraban manifestaciones contra el golpe de Estado y la represión, rechazadas por la policía con gases lacrimógenos.
Hubo núcleos de protestas en lugares donde algunos manifestantes fueron abatidos en la jornada anterior y frente a los hospitales donde entregaban los cuerpos de los fallecidos a sus familiares.
Más de 1000 personas, según la Acnudh, fueron detenidas arbitrariamente en febrero, algunas de las cuales siguen en paradero desconocido y sin ningún tipo de proceso, por lo que esa oficina reclamó “la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los miembros del gobierno democráticamente elegido”.
Organizaciones de derechos humanos han multiplicado sus condenas y entre ellas Amnistía Internacional (AI) consideró “terrible y sumamente alarmante que la policía y el ejército hayan utilizado medios letales para responder a manifestaciones totalmente pacíficas”, en una declaración.
“Ante este rápido deterioro de la situación, las fuerzas de seguridad de Myanmar deben dejar de inmediato de hacer uso innecesario de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y poner en libertad a todas las personas detenidas”, dijo Emerlynne Gil, directora regional de investigación de AI.
La Acnudh insistió en que “el pueblo de Myanmar tiene derecho a reunirse pacíficamente y exigir el restablecimiento de la democracia. Estos derechos fundamentales deben ser respetados por los militares y la policía, no enfrentados a una represión violenta y sangrienta”.
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