El premio Nobel Joseph Stiglitz, Juan Somavia, Jeffrey Sachs, José Antonio Ocampo y más de 100 expertos en desarrollo de alto nivel emitieron un comunicado en el que protestan contra las demandas de compañías aseguradoras a Argentina y Bolivia por haber revertido la fracasada privatización de pensiones, en sesiones a puerta cerrada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Si Argentina y Bolivia pierden las disputas, significa que sus ciudadanos y jubilados empobrecidos tendrán que compensar a grandes corporaciones financieras. Lea su carta:
“Los abajo firmantes —economistas, expertos en seguridad social y desarrollo— condenamos y nos oponemos firmemente a los casos:
Compañías privadas de seguros están demandando a Argentina y Bolivia por una pérdida potencial de ganancias como resultado de la reversión de la privatización de los programas de pensiones.
Las compañías financieras comenzaron a administrar las pensiones de los argentinos en 1993 y de los bolivianos en 1996. Argentina y Bolivia se encuentran entre los solo 30 países (de los 192 del mundo) que experimentaron con la privatización de sus sistemas de pensiones.
Hoy, la mayoría de estos países están revirtiendo la privatización de las pensiones. Así, el gobierno de Argentina regresó a un sistema público de pensiones en 2008 y Bolivia en 2009.
La política de pensiones no se establece para asegurar beneficios para las compañías de seguros privadas. Los sistemas de pensiones existen para proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, para garantizar que las personas mayores se jubilen con pensiones adecuadas.
Es el deber de los gobiernos de Argentina y Bolivia velar por el bienestar de sus ciudadanos. En 2008-2009, esto implicó la restitución de un sistema público de pensiones. No actuaron solos; otros gobiernos también revirtieron la privatización de las pensiones debido a las deficiencias/fallos demostrados en los sistemas de pensiones privados:
- Las tasas de cobertura disminuyeron o se estancaron en los sistemas privados de pensiones.[1]
- Los beneficios de las pensiones se deterioraron, lo que hizo que las pensiones privadas fueran muy poco populares. [2]
- La pobreza en la vejez se agravó debido a las bajas pensiones.
- Aumentó la desigualdad de género y de ingresos.[3]
- Los sistemas privados fueron costosos: los altos costos de transición de la privatización crearon grandes presiones fiscales.[4]
- Las administradoras privadas de pensiones incurrieron en altos costos administrativos y extrajeron ganancias excesivas a través de tarifas administrativas extraordinarias.[5]
- Los riesgos financieros y demográficos se transfirieron a los individuos; los pensionistas sufrieron la pérdida de beneficios cuando ocurrieron estos riesgos, como pasó durante la crisis financiera mundial.
- El diálogo social se deterioró gravemente.
Los gobiernos de Argentina y Bolivia tomaron decisiones legítimas en el interés de sus ciudadanos que deben ser respetadas, como parte de la soberanía de un país. Es inaceptable que el arbitraje de tratados de inversión permita a las corporaciones iniciar disputas contra los gobiernos —y en última instancia contra las personas— para seguir beneficiándose.
También nos oponemos a la falta de transparencia del proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Si bien las corporaciones argumentan que se necesitan protecciones procesales, estos casos afectan la vida de millones de argentinos y bolivianos, deben ser abiertos y transparentes.
Si Argentina y Bolivia pierden las disputas, significa que sus ciudadanos —personas comunes que han tenido que sufrir bajas pensiones por la privatización— ahora tendrán que pagar millones de dólares a poderosas corporaciones financieras.
Estos casos legales deberían servir como una advertencia para la mayoría de los países del mundo que no han privatizado las pensiones obligatorias pero que pueden tener presiones para hacerlo: Además de sufrir pensiones más bajas, más pobreza en la vejez y altos costos fiscales, es posible que sean demandados por las administradoras privadas de pensiones.
Esperamos que otros países sean disuadidos de privatizar las pensiones públicas por este ataque de las corporaciones financieras al derecho de los gobiernos a establecer políticas para promover el bienestar de sus ciudadanos, un ataque realizado en busca de ganancias y a expensas de ciudadanos y jubilados empobrecidos.”
Esta carta ha sido firmada por más de 100 economistas y expertos en seguridad social/desarrollo de alto nivel. Vea la lista completa de signatarios en este enlace.
NDR:
[1] En Argentina, las tasas de cobertura para los hombres cayeron del 46% (en 1993, antes de la reforma) al 35% (en 2002) y para las mujeres a solo el 31%; en Bolivia, se estancaron.
[2] En Bolivia, luego de la privatización, la tasa de reemplazo cayó al 20% del salario promedio durante la vida laboral, muy por debajo de las normas internacionales de la OIT.
[3] En Bolivia, la proporción de mujeres adultas mayores que reciben una pensión contributiva cayó de 23,7 % en 1995 a 12,8 % en 2007 como resultado de la privatización.
[4] En Argentina, las estimaciones iniciales situaban el costo en 0,2% del PIB; posteriormente, el Banco Mundial aumentó la estimación de costos a 3,6 % del PIB, 18 veces la estimación original; en Bolivia, los costos reales de transición de la reforma fueron 2,5 veces mayores que las proyecciones iniciales.
[5] En Argentina, los costos de administración aumentaron de 6,6 % de las contribuciones en 1990 antes de la privatización a 50,8 % en 2002; en Bolivia, de 8,6 % en 1992 a 18,1 % en 2002 después de la privatización.
RV: EG
