Grupos de derechos humanos demandaron a los militares golpistas de Myanmar que liberen a los periodistas encarcelados arbitrariamente y les permitan trabajar sin ser acosados ni perseguidos.
Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) dijeron a IPS que redoblarán esas demandas hasta que todos los periodistas en la nación del sudeste asiático sean liberados y se restablezcan las licencias que permiten operar a los medios de comunicación.
“Con la revocación de las licencias de los medios de comunicación y el allanamiento de las redacciones, así como la detención arbitraria y el procesamiento de los trabajadores que cubren la actual crisis de derechos humanos en el país, el ejército de Myanmar trata desesperadamente de ocultar al mundo los atroces crímenes que está cometiendo contra su propio pueblo todos los días”, dijo a IPS la directora regional adjunta de Amnistía Internacional, Emerlynne Gil.
Los llamados de Amnistía y el CPJ se produjeron después de que la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ravina Shamdasani, dijera que los informes de tortura bajo custodia, profundamente angustiosos, se suman a la crisis humanitaria que se está produciendo en el país, desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero.
Desde entonces, los manifestantes han salido a las calles de Myanmar pese a la cada vez más dura represión de las fuerzas militares y de seguridad.
Los periodistas que cubren las protestas contra la Junta golpista corren un riesgo especial de ser detenidos, después de que los militares modificaran la sección 505 a) del código penal del país para incluir delitos como la difusión de noticias falsas a sabiendas.
Esta modificación da a los militares un mayor margen de maniobra para detener a los periodistas, bajo ese argumento.
“El número de muertos se ha disparado en los últimos días en Myanmar, donde las fuerzas de seguridad han hecho un uso cada vez más agresivo de la fuerza letal contra los manifestantes pacíficos, y siguen deteniendo y arrestando arbitrariamente a personas en todo el país”, dijo Shamdasani el 13 de marzo.
La portavoz de Acnudh dijo que cientos de personas detenidas ilegalmente están en paradero desconocido, lo que equivale a que están siendo víctimas de desapariciones forzadas.
Un representante del grupo de derechos de la prensa del CPJ ratificó a IPS que los profesionales de comunicación de Myanmar ejercen su labor con creciente miedo.
El CPJ teme que “la represión se vuelva más selectiva contra los medios de comunicación y que la junta tenga la intención de establecer un nuevo régimen de censura, similar a las duras medidas impuestas a los medios de comunicación por los anteriores gobiernos militares”, dijo a IPS el representante del CPJ en el sudeste de Asia, Shawn Crispin.
Es especialista añadió que “al menos cinco organizaciones de noticias independientes ya han visto revocadas sus licencias de funcionamiento por razones arbitrarias y vagas. Otros grupos temen ser los siguientes”.
Las denuncias de censura a la prensa por las autoridades de Myanmar no son nuevas.
En 2018, la Acnudh evaluó la libertad de prensa y los procesamientos de periodistas mediante cinco casos individuales.
El informe resultante, titulado “La invisible frontera de las persecuciones contra el periodismo en Myanmar”, citaba las desgarradoras experiencias de los periodistas perseguidos y afirmaba que las detenciones y persecuciones ilegales creaban una frontera invisible para los trabajadores de los medios de información, cruzaban sin darse cuenta en cualquier momento.
Acnudh concluyó entonces que la libertad de expresión y la libertad de prensa estaban siendo atacadas de múltiples formas, pese a que entonces la antigua Birmania vivía en un tibio proceso democrático, aunque bajo la tutela militar.
A principios de este mes, el Consejo de Seguridad de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su profunda preocupación por los acontecimientos en Myanmar.
Según la ONU, al menos 37 periodistas han sido detenidos en Myanmar desde el 1 de febrero, y 19 siguen detenidos ilegalmente.
El Consejo de Seguridad condenó entonces enérgicamente la violencia contra los manifestantes pacíficos, incluso contra las mujeres, los jóvenes y los niños.
En una declaración especial, expresó también “su profunda preocupación por las restricciones impuestas al personal médico, a la sociedad civil, a los miembros de los sindicatos, a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación, y pide la inmediata puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente”.
Ahora, Amnistía Internacional reitera que la libertad de prensa en Myanmar es más importante que nunca.
“Es aún más urgente garantizar el acceso a la información en Myanmar en medio de la escalada de la represión violenta contra manifestantes pacíficos y de las graves restricciones a Internet, y deben cesar inmediatamente todos los intentos de obstaculizar el derecho a buscar, recibir y difundir información”, dijo Gil a IPS.
De hecho son ya seis periodistas los que han sido acusados en virtud del modificado artículo 505(a) del código penal de Myanmar.
“También pedimos al régimen que se abstenga de imponer nuevas leyes o medidas que restrinjan la libertad de los medios de comunicación”, dijo Crispin, del CPJ.
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 12 de marzo incluyó nueve recomendaciones específicas a la Junta militar de Myanmar, destinadas a proteger a los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Entre otras medidas, el Consejo demanda que las autoridades despenalicen la difamación y modifiquen la ley de medios de comunicación del país para garantizar que el Consejo de Prensa de Myanmar pueda mediar en los conflictos con los medios de comunicación y los periodistas.
El Consejo también requiere la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas detenidos, que se ponga fin a todos los casos actuales contra periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que se garantice el acceso a la restitución de los periodistas detenidos y perseguidos.
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