En Venezuela se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, el deterioro en el acceso a los servicios básicos, el salario está por debajo de un dólar al mes y muchos de sus habitantes se ven forzados a migrar, declaró este jueves 11 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega”, dijo Bachelet.
La funcionaria presentó ante el Consejo de Derechos Humanos dela ONU en esta ciudad suiza una breve actualización oral del informe que elaboró en septiembre de 2020, y en el que daba cuenta de que en menos de un año perecieron 2000 personas en operaciones efectuadas por los cuerpos de seguridad.
El miércoles 10, la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, reportó al menos 200 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de 2021.
El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó la misión y el reporte de Valiñas, pues “pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”.
Bachelet recordó anuncios de Caracas sobre reformas policiales, y sobre esa base pidió que se realicen “investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”.
Sobre otro aspecto de su informe, dijo que desde septiembre “el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia”, lo que “ha generado protestas sociales y agravado la situación humanitaria”.
“Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de un dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado 1800 por ciento en el último año”, por lo que “alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”.
El salario mínimo en Venezuela, equivalente a medio dólar mensual a finales de febrero, se fijó en un dólar –más un bono de alimentos por otro dólar- a partir de este marzo, mientras estudios de economistas independientes sostienen que el ingreso promedio mensual de un trabajador está entre 20 y 30 dólares.
También para Bachelet “la muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes”.
Del país han migrado en los últimos seis años al menos cinco millones de venezolanos, un país que ahora debe contar unos 28 millones de habitantes, según agencias de las Naciones Unidas.
Bachelet saludó “las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención”, pues “un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos”.
Sin embargo, le preocupan “informes sobre muertes en detención por tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”, un activista indígena opositor que murió mientras aguardaba juicio.
La también ex presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) reiteró su llamado “a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente”, y acogió “el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial”, pues representantes suyos interactúan con autoridades en Caracas.
Sostuvo que en el actual contexto “la asistencia humanitaria es aún más esencial”, por lo que “me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos”.
“Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico”, abundó Bachelet, pues desde septiembre “mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios”.
También de “líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”.
“Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”, relató.
Para Bachelet “esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario”, y concluyó reiterando su apoyo a “un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales” en el país sudamericano.
El representante de Venezuela ante los organismos de la ONU en Ginebra, Héctor Constant, dijo que su gobierno dará “respuesta detallada en su debida oportunidad” al reporte de Bachelet, el cual, adelantó, “carece del balance necesario y se basa en informaciones no verificadas”.
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