Las autoridades de Ecuador deben rendir cuentas por la mayor masacre carcelaria en la historia de ese país, con 79 muertos hasta este jueves 25, coincidieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y oenegés humanitarias en la región.
La CIDH “recuerda el deber jurídico ineludible que tienen los Estados para adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas privadas de libertad”, indicó el organismo interamericano en un mensaje difundido en sus redes sociales en Washington.
Al lamentar los hechos de violencia en cuatro cárceles, la CIDH “urge a Ecuador a investigar de oficio y con debida diligencia los hechos, y adoptar medidas para evitar la repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia y prevenir el accionar de organizaciones criminales intramuros”.
El martes 23 se iniciaron motines en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (provincia de Guayas, suroeste), replicados rápidamente en otra cárcel de la provincia y en las de Turi (Cuenca, sur) y Latacunga (Cotopaxi, centro), atribuidos por el gobierno a una acción concertada de bandas criminales.
Los motines, presuntos enfrentamientos entre bandas e intentos de fuga, motivaron la intervención de fuerzas policiales, con saldo de 79 muertos y decenas de heridos.
En las operaciones actuaron 800 agentes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Todavía en la mañana de este jueves la policía informó de conatos de motines e incautación de armas de fuego y municiones en cárceles de Guayas y Cotopaxi. A un área de máxima seguridad trataron de ingresar algunos presos intentando liquidar a dos líderes del grupo delictivo “Los Choneros”, según se indicó.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) declaró que “las autoridades ecuatorianas no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas, lo cual solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de la libertad” en ese país.
Érika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, dijo desde Ciudad de México que “las autoridades deben rendir cuentas de lo ocurrido en los centros penitenciarios”, y las causas y actores de los hechos “deben determinarse judicialmente”.
La Fiscalía General del Estado “debe investigar los hechos de manera independiente y exhaustiva, con la debida diligencia, a fin de determinar las responsabilidades penales individuales, si las hubiere, y civiles, según corresponda”, añadió Guevara.
Según AI, la violencia registrada en las cárceles esta semana “se produce en un contexto de ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios, incluyendo el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria”.
En las cárceles ecuatorianas, con capacidad para 25 000 detenidos, hay unas 40 000 personas privadas de libertad.
En Ecuador, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, de 33 grupos, en un comunicado señaló al Estado como responsable de las muertes y de “las condiciones de vida precarias que fomentan la violencia intracarcelaria”.
Según la Alianza, solo en el año 2020 se reportaron 24 hechos violentos en el interior de cárceles del país, recurrentemente catalogados como disputas entre bandas.
“Atribuir la violencia intracarcelaria exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas de esta crisis, entre las que debemos destacar el punitivismo de Estado”, agregó la declaración.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, apuntó a la responsabilidad gubernamental y demandó “acciones concretas e inmediatas” ante la violencia carcelaria.
“La falta del diseño, implementación, y peor aún, evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana, son el resultado de lo que actualmente sucede en los centros de privación de libertad, con lo que el Estado incumple con su rol de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia”, dijo Carrión.
El presidente Lenín Moreno dispuso que las Fuerzas Armadas patrullen los perímetros de las cárceles y que el Ministerio de Finanzas destine recursos para mejorar la seguridad en el interior de las prisiones, se informó oficialmente.
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