Autoridades del área social de América Latina y el Caribe revalidaron este jueves 14 la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, adoptada en 2019, como mecanismo para enfrentar la emergencia desatada por la covid-19 y avanzar hacia una recuperación centrada en la igualdad.
La agenda contiene 56 líneas de acción ordenadas en cuatro ejes: sistemas de protección social universales e integrales, políticas de inclusión social y laboral, institucionalidad social fortalecida, y la cooperación y la integración regional.
En la actual coyuntura, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso concentrarse en cinco propuestas, comenzando por extender el ingreso básico de emergencia, para los sectores más vulnerables de la población, y que sea equivalente al de la línea de pobreza extrema, unos 67 dólares al mes.
Asimismo, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir anualmente uno por ciento del PIB en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas, y repensar los sistemas de protección social.
La agenda de 2019 ya recomendaba considerar transversalmente los enfoques de derechos, de género, étnico y racial, de ciclo de vida, territorial y de discapacidad, para fortalecer los sistemas de protección social universales.
También se preveía atención especial a los requerimientos de protección social de los trabajadores informales, los del mundo rural, los migrantes y las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, planteó que, frente a la covid, la recuperación “dependerá de la capacidad de adquirir y administrar vacunas, de un manejo fiscal de calidad, de acceso al financiamiento y de establecer elementos de gobernanza efectiva”.
La pandemia encontró a la región con condiciones preexistentes adversas, como alta desigualdad, contratos sociales fragmentados, baja productividad y crecimiento, poca confianza en las instituciones públicas y debilidad fiscal.
En ese contexto, la covid en la región pasó rápidamente de ser una crisis de salud a una económica y, en algunos casos, incluso a una crisis de gobernabilidad. La Cepal recordó que la pandemia provocó la mayor recesión económica en 100 años, de -7,7 por ciento del PIB, con incremento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo que “necesitamos construir consensos para políticas universales, redistributivas y solidarias. Ningún avance será posible sin pactos fiscales y sociales que posibiliten la cohesión y fortalezcan la democracia, con participación y real sentido de pertenencia de todos y todas”.
A lo largo de 2020, los países de la región tomaron entre todos 263 medidas de protección social de emergencia para enfrentar la pandemia, permitiendo mitigar parcialmente el impacto social de la crisis.
Las transferencias monetarias, por ejemplo, cubrieron alrededor de la mitad de la población regional, con un costo equivalente a dos veces el gasto anual en programas de transferencias condicionadas y pensiones sociales,
Bárcena enfatizó que “para conectar la emergencia con la recuperación es necesario poner el acento en la vacunación de toda la población, en políticas fiscales y monetarias expansivas, en la creación de empleos orientados a la sostenibilidad ambiental, y en la ampliación de la integración y cooperación regional”.
En el encuentro, enmarcado en el duodécimo Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, participaron 35 delegaciones de Estados miembros y asociados de la Cepal, representadas por 18 ministros y ministras, dos viceministros y 15 otras altas autoridades de las áreas de desarrollo social.
Entre los ministros, el secretario de Bienestar de México, Javier May Rodríguez, insistió en la necesidad de consolidar un plan de trabajo para este año “con un enfoque centrado en la dimensión humana y que fomente la cooperación Sur-Sur”.
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