Aunque su comunidad no se ha inundado, el indígena Estanislao Arias teme que las lluvias incrementen el caudal del cercano río Nacajuca y este se desborde en su comunidad del estado de Tabasco, en el sureste de México.
“Es una zona que apenas se libró del nivel del agua. Pero si sube más todo el pueblo se va a inundar. Y así están otras comunidades. Sigue lloviendo, el nivel del agua ha bajado muy poco. Es un poco crítico”, relató a IPS este artesano y agricultor chontal, de 53 años, padre de cinco hijos y residente en la localidad de Guaytalpa, dentro del municipio de Nacajuca, a unos 770 kilómetros de Ciudad de México.
Las lluvias intensas, agudizadas por la crisis climática, han sumido desde octubre a Tabasco y el norte del vecino estado de Chiapas en el agua, especialmente por el desfogue de la presa Peñitas, propiedad de la estatal Comisión Federal de Electricidad.
“Una parte de la gente está en los albergues, otros siguen en las casas, improvisando tapancos (plataformas en los techos) para no salir. Tiene que buscar la manera de seguir en sus casas. Toda la población está siendo afectada, porque muchos dependen del campo, de sus cultivos, de ahorros. Algunos pudieron trasladar el ganado a las zonas más altas”, contó Arias, vía telefónica desde su localidad, en la que viven unas 2500 personas.
Las anegaciones han dejado más de 300 000 afectados y han interrumpido las actividades comerciales, agrícolas y ganaderas en una zona proclive a las riadas, como las sufridas en 2007.
Ahora, el desastre se agudizó por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de dirigir el agua del embalse hacia las zonas bajas indígenas de Centla y Nacajuca y así salvar a Villahermosa, la capital del estado.
“Lo que más ha afectado han sido las presas, porque puede llover pero el agua baja más rápido. El agua de las presas se estanca. Confiamos en que las autoridades nos digan la verdad”, planteó Arias, cuyo pueblo chontal es parte de la civilización maya, y sus integrantes se definen como «yoko yinikob» (hombres verdaderos) y «yoko ixikob» (mujeres verdaderas).
Arias integra el Consejo Comunitario de los Pueblos Indígenas Yokot’an Chontal y es también subdelegado municipal de Guaytalpa, en cuyos alrededores operan unos 30 pozos activos de petróleo y gas de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que afecta particularmente a una comunidad dedicada a la agricultura de subsistencia y a la artesanía.
“Por 40 o 50 años se han venido dando esas inundaciones, la situación era mucho más crítica. Pensamos que hay ciertas decisiones que tienen que tomar, en 2007 la situación fue distinta y catastrófica. No nos decían nada y nadie se hacía responsable”, añadió este dirigent indígena y municipal.
Tabasco, habitado por unos 2,4 millones de personas, es una zona muy vulnerable a los efectos de la crisis climática. Para 2050, el mar engullirá parte de su costa debido a la subida de su nivel, vaticina un informe de la organización estadounidense Climate Central.
A ello ha contribuido la explotación de petróleo y gas de Pemex realiza desde los años 50 y que ha legado un pasivo ambiental de aire, agua y suelos contaminados. A ello se suma la deforestación infringida por el avance de la ganadería y grandes plantaciones comerciales.
Pero sus habitantes no solo no se han beneficiado de esa explotación petrolera, sino que han sufrido los estragos de su contaminación y no han accedido a la justicia climática para paliar esos impactos.
En México, la instalación de gasoductos, termo e hidroeléctricas, agroindustrias, plantas eólicas y mineras, especialmente en zonas indígenas, ilustra la violación masiva de derechos de los pueblos originarios y que diferentes especialistas califican como expresiones de racismo ambiental.
El racismo ambiental define a la carga desproporcionada que recae en minorías étnicas debido a la contaminación del aire, el agua y la generación de desechos y que les impiden disfrutar de bienestar.
Jéssica Coyotecatl, doctorante en Antropología por la estatal Universidad de California, en Estados Unidos, señaló a IPS que hay una continuidad en el despojo de tierras indígenas y la invisibilización de esos grupos y de afrodescendientes, independientemente de los gobiernos de turno.
“Hay un componente geográfico, hay regiones que se han vuelto fronteras de extracción, en un momento dado se necesitaron tierras para minería, hidroeléctricas o extracción de gas y petróleo, como Tabasco”, analizó desde la central ciudad de Puebla, donde está actualmente.
A su juicio, “esas fronteras ambientales y raciales van cambiando en aras de un bien nacional. Las nuevas condiciones del capital demandan ahora que se despoje a otras poblaciones, como los trenes y la refinería”.
En México viven casi 17 millones de indígenas, equivalentes a 15 por ciento de la población actual, repartidos en 67 pueblos, víctimas de discriminación y pobreza, a pesar de ser considerados como guardianes del patrimonio cultural y biológico de este país latinoamericano.
En Tabasco habitan unos 58 000 chontales, el pueblo mayoritario en el estado, mientras en 2015 vivían 123 578 indígenas.
Entre 2008 y 2018, la pobreza disminuyó en ese estado de 53,8 por ciento a 53,6 y la extrema pobreza, de 15,8 por ciento a 12,3 por ciento, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que mide las diferentes formas de pobreza en el país.
Además, se reportó una mejora en los indicadores relacionados con los derechos a salud, educación y seguridad social, y en el indicador de calidad y espacios de la vivienda; mientras que los indicadores de servicios básicos en la vivienda y alimentación mostraron un retroceso.
Cerca de 40 por ciento de Tabasco vive con menos de 5,5 dólares diarios, un porcentaje mayor que el promedio de la población nacional para este umbral de pobreza.
En el municipio de Nacajuca, donde se ubica la comunidad de Arias, 36 por ciento era pobre en 2015 y 46 por ciento era vulnerable por carencias sociales.
Tabasco emitió en 2016 más de 882 000 toneladas de contaminantes, derivados de la explotación de hidrocarburos, automóviles, plantas industriales y deforestación, según la gobernación del estado. Datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climática indican que México lanzó a la atmósfera ese año 446,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, generados por las actividades humanas y responsables del recalentamiento planetario.
Megaproyectos y comunidades indígenas
El gobierno del izquierdista y desarrollista López Obrador construye una refinería en la costa tabasqueña y dos redes ferroviarias.
Uno de los tendidos es en la península de Yucatán, compuesta por el estado del mismo nombre y los de Campeche y Quintana Roo, una región muy sensible por su biodiversidad. El otro es un corredor que conecta el estado de Oaxaca, en la sureña costa occidental del Pacífico, con Villahermosa, la capital tabasqueña, sobre la costa atlántica del golfo de México.[related_articles]
Esos megaproyectos, que afectan tierras que en 70 por ciento son de propiedad comunitaria, indígena o campesina, siguen adelante pese a la oposición de comunidades locales que han tratado de frenarlos con recursos legales, hasta ahora sin éxito, porque aunque han prosperado algunos amparos, el gobierno los ha desatendido.
Arias, entretanto, lamentó que su pueblo seguramente no recibirá beneficios de estos proyectos, como no los ha recibidos de la explotación petrolera.
“La refinería no es beneficio para el estado, es una industria contaminante. Hay una deuda hacia los pueblos indígenas por las explotaciones petroleras en nuestras tierras, solo nos han dejado contaminación y rezago. Sabemos del problema del cambio climático y que se ha intensificado”, señaló.
Denunció también que las autoridades no los han tomado en cuenta y que el gobierno ha ignorado a Tabasco. “No nos vamos a acostumbrar a tener el agua hasta el pescuezo”, profirió.
López Obrador, en la presidencia desde diciembre de 2018, ha prometido un plan integral para prevenir inundaciones, como mejor manejo de las presas, desazolve de ríos, construcción de bordos y mejoramiento urbano.
En 2013, las comunidades de la zona presentaron un plan de infraestructura y lograron la construcción de drenaje, un bordo y la instalación de tres cárcamos de bombeo, pero penden una planta de tratamiento hídrico y más barreras. En febrero último repitieron su llamado, sin que el gobierno respondiese.
Para la antropóloga Coyotecatl, es necesario aprender de luchas existentes sobre el cuidado de la naturaleza, cooperativismo y producción comunitaria, ante una transformación territorial que fomenta algunos modos de vida y prohíbe otros.
“Es muy importante la noción de justicia ambiental y energética, pues se trata de entender que hay ganadores de esta distribución geográfica, las empresas y no el país. Quienes han ganado históricamente son los que deben responder por los problemas ambientales. Necesitamos justicia que restaure relaciones y no solamente acciones simbólicas, como pedir perdón a la naturaleza”, planteó.
Aún con medidas de adaptación climática, mientras prosiga la adicción petrolera del mundo, zonas como Tabasco serán sacrificables, se lamentó.
ED: EG
