Más personas y por más tiempo interactúan en los espacios digitales de América Latina por la pandemia de covid-19, pese a la brecha en el área, lo que disparó la exposición a la violencia en línea para el caso de las mujeres, según activistas y especialistas.
“Las formas de violencia estructurales aumentaron con esta situación y nos dimos cuenta del poder que estaban teniendo las tecnologías para perpetuarlas”, explicó a IPS Candy Rodríguez, que desde la capital de México trabaja en la iniciativa colectiva Acoso.online, que reúne a activistas también de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
Fundado en 2017, el grupo sin fines de lucro de cinco jóvenes se declara el primero de América Latina en brindar información acerca de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el tipo de violencia digital de género más extendida en la región, donde países de avanzada como México ya legislaron en ese sentido.
“Las mujeres estaban siendo doblemente oprimidas: en el espacio físico y en el virtual… estar cerca de sus agresores y tener constantemente una vigilancia, no solo física sino virtual, las estaba llevando a enfrentar procesos más duros”, describió la comunicadora sobre la situación agravada por el confinamiento en buena parte de 2020.
La tecnoviolencia machista o violencia digital, en línea o ciberviolencia de género se refiere a los maltratos basados en esta condición a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Es un término en construcción del que se aportan nuevos elementos, maneras de enfrentarlo y se incorpora en algunos marcos legales.
Sin demonizar las tecnologías ni el ciberespacio, los grupos con este perfil en el continente promueven el uso responsable de estas herramientas, la alfabetización digital y la respuesta integral en busca de una web segura, cuando entidades internacionales mantienen la alerta del incremento de la violencia machista en la pandemia.
“Es importantísimo hablar en la región sobre difusión de contenido íntimo sin consentimiento porque es la forma de violencia digital que más afecta a las mujeres. Están también el ciberacoso y la ciberextorsión, pero nuestras sociedades estigmatizan mucho la sexualidad femenina”, puntualizó Rodríguez.
Para la activista, “necesitamos hablar de esto para romperlo, dar información sobre por qué no es malo el sexting (chat sexual), que es una expresión más de la sexualidad, para acabar con esta cadena de violencia que es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento”.
Un ejemplo actual de la magnitud del fenómeno consiste en el llamado etnoporno, un tipo de explotación sexual de niñas y mujeres indígenas que crece en México. De maneras que incluyen hasta la extorsión, se obtienen imágenes y videos eróticos de esta franja vulnerable para compartirlos en Internet, redes sociales y en comercios.
Apenas existen estadísticas de este tipo de maltrato en la región del mundo más letal para las mujeres, pero el libro blanco al respecto de la Organización de Estados Americanos (OEA) subraya una mayor vulnerabilidad cuando se entrecruza además el origen étnico, la orientación sexual, identidad de género, idioma y discapacidad.
También remarca la situación de las defensoras de derechos, feministas y en la política.
“Entre los meses de marzo a junio, encuestamos a más de 530 mujeres de todo Chile para conocer cuál era su experiencia sobre la violencia digital”, compartió por su parte Karen Vergara, desde la capital de este país andino, donde coordina el proyecto Aurora, que se enfoca a género dentro de la oenegé sobre derechos digitales Amaranta.
“A más de 73 por ciento de la mujeres encuestadas le había sucedido”, reveló. “Muchas de ellas se dieron cuenta que la habían vivido a través de la encuesta, les había costado mucho ponerle un nombre a este tipo de violencia, y con el período de confinamiento, las relaciones virtuales aumentaron”, amplió la también integrante de Ciberseguras.
Las diferencias en el acceso y alfabetización sobre TIC persisten en América Latina, aunque de forma general casi logra la paridad de género en el uso, según los datos de 2019 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En países como México, Canadá, Perú, Bolivia y Chile, se reportan más hombres conectados que mujeres.
“Hay múltiples Chiles: es un país muy desigual, donde también existe una brecha de género para acceder a las tecnologías”, continuó. “En ese sentido, a las mujeres se las arroja a este mundo virtual sin acompañarlas, sin guiarlas, sin que puedan resolver sus propias dudas y eso las expone”, amplió la experta en género.
Relacionada con la violencia sistémica del mundo fuera de línea, la ciberviolencia posee características muy propias que traspasan las fronteras, la raza, la cultura y daña profundamente a las víctimas y personas allegadas, por el alcance que pueden tomar los hechos y lo difícil de desaparecer del todo los contenidos virales.
Por ello, la respuesta inmediata es una de las principales recomendaciones de activistas y especialistas para actualizar los marcos legales y la impartición de justicia.
“Esta violencia tiene particularidades para mujeres como para disidencias”, reafirma Vergara. “Por otro lado, las legislaciones y la policía no están preparadas para recibir este tipo de denuncia: muchas veces mandan a las víctimas de vuelta a sus casas, no les quieren tomar la denuncia, hay enjuiciamientos a cómo van vestidas…”, lamentó.
La joven integra un grupo de organizaciones que se unieron para elaborar un proyecto de ley sobre la violencia de género en Internet en Chile. “Hay muchas cosas que como activistas estuvimos demandando hace mucho tiempo, de las cuales ni las autoridades ni la sociedad se hacía cargo”, recordó.
Brasil cuenta desde 2018 con artículos especiales de penalización de la pornovenganza, incorporados en la reforma de la Ley 13.772, conocida popularmente como la ley Maria Penha.
Ese mismo año, el ejecutivo peruano publicó el Decreto Legislativo 1410, que añadió cuatro nuevos delitos al respecto en el Código Penal. Mientras, México logró en diciembre de 2019 varias reformas en diferentes estados conocidas como la Ley Olimpia, que castigan el delito dentro de la Ley Integral de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia .
También en Puerto Rico se incorporó en 2018 a su Código Penal una sanción a la persona que divulgue “sin consentimiento del protagonista cualquier material donde se exponga su reputación, sean o no contenidos sexuales».
Otros países con iniciativas en marcha, según el documento de la OEA, son Argentina, Chile y Uruguay.[related_articles]
En Cuba, debido a un mayor acceso a Internet desde 2018, varias campañas de comunicación visibilizan el problema, aunque se desconoce aún si los cambios legales previstos por el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres incluirán estos delitos en específico.
“A nivel regional es clave reconocer cómo esta violencia responde a contextos muy específicos de cada país pero tiene características muy comunes”, apuntó Marieliv Flores, directora de Hiperderecho, una oenegé radicada en Lima y que desde hace tres años mantiene una línea exclusiva de trabajo sobre género.
La abogada focalizó que “quienes suelen estar más en Internet son hombres, blancos, heterosexuales”. “El hecho de que las mujeres y otros grupos vulnerables enfrenten violencia en este espacio de una manera muy lamentable limita su permanencia ahí”, dijo sobre una consecuencia del fenómeno.
“La violencia lo que termina haciendo es silenciar las voces, los discursos pro derechos humanos, elimina nuestro cuerpo…, saca del espacio digital a toda persona o discurso que vaya en contra de lo hegemónico, patriarcal y machista”, puso como ejemplo Flores.
Por ello, las oenegés y grupos que enfrentan el problema ponen a disposición de la ciudadanía cajas de herramientas y kits de emergencia para que las mujeres aprendan a interactuar de forma segura en Internet y recabar pruebas de estos delitos que ayuden en la denuncia, entre otros conocimientos.
ED: EG
