La inseguridad alimentaria en Brasil, que ya había aumentado 62,4 por ciento de 2013 a 2018 según las estadísticas oficiales, debe agravarse en los próximos meses al sumar efectos de la covid-19 a los desconciertos de la política agrícola.
“El hambre se está extendiendo y empeorará por el alza de los precios de los alimentos justo cuando baja el auxilio de emergencia gubernamental” a los pobres que perdieron ingresos durante la pandemia, evaluó el agrónomo Denis Monteiro, secretario ejecutivo de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA).
A esa combinación de factores adversos se suma el desmonte de las políticas de apoyo a la agricultura familiar practicado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, acotó a IPS. Se trata de un sector reconocido como fuente de 70 por ciento de los alimentos consumidos nacionalmente.[pullquote]3[/pullquote]
El arroz, un componente básico en las mesas de los brasileños, se destacó en el índice de precios al consumidor del gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), con un aumento 19,25 por ciento de enero a agosto, período en que la inflación general se limitó a 0,7 por ciento.
Los frijoles, también parte sustancial de la dieta tradicional, registraron alzas variadas, de hasta 30 por ciento en algunos tipos del producto y regiones de Brasil, seguidos de otros alimentos, como leche, aceite de soja y tomate, con aumentos de 4,8 a 13 por ciento.
La ayuda oficial que benefició a 67,2 millones de trabajadores informales, cuentapropistas y otros que perdieron ingresos debido al cierre forzado de actividades, pagó 600 reales (unos 115 dólares) mensuales desde abril, en un proceso desordenado en que muchos reciben con retraso o se quejan de exclusión indebida.
Esa suma baja a la mitad a partir de este septiembre para los que ya recibieron las cinco cuotas iníciales. El programa termina en diciembre, incluso para los que recibieron solo parte las nueve cuotas mensuales posibles, cinco de 600 reales y cuatro de 300 reales (57,5 dólares).
A partir de enero, se vuelve a la Bolsa Familia, que beneficia solo a 14 millones de familias con un promedio equivalente a unos 36 dólares, en un país que actualmente alcanza los 212 millones de habitantes.
El gobierno y el legislativo Congreso Nacional aún estudian alguna forma de ampliar esa transferencia de renta, para mitigar el impacto social mientras no se recupera plenamente la actividad económica.
El bajón en los ingresos de casi la mitad de la población brasileña también debe derrumbar la popularidad del presidente Bolsonaro, favorecido en los últimos meses por la distribución del auxilio de emergencia.
Ese beneficio, que evitó una grave crisis social hasta ahora y una recesión económica más grave este año, produjo por otro lado un aumento del consumo alimentos básicos y de materiales de construcción, cuando la producción cayó debido a la pandemia.
Muchas familias aprovecharon el ingreso inesperado para reformar o ampliar sus viviendas.
En las zonas más pobres de Brasil, dentro de la regiones del Norte y del Nordeste, la ayuda fue considerable, el triple de la Bolsa Familia, la transferencia de renta que logró sacar millones de familias de la extrema pobreza desde el inicio del siglo.
Para la “inflación de alimentos” también contribuyeron el aumento de las exportaciones estimuladas por la devaluación de la moneda nacional y las bajas existencias de algunos productos, en consecuencia de la decisión gubernamental de reducir el sistema estatal de almacenaje.
El real se devaluó en cerca de 35 por ciento en relación al dólar estadounidense desde el inicio del año e hizo más ventajoso exportar que vender en el mercado interno, por ejemplo, el arroz. Las exportaciones casi doblaron en relación a 2019.
Para contener el alza de precios, el gobierno decidió liberar la importación de 400 000 toneladas de arroz, con exención del arancel de 12 por ciento, poco para un consumo nacional de cerca de 12 millones de toneladas al año, estimado por la Asociación Brasileña de la Industria de Arroz.
Las existencias reguladoras almacenadas por la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento vienen cayendo desde 2012, cuando superaban un millón de toneladas, a menos de 30 000 toneladas desde 2016 y 21 592 toneladas en la actualidad.
Se espera una caída de los precios solo a partir de marzo de 2021, cuando empieza la próxima cosecha.
Brasil, que en 2014 salió del Mapa del Hambre, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tras reducir en 82 por ciento la cantidad de ciudadanos subalimentados desde el inicio del siglo, retrocedió en los últimos años.
La inseguridad alimentaria afectaba en distintos grados a 41 por ciento, u 84,9 millones de brasileños de la población de entonces, en 2017-2018, según la Investigación de Presupuestos Familiares del IBGE durante ese bienio. En el mismo estudio realizado en 2013 eran solo 25,8 por ciento.
En el estado más grave, de hambre o carencia de alimentos, eran 10,3 millones, es decir cinco por ciento de los 207 millones de habitantes del país entonces.
Ese cuadro resulta de la recesión económica sufrida por Brasil en 2015 y 2016, con caídas de 3,5 y 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), respectivamente, pero también de la mengua de las políticas hacia la agricultura familiar y la producción de alimentos en los gobiernos actual y anterior, volcados al libre mercado y a la austeridad fiscal.
“La prioridad de esos gobiernos fue la exportación, especialmente de soja y carnes, orientación que se acentuó por la devaluación del real, en la lógica del libre comercio en desmedro del abastecimiento nacional y la soberanía alimentaria”, señaló el agrónomo Monteiro, de la ANA.
El alabado éxito agrícola brasileño se refiere principalmente a la soja, que en pocas décadas se convirtió en el principal producto de exportación, impulsada por la demanda china. Brasil depende de importaciones de trigo, en gran escala, y en menor proporción de arroz y frijoles que perdieron áreas de cultivo en las últimas décadas.
La agricultura familiar sufre un creciente deterioro de los programas de fomento. La tendencia se intensificó con el veto que el presidente Bolsonaro impuso el 25 de agosto a casi todo el proyecto de ley aprobado por el Congreso que fomentaría la producción alimentaria durante esta crisis sanitaria.
De esa forma los pequeños agricultores, más de cuatro millones de familias en el país, quedaron sin compensaciones por las pérdidas causadas por la pandemia y sin recuperar los niveles anteriores de programas de fomento que beneficiarían poblaciones más vulnerables al hambre.
El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que desde 2003, compra la producción de agricultores familiares para destinarla a instituciones de asistencia social y poblaciones en situación de inseguridad alimentaria.
Del equivalente a 190 millones de dólares reclamado por los movimientos campesinos, el gobierno solo aprobó la mitad como presupuesto para este año y deberá liberar solo una parte de esa suma, lamentó Monteiro.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que exige de las escuelas destinar por lo menos 30 por ciento de su presupuesto de compras a los agricultores familiares, está prácticamente paralizado a causa de la pandemia.
Hay municipalidades y gobiernos de estados que adoptaron mecanismos para mantener esas compras y ofrecer los alimentos frescos a las familias de los estudiantes, pero “es una minoría”, reconoció Monteiro en un diálogo telefónico desde el mismo Río de Janeiro.
Lo que hace el movimiento social es aprovechar las elecciones municipales, que tendrán lugar el 15 de noviembre, para sugerir políticas locales que mejoren la alimentación de las comunidades y estudiantes, con la producción local, lo que favorece la economía municipal.
Alentador, según el activista de agroecología, es el amplio movimiento de solidaridad que permitió la donación y distribución de millones de canastas alimentarias en todo el país.
La Fundación Banco do Brasil, vinculada al mayor banco estatal brasileño, promueve una masiva distribución de alimentos en asociación con cooperativas agrícolas u otras organizaciones sociales en las comunidades, destacó Monteiro.
ED: EG
