Primero las violaciones sexuales frecuentes que pueden prolongarse por años, bajo amenazas de muerte. Luego el embarazo como una enfermedad desconocida y la maternidad aún en la niñez, en convivencia forzada con el verdugo.
Esa triple tortura se impone a decenas de miles de niñas menores de 14 años, cada año en América Latina, y se completa con los obstáculos erigidos por el moralismo religioso al aborto, permitido y asegurado por la legislación en casi toda la región.
En Brasil ha protagonizado el último caso conocido donde una niña ha sufrido esa triple tortura, que ha tenido una gran repercusión no solo en el país sino en las sociedades de los países del entorno.
Se trata de una embarazada a los 10 años, que enfrentó las barreras de autoridades y estamentos conservadores, pero que consiguió que se cumpliera su derecho al aborto legal, el 16 de agosto, desveló la tragedia nacional de la niñez embarazada y obligada a la maternidad en la preadolescencia.
Un promedio anual de 26 233 niñas de 10 a 14 años tuvieron hijos nacidos vivos en Brasil, de 1994 a 2018, según datos del Ministerio de Salud. En total fueron 655 836 bebes en esos 25 años, todos productos de violaciones, ya que la ley brasileña así tipifica todas las relaciones sexuales con menores de 14 años.
Esa cifra ofrece una pálida dimensión del infierno que vive una cantidad mucho mayor de niñas en sus hogares, donde vive o es frecuente la mayoría de los violadores, que son los mismos familiares o allegados. Es solamente la punta del iceberg.
¿Cuantas violaciones y cuantas violadas son necesarias para cada embarazo en las niñas?
“Muchas niñas no logran tener idea de cuantas veces sufrieron la violencia sexual, ni por cuanto tiempo y suele ser largo. Es muy cruel, están en sus casas y sometidas al agresor”, observó a IPS Sandra Bazzo, co-coordinadora en Brasil del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
La niña de 10 años que despertó la opinión pública brasileña para esa atrocidad denunció haber sufrido violaciones desde sus seis años de edad, practicadas por un tío, de 33 años, que amenazaba matar su abuelo si ella denunciase el abuso sexual.
Ella vivía con sus abuelos en São Mateus, una ciudad de 130 000 habitantes en el estado de Espírito Santo, en la costa centro-oriental de Brasil, y fue llevada al hospital por sentir fuertes dolores en el vientre. Solo entonces supo de su embarazo, diagnosticado por exámenes, y reveló que era su tío el agresor continuado.
La oposición al aborto de médicos locales y del Consejo Tutelar, órgano municipal creado para cuidar los derechos de la niñez y adolescencia pero controlado por religiosos, obligó a que la niña fuese trasladada a Recife, capital del nororiental estado de Pernambuco, 1500 kilómetros al norte, para someterse a interrupción del embarazo.
Con el tío violador encarcelado y la niña acogida por el Programa de Protección a Testigos, Víctimas y Familiares de Víctimas de Violencia, del Espírito Santo, ese caso representó un triunfo para las activistas del feminismo y los derechos humanos que se movilizaron para que se cumpliera la ley.
Solo fue posible por la determinación del juzgado y la fiscalía de la Infancia de São Mateus y del gobierno del estado de Espírito Santo que se encargó del transporte aéreo y otros recursos para la práctica abortiva, contra agresivas manifestaciones de grupos antiaborto, incluso de sectores muy vinculados al gobierno central del ultraderechista Jair Bolsonaro.
En Brasil la legislación permite el aborto en caso de violación y riesgo de vida para la madre desde 1940, asegurándolo por lo tanto a todas las niñas de hasta 14 años.
“Pero en la práctica eso permaneció como letra muerta por casi 50 años. Los médicos se negaban a cumplir la ley, no había los servicios necesarios al aborto legal”, recordó Sonia Corrêa, codirectora del Observatorio de Sexualidad y Política, un foro global de investigadores y activistas.
La Constitución aprobada en 1988 y varias iniciativas locales lograron avances que diseminaron más de 80 centros de servicios por todo el país hasta los primeros años de este siglo.
Pero hubo retrocesos en la última década, concesiones a las iglesias, especialmente la católica y evangélicas, junto con la reducción de las inversiones en la salud reproductiva. Los puntos de atención a los casos de aborto legal menguaron a cerca de un tercio y muchos operan en condiciones precarias, lamentó Corrêa a IPS, por teléfono desde Río de Janeiro.
Eso se refleja en las dificultades para que las niñas embarazadas tengan acceso a los derechos que les aseguran el Código Penal de 1940 y nuevas legislaciones, como el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 1990.
El retroceso se agravó en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que desde su posesión en enero de 2019 impulsa acciones ultraconservadoras, veda la educación sexual en las escuelas y se orienta por ideas y prejuicios de sectores religiosos evangélicos.
La Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, es una pastora evangélica que trató de impedir el aborto de la niña de São Mateus, con el apoyo de grupos radicales que presionaron las autoridades y los médicos, además de manifestarse a los gritos de “asesina” dirigidos a la niña de diez años.
También el presidente de la Conferencia Episcopal católica, el arzobispo Walmor Oliveira de Azevedo, calificó de “crimen hediondo” el aborto de la niña, en una nota personal en que condena los “representantes de la Ley y del Estado” por “decidir la muerte de una criatura de solo cinco meses”, que es como denominó al feto.
Pero no es la opinión de todos los católicos.
El grupo Católicas por el Derecho de Decidir, autodefinidas como “feministas católicas”, apoya “la vida y la dignidad de esa niña y de todas las niñas y mujeres que sufren tamaña violencia y además son obligadas a cargar el fruto (de la violación) por toda la vida”, según Denise Mascarenha, participante del movimiento.
“Hay muchas mujeres que sienten molestas en sus parroquias por pensar distinto de la jerarquía de la Iglesia”, reconoció la activista, al anunciar una movilización del grupo el 28 de septiembre, Día de lucha por la descriminalización del aborto en América Latina y el Caribe, y durante todo el mes.
“Niñas no son madres” y el Estado es laico, afirmó a IPS desde São Paulo.
Una situación repetida en América Latina
Los países latinoamericanos viven situaciones similares porque “reina en la región la cultura machista, de apropiación del cuerpo y la sumisión de las mujeres”, sostuvo Bazzo a IPS por teléfono desde Curitiba, ciudad del sur brasileño donde vive.
Cladem, una red feminista presente en 15 países de la región, impulsa la campaña “Embarazo infantil forzado es tortura”, desde su estudio sobre el tema en la región, que reveló, en 2015, la gran incidencia de partos de niñas de hasta 14 años, especialmente en Bolivia, Colombia, Brasil y varios países centroamericanos.
Algunos casos se hicieron emblemáticos, como la paraguaya identificada por el nombre ficticio Mainunbuy, embarazada por su padrastro a los nueve años en 2015 y forzada a la maternidad por tener negado su derecho al aborto.
La mortalidad materna de esas niñas es más elevada que entre las adultas, porque sus cuerpos aún no están preparados para la gestación y también por los frecuentes suicidios.
“Nunca he visto manifestaciones tan amplias a favor del aborto” como en el caso de la niña de São Mateus, dijo Corrêa sobre las numerosas manifestaciones de solidaridad a esa víctima de agresión sexual reiterada, por las redes sociales.
“Fue una reacción positiva” de la opinión pública ante los retrocesos en ese tema, corroboró Bazzo.
ED: EG
