La oficina en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los asesinatos del periodista Pablo Morrugares Parraguirre y del agente de policía que participaba de su escolta.
Ambos fueron asesinados a balazos en un bar de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al suroeste de la capital mexicana, la madrugada del domingo 2 de junio, según informaron medios locales.
Dos días después, un grupo de individuos hizo al menos 18 disparos contra la fachada del edificio del Diario de Iguala, con el que colaboraba Morrugares, sin causar heridos.
Morrugares, quien cubría información sobre grupos criminales en la región de Iguala y realizaba crítica política, disponía desde 2015 de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría (ministerio) de Gobernación.
El periodista fue amenazado hace un mes junto a otras personas con una “narcomanta”, como se llaman coloquialmente las telas con advertencias que grupos criminales cuelgan en lugares públicos, según recordó la asociación Periodistas Desplazados y Agredidos.
En 2016 Morrugares se mudó fuera de Guerrero con su familia y regresó recientemente a ese estado, donde dirigía el portal PM Noticias, difundido principalmente a través de la red social Facebook.
La oficina de derechos humanos de ONU se sumó al pedido de una exhaustiva investigación del crimen de Morrugares y el agente, hecha por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.
“Para tal fin es necesario agotar todas las líneas de investigación, considerando entre ellas la posible vinculación de este ataque con la actividad periodística desarrollada por la víctima, así como con las amenazas y agresiones previas recibidas”, según el texto de la oficina de la ONU.
También el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos y anunció apoyo a las investigaciones, según indicó su portavoz Jesús Ramírez Cuevas a través de redes sociales.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, bajo constantes amenazas y agresiones por organizaciones criminales, de acuerdo con reportes de organizaciones internacionales de prensa y derechos humanos.
Al menos 133 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, 14 de ellos durante la el mandato que inició en diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de los casos han quedado impunes.
En 2019 fueron asesinados 10 periodistas en México, según la organización Reporteros Sin Fronteras, a los que se suman cuatro en lo que va de 2020.
En abril desapareció durante una semana y luego fue hallado muerto el periodista Víctor Álvarez Chávez, quien dirigía el portal Punto por Punto y fue amenazado por grupos criminales en la ciudad de Acapulco, también del estado de Guerrero.
En el noroccidental estado de Sonora fueron asesinados Jorge Armenta Ávalos, del grupo Medios Obson, baleado el 16 de mayo , y José Castillo, propietario del medio digital Prioridad, apuñalado el 11 de junio, ambos en el área de Ciudad Obregón.
La oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos, que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, sostuvo que “en este contexto, además de la adopción de medidas de protección para los periodistas, es necesario concertar acciones de prevención interinstitucionales, que permitan abordar las causas estructurales del riesgo”.
A-E: HM
