La violencia contra excombatientes y defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas se mantiene como la principal amenaza para la paz en Colombia, según un informe de la secretaría general de la ONU divulgado este martes 14.
A pesar del compromiso y medidas de protección adoptadas por las autoridades “el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) llegó a 210”, indicó el informe presentado al Consejo de Seguridad por el representante del secretario general, Carlos Ruiz Massieu.
Para el funcionario “la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de la paz en Colombia”.
La pandemia covid-19 se ha convertido en una oportunidad para la violencia, pues grupos armados y criminales aprovechan la cuarentena para incrementar su control territorial, el asesinato de personas, el reclutamiento forzoso de niñas y niños, y el control de rutas para el narcotráfico, según el informe.[pullquote]3[/pullquote]
Clemencia Carabalí, lideresa de comunidades afrodescendientes en el sudoccidental departamento del Cauca, dijo que “todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena, de que se ha violado a una mujer niña o adulta, con la amenaza para un integrante de la guardia indígena o cimarrona”.
Carabalí, víctima en un ataque de un grupo armado que arriesgó la vida de 25 personas en mayo de 2019, testifico ante el Consejo al presentarse el informe y subrayó que “persiste la muerte a líderes y lideresas defensoras de los derechos humanos, y con la presencia de la covid se agudiza esa situación”.
El suroccidental departamento del Cauca tiene los niveles más altos de violencia contra líderes sociales a pesar del aumento del despliegue de la fuerza pública, que casi se ha duplicado desde comienzo del año.
Durante la cuarentena se ha informado ya de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares. Los grupos armados han asesinado niños, niñas, adultos mayores, y hasta mujeres embarazadas.
Pero también en el nororiental departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, grupos armados sometieron a confinamiento forzoso a 45 000 personas en mayo, y en el área del Pacífico (oeste) forzaron el desplazamiento de unas 7500 personas de comunidades, en su mayoría afrodescendientes e indígenas.
En varios departamentos la misión de la ONU verificó el asesinato y la situación de amenaza de excombatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla que se desmovilizó tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Desde el 26 de marzo esa misión verificó 19 asesinatos, para un total de 37 en 2020, incluidas dos mujeres. Carabalí dijo que desde el Acuerdo de Paz fueron asesinadas de 686 personas entre combatientes y defensores de los derechos humanos.
Una guerrilla menos numerosa, Ejército de Liberación Nacional (ELN), aún sostiene una lucha armada aunque en marzo dispuso un alto al fuego -y pidió reciprocidad- en el marco de la contención de la pandemia.
La canciller colombiana, Claudia Blum, dijo ante el Consejo de Seguridad que “el ELN no cumplió su anuncio de marzo, y el gobierno reitera que esa alegada voluntad de paz tiene que resultar en acciones concretas, como la liberación de todos los secuestrados y el cese de todas las actividades ilícitas”.
Ruiz Massieu también sostuvo que con la pandemia se incrementa la violencia de género y recordó que en las últimas semanas “los colombianos se han horrorizado por los incidentes de violencia sexual cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad pública”, condenados por el presidente y su ministro de Defensa.
El 21 de junio fue brutalmente violada una niña de 12 años del pueblo embera-chamí en el central departamento de Risaralda, por parte de siete militares colombianos que han aceptado los cargos, bajo repudio unánime de la ciudadanía.
“Animo a todas las partes a redoblar las medidas para la protección y la seguridad de las mujeres, incluidas las excombatientes, líderes sociales y defensoras de los derechos humanos”, concluyó el representante del secretario general.
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