La precariedad de las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe se acentúa con la covid-19 por las medidas de cuarentena, pérdida de empleo y disminución de sus ingresos, según un informe de varias agencias del sistema de Naciones Unidas.
Esas trabajadoras “ocupan un lugar crucial dentro de la respuesta a la crisis sanitaria, social y económica desencadenada por la pandemia y por las medidas impuestas en la mayoría de los países, lo que aumenta la responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de los hogares”, recordó el texto.
Sin embargo “son uno de los principales colectivos afectados por la crisis”, según el informe de las oficinas regionales de ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En numerosos casos se han cancelado contratos o se ha reducido el tiempo de trabajo con una rebaja proporcional del pago. Según estimaciones de la OIT, 70 por ciento de las trabajadoras domésticas están afectadas por disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas de labor o pérdidas de salarios.
En determinadas situaciones, esas trabajadoras son persuadidas a pernoctar en los lugares de trabajo, manteniéndolas alejadas de su familia y sin el descanso adecuado, según denuncias de sindicatos recogidas en el informe.
En América Latina y el Caribe entre 11 y 18 millones de personas se dedican a labores domésticas remuneradas, y 93 por ciento son mujeres. El trabajo doméstico supone entre 10,5 y 14,3 por ciento del empleo de las mujeres en la región.
Más de 77 por ciento de ellas operan en la informalidad, lo que significa que una parte importante trabaja en condiciones precarias y sin acceso a la protección social.
Los ingresos de las mujeres empleadas en el servicio doméstico son además iguales o inferiores a la mitad del promedio de todas las personas ocupadas.
Son por lo regular personas que devengan salarios muy bajos, tienen jornada de trabajo excesiva, día de descanso semanal no garantizado, y enfrentan distintas formas de riesgos de discriminación y violencia.
Ello porque la mayoría de las trabajadoras del sector son mujeres afrodescendientes, migrantes o indígenas, habitan en los cordones de pobreza de las ciudades e incluso en ocasiones se ven afectadas por el fenómeno del trabajo forzoso.
A las trabajadoras domésticas “además del fantasma del desempleo, la informalidad y baja cobertura de la protección social, la falta de contratos escritos en muchos casos les impiden acceder a las ayudas establecidas por los gobiernos”, apuntó el director regional de la OIT, Vinícius Pinheiro.
Los Estados “deben reconocer y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas, y considerar las propuestas de sus sindicatos al abrir más espacios de diálogo para que nadie se quede atrás en la respuesta a la actual crisis”, dijo por su parte la directora regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, recordó que 54,3 por ciento de las mujeres ocupadas en la región laboran en sectores que presentan precariedad desde el punto de vista de los salarios, sin formalización del empleo, seguridad en el puesto de trabajo o acceso a la protección social.
De ese modo se puede incrementar el número de mujeres en situación de pobreza, que ya alcanza a 110 millones en la región, dijo Bárcena. “El impacto social de la pandemia tiene rostro de mujer”, resumió.
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