Antiguos combatientes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que asumieron el proceso de paz, instalaron talleres dedicados a la confección de mascarillas para la protección contra el coronavirus.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que vigila los acuerdos de pacificación firmados en 2016, saludó la iniciativa como “un acto de paz de excombatientes que demuestra la voluntad de construir un país mejor”.
Mientras toda Colombia lidia con la pandemia covid-19, señaló la Misión, en comunidades remotas “la gente ha sufrido por el largo conflicto armado y la falta de oportunidades económicas”, por lo que se necesitan iniciativas que contribuyan “a la transición a la vida civil” de los combatientes acogidos a los acuerdos de paz.
Por ejemplo, en Icononzo, un pequeño municipio en las montañas del centro, un taller de sastrería dirigido por excombatientes cambió su producción habitual de camisetas y ponchos para fabricar máscaras protectoras, “en un esfuerzo por ayudar a frenar la propagación del virus en sus comunidades”.
La Misión presentó el testimonio de Ángela Herrera, una empresaria local de Icononzo, para quien “esto ha sido un acto de paz” de los excombatientes, que «demuestra la voluntad de continuar construyendo un país mejor».
Otros siete talleres de confección creados por reincorporados en diferentes partes del país, muchos de los cuales son mujeres, también se unieron al esfuerzo para producir las máscaras solicitadas.
Un taller en el área de reintegración en el municipio de Anorí, en el noroccidental departamento de Antioquia, donó su primer lote de 1000 mascarillas a las autoridades locales para ser distribuidas entre las comunidades.
Los talleres también están colaborando con gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales para proporcionar mascarillas a las poblaciones más vulnerables, al tiempo que ayudan a que su producción sea sostenible.
La Misión de la ONU dice que trabaja con el gobierno y los desmovilizados de las FARC “para evitar que la incertidumbre causada por la pandemia socave el difícil progreso en la reintegración y el proceso de paz, pues antiguas zonas de conflicto aún enfrentan altos niveles de violencia”.
El Consejo Nacional de Reincorporación, instancia creada entre el gobierno y los antiguos rebeldes, ha aprobado proyectos productivos para la reinserción de los exguerrilleros en más de 20 áreas que fueron de combate y están ubicadas en rincones de difícil acceso en la geografía colombiana.
A esas dificultades se agregan la emergencia de la covid-19 y las medidas de confinamiento, que dificultan el acceso a los mercados, la obtención de insumos y otros recursos para las pequeñas empresas rurales y cooperativas de manufactura y ecoturismo, creadas para posibilitar la reinserción de los combatientes.
De allí “la importancia simbólica de iniciativas como los talleres de mascarillas y otros materiales de protección, que validan en compromiso de los ex combatientes con la paz en los territorio, la reconstrucción del tejido social y la convivencia”, dijo el jefe de verificación en la Misión de la ONU, Alessandro Preti.
La gran mayoría de los más de 13 000 miembros de las FARC que entregaron sus armas han permanecido activamente involucrados en programas de reintegración, los cuales “cuentan con pleno apoyo de la comunidad internacional”, subrayó Preti.
El conflicto armado colombiano causó, entre 1958 y 2016, más de 220 000 muertos (unos 178 000 civiles) y forzó el desplazamiento de sus higares y tierras de al menos 7,7 millones de personas, según cifras de la ONU.
Las FARC, creadas en 1964 sobre la base de focos guerrilleros de la década anterior, crearon un partido político con las mismas siglas y representación parlamentaria tras los acuerdos de 2016, aunque algunos de sus responsables y pequeños grupos armados se desmarcaron de esos compromisos.
A-E/HM
