En los últimos meses, se han extendido protestas por toda la región latinoamericana ante las cuales han surgido numerosos intentos por explicar las causas detrás de este descontento social generalizado estando, la mayor parte de ellos, centrados en el papel de la desigualdad social o la corrupción.
Algunos han argumentado acertadamente que existe una «crisis de expectativas», apelando a la paradoja de Tocqueville y, aun cuando estos han sido sin duda algunos de los factores más críticos para que las personas expresen sus frustraciones en las calles, no son necesariamente las únicas causas subyacentes ni menos los factores inmediatos.
Si bien hay pocos datos disponibles sobre el tema, una encuesta reciente realizada por IPSOS nos da más información sobre las fallas de gobernanza que se han hecho evidentes en la región.
En diciembre de 2019, IPSOS realizó una encuesta de líderes de opinión pública sobre «La crisis en América Latina» pidiendo a expertos de distintos países que identificaran las tres principales razones del conflicto actual en la región.
Como muestra este #GraphForThought, mientras los expertos de todos los países clasificaron constantemente a la desigualdad social y la corrupción entre las tres causas principales, dependiendo del país, otros factores también importaron mucho.
Estos otros factores incluyen frustraciones con la incapacidad de los actores para cooperar de manera efectiva o justa en el ámbito de las políticas (debilidad institucional, falta de liderazgo del gobierno en temas y baja valoración del sistema democrático), así como su incapacidad para lograr resultados de desarrollo (desempleo / falta de crecimiento económico, violencia / crimen / narcotráfico y pobreza).
Utilizando el esquema de «ciclo infinito» de gobernanza del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017, podemos ver que estos problemas se relacionan con ambos lados del ciclo: «el juego de las reglas» (donde se desarrollan acuerdos sobre normas de nivel superior que dan forma al ámbito de las políticas públicas) y el «juego de los resultados» (donde se desarrolla la efectividad de las políticas públicas para el desarrollo).
Estos dos ciclos retroalimentan la dinámica de gobernanza a largo plazo al redistribuir entre los actores la capacidad de influir en el sistema. Podemos pensar en este ciclo infinito como una descripción de las formas en que los países pueden procesar las tensiones.
Desde este punto de vista, si reflexionamos sobre los resultados de desarrollo en las últimas décadas en la región, vemos patrones de crecimiento mediocre y lento; vemos persistentemente altos niveles de desigualdad (a pesar de las disminuciones desde la década de 1990); vemos un deterioro del saldo fiscal; vemos altos niveles de vulnerabilidad entre la población (a pesar de la disminución de la pobreza); vemos una creciente concentración de ingresos en la parte superior de la distribución; vemos niveles desproporcionadamente altos de violencia; y una gran población juvenil que necesita oportunidades de empleo.
Por lo tanto, no es sorprendente ver el acuerdo generalizado de los expertos sobre el papel de la desigualdad social en la conducción del conflicto de la región (que va del 52% de expertos en México a 91% en Chile).
Sin embargo, también vemos la importancia de temas como violencia/crimen/narcotráfico en México (43% de expertos), desempleo y falta de crecimiento en Ecuador (38% de expertos) y pobreza en Argentina (30% de expertos).
Ahora, si nos enfocamos en la opinión de los expertos en cuanto a reglas en América Latina y el Caribe, observamos percepciones pobres (y empobreciéndose) sobre la efectividad del gobierno, la confianza en las instituciones y el control de la corrupción.
Como era de esperar, vemos un acuerdo generalizado entre los expertos sobre el papel de la corrupción en el origen del conflicto en la región (que va desde 40% de los expertos en Brasil a 91% en Colombia).
Sin embargo, también vemos la importancia de temas como la debilidad institucional en Perú (37% de los expertos), la falta de liderazgo gubernamental en temas en Colombia y Chile (22% y 29% de los expertos, respectivamente) y la falta de respeto por el sistema democrático en Bolivia y Brasil (59% y 37% de expertos, respectivamente).
Tener presente la interacción entre los resultados y las reglas puede ayudarnos a comprender mejor algunas de las dinámicas de largo plazo detrás de los disturbios sociales de la región.
Si miramos el caso de Chile, por ejemplo, podemos interpretarlo de alguna manera como una crisis de expectativas generada por las brechas entre estos dos juegos.
Del lado del «resultado», Chile experimentó altos niveles de crecimiento y una expansión de la clase media, en un contexto de desigualdad persistente. Del lado de las «reglas», estos cambios fueron acompañados por nuevas expectativas para una mejor gobernanza y mejores servicios.
En este contexto, las protestas que piden repensar fundamentalmente la constitución pueden interpretarse como una demanda donde resolver el conflicto a nivel de resultados a través de una solución de política pública no es suficiente, sino que también debe resolverse a nivel de las reglas.
Ya sea que se interpreten las protestas a través de la lente de resultados o reglas, emerge claramente un mensaje: este es un tema de gobernanza como factor subyacente (en el que la ideología no juega un papel obvio) y refleja la creciente frustración sobre la concentración de los frutos del desarrollo y del poder.
Como mostré en un #GraphForThought anterior, la proporción de la población en la región que cree que su país se gobierna en pos de los intereses de unos pocos grupos poderosos está en su punto más alto desde que se hace la encuesta.
Las demandas derivadas de este sentimiento se reflejan sucintamente en una frase que ha sido vista en múltiples carteles de protesta y muros de grafiti en toda la región: «No somos ni de izquierda, ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba».
En esencia, los disturbios sociales en la región reflejan una frustración con la captura de la élite que socava la efectividad de la gobernanza.
Para fomentar dinámicas de gobernanza virtuosas a largo plazo en la región es fundamental que fortalezcamos los cimientos de las «democracias representativas» (a diferencia de lo que Guillermo O’Donnell llama «democracias delegativas»).
Si bien los países de la región han experimentado una «primera» transición institucional de regímenes autoritarios a democracias delegativas, no todos los países han experimentado con éxito una «segunda» transición para convertirse en democracias totalmente representativas.
La diferencia crítica está en que en la primera prima el establecimiento de un mecanismo de responsabilidad vertical (en el que los gobiernos son elegidos democráticamente por el pueblo) y en la segunda prima el fortalecimiento y consolidación de los mecanismos de responsabilidad horizontal (en los que los sistemas de control y equilibrio se institucionalizan efectivamente dentro del gobierno).
Sin una mayor capacidad de rendición de cuentas en el horizonte, los países de la región podrían seguir conflictuados con el procesamiento eficaz de las tensiones sociales, económicas y políticas emergentes.
RV: EG
