La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que las protestas que se registran en muchos países se alimentan de la desigualdad profunda que prevalece en las sociedades de hoy.
En dos comparecencias ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las garantías fundamentales en el mundo, Michelle Bachelet destacó el jueves 27 a la inequidad como un elemento común que agudiza el descontento y conduce a crisis que socavan tanto esos derechos como la confianza de la gente en los sistemas económicos y políticos cuando las fuerzas de seguridad responden con violencia.
Para Bachelet esta aseveración es particularmente cierta en el continente americano, donde citó ante el Consejo, en Ginebra, los casos de países en los que su Oficina no tiene mandato, pero cuya situación es preocupante.
Atropellos contra manifestantes en Chile y Ecuador
En esta categoría se encuentran Chile y Ecuador, dos naciones en las que hace falta “garantizar la rendición de cuentas por la violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones”, subrayó, agregando que es urgente abordar el origen de esas protestas: las grandes desigualdades.
Recordó que su Oficina ha emitido para los Gobiernos y la sociedad civil de ambos países una serie de recomendaciones para que tomen un rumbo guiado por el respeto de los derechos humanos.
Persecución de exfuncionarios en Bolivia
En el caso de Bolivia, la funcionaria dijo haber enviado una misión para apoyar los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por superar la actual crisis política y social. “La crisis post electoral del año pasado causó al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos durante los operativos policíacos y militares”, apuntó.
Asimismo, expresó preocupación por las decenas de exfuncionarios del gobierno depuesto y de personas relacionadas con éste que ahora son perseguidas.
Ataques a activistas e indígenas en Brasil
Con respecto a Brasil, Bachelet se refirió a los ataques contra defensores de derechos humanos, que incluyen asesinatos selectivos de líderes indígenas, explicando que los crímenes ocurren en un entorno de retrocesos de políticas de protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.
“Además hay una creciente toma de tierras de indígenas y afrodescendientes y se deslegitima el trabajo de la sociedad civil y los movimientos sociales”, recalcó.
Ambiente y migración en Estados Unidos
Al hablar de Estados Unidos, la alta comisionada citó la reversión de las normativas de protección ambiental, como las de ríos y humedales.
“Los contaminantes sin tratar ahora podrían verterse directamente en arroyos y ríos, poniendo en riesgo los ecosistemas, el agua potable y la salud de la población. Además, los estándares más bajos para las emisiones contaminantes de los vehículos y las menguantes regulaciones para las industrias del gas y el petróleo, podrían dañar los derechos humanos”, sostuvo Bachelet.
Por otra parte, las políticas migratorias restrictivas estadounidenses son motivo de alarma en materia de derechos humanos. “Reducir el número de personas que intentan entrar al país no debería implicar pasar por alto las protecciones de asilo y migración”, enfatizó Bachelet, y añadió que la situación de los niños migrantes detenidos es una causa especial de preocupación.
Continúan las transgresiones en Nicaragua
En el discurso sobre los países con mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (ACNUDH), Bachelet aseguró que desde su informe de septiembre pasado han continuado las violaciones de las garantías fundamentales en un marco político y social “extremadamente complejo”.
Pese a que el gobierno ha mantenido entre sus prioridades el gasto social, la economía se contrajo casi un 6% y la inflación y el desempleo han aumentado, lo que provocó que para el fin de 2019 más de 98000 nicaragüenses hubieran salido del país sin condiciones para un regreso seguro.
Entre las personas que retornaron, muchas recibieron amenazas y acoso, además de que siete fueron detenidas arbitrariamente.
Bachelet detalló que su Oficina ha entrevistado a unas 400 personas que han sido víctimas o testigos de violaciones de las garantías básicas y reportó que las organizaciones que reclaman justicia, verdad y reparación siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones.
“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos pro gubernamentales los atacaron violentamente”, abundó.
Reconoció, por otra parte, la excarcelación con medidas alternativas de 91 personas, pero aclaró que al 13 de febrero 61 nicaragüenses seguían presos por causas relacionadas con las protestas de 2018.
Bachelet instó a las autoridades a liberar a las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar la integridad de los activistas de derechos humanos, así como a respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión.
“Reitero mi llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”, puntualizó.
Altos niveles de violencia en Colombia
Tras alentar al Estado colombiano a implementar todos los puntos del Acuerdo de Paz, la alta comisionada dijo que en 2019 persistieron los altos niveles de violencia en el país, generando violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas 36 masacres.
También insistió en su preocupación por el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. “Insto a que la Fiscalía mantenga la investigación en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.”
Advirtió que la defensa de las garantías fundamentales sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia.
“En 2019, documentamos 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos; al 19 de febrero de este año, mi Oficina confirmó 4 casos y 31 más están siendo verificados. Los números de la Defensoría del Pueblo son aún más altos. La institución documentó 134 casos de homicidios en 2019”, añadió.
Explicó que la mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y que fueron asesinadas por promover la implementación del Acuerdo de Paz en materia de restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos.
“Aliento al Estado a que aborde las causas estructurales de esta violencia, investigue estos ataques y sancione a los responsables -incluido los autores intelectuales.”
Impunidad en Guatemala
“El 2019 estuvo marcado por las elecciones generales que se llevaron a cabo sin incidentes. Sin embargo, retrocesos en la independencia judicial, y en la lucha contra la corrupción y la impunidad, siguieron ocurriendo”, señaló Bachelet al referirse a Guatemala, país donde, según ella, las nuevas autoridades tienen una oportunidad clave para abordar los retos existentes y proteger los derechos humanos.
Bachelet hizo hincapié en los altos y persistentes niveles de desigualdad, discriminación e inseguridad guatemaltecos y saludó el compromiso de las nuevas autoridades de mejorar las condiciones de vida de la población.
Para ese país, llamó a evitar la militarización de la seguridad pública y consideró crucial que el Estado adopte medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Urgió también al respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a la consulta, así como a fortalecer la protección y evitar los retrocesos en la esfera de los derechos humanos.
Bachelet aseveró que garantizar la independencia del sistema de justicia es esencial para asegurar el pleno goce de los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad.
Pobreza, violencia e inseguridad en Honduras
En Honduras se registraron elevados niveles de pobreza, violencia e inseguridad, y el desplazamiento de la población tanto en el interior del país como hacia el norte, indicó la alta comisionada y pidió al Estado garantizar la reintegración sostenible de las personas retornadas y la protección de los migrantes y desplazados.
Bachelet informó que el año pasado su Oficina documentó un aumento de las protestas sociales y llamó al gobierno a adaptar la legislación y los protocolos sobre el uso de la fuerza de acuerdo con las normas internacionales y a aprobar un plan de desmilitarización de la seguridad pública.
Advirtió que es muy preocupante la situación en los centros penitenciarios, donde 60 privados de libertad fueron asesinados, 49 de ellos en diciembre.
Reportó asimismo los ataques a defensores de los derechos humanos y mostró alarma por las comunidades indígenas, donde han ocurrido asesinatos de activistas de la protección de la tierra y el territorio.
Bachelet destacó con beneplácito los avances en la búsqueda de justica relacionada con el asesinato de Berta Cáceres y exhortó a continuar con el proceso hasta establecer la autoría intelectual del crimen.
Próximo informe sobre Venezuela
Para concluir su repaso de América Latina, la alta comisionada anunció que el 10 de marzo hablará sobre Venezuela, adelantando que se han puesto en marcha las actividades del Plan de Trabajo de cooperación técnica establecido con el Gobierno.
“Agradezco el espacio operacional hasta ahora garantizado a mi Oficina. Es vital que en los próximos meses podamos avanzar hacia el establecimiento de una Oficina de país, según mi mandato global de promoción y protección de los derechos humanos”.
Finalmente, Bachelet reclamó al gobierno de Nicolás Maduro la liberación incondicional de todos los presos políticos. Su Oficina ha podido documentar más de 130 casos de violaciones de los derechos humanos a reos.
Este artículo fue publicado originalmente por Noticias ONU.
RV: EG
