El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está sumergido en un proceso para modernizar las salvaguardias sociales y ambientales que rigen el financiamiento de proyectos, consideradas vitales para la construcción de una infraestructura sostenible en la región latinoamericana.
La participación de las organizaciones sociales y las comunidades locales en el análisis de los proyectos, divulgación de información, perspectiva de género y enfoque de crisis climática, aparecen como un gran reto en ese proceso de reforma de las salvaguardias sociales y ambientales.
El BID, con sede en Washington, iniciará en enero las consultas regionales con organizaciones de la sociedad civil para modernizar los estándares de esas salvaguardias, aprobados entre 1998 y 2010, después de que el 15 de octubre cerró los debates sobre los parámetros de su filial BID Invest, dedicada al financiamiento privado.[pullquote]3[/pullquote]
Vanessa Torres, subdirectora de la colombiana Ambiente y Sociedad, dijo a IPS que una coalición latinoamericana de oenegés y las comunidades locales pidieron un tiempo adecuado para la articulación de las posturas e intercambio y estudio de la información.
“Es necesario informar a las comunidades afectadas por los proyectos para que participen.
Es un proceso positivo, porque el banco ha sido muy abierto, pero estamos a la expectativa de qué se incluyó en el borrador”, declaró la abogada ambientalista.
El BID, presidido por el colombiano Luis Moreno, difundiría el borrador a finales de noviembre y escenificará en 2020 consultas en Argentina, Panamá, Jamaica y Perú. En septiembre de ese año, el Directorio Ejecutivo del banco, integrado por 14 representantes de varios bloques de países, recibirá la versión final y el plan de aplicación.
Entre otras medidas, al final del proceso, como política ambiental y social en el financiamiento de proyectos, el BID adoptaría los ocho principios de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama de crédito privado del Banco Mundial, sobre temas como impactos ambientales, asuntos laborales, conservación de biodiversidad y pueblos indígenas, e incorporaría enfoque de género y participación de interesados y divulgación de información.
La institución multilateral plantea tener un marco de política integrado, con un enunciado socioambiental y 10 normas técnicas para la gestión de los riesgos ambientales y sociales.
“Habrá posibilidad de actualizar los riesgos y comentar sobre la sustancia. Será necesario adaptarlos a las características de la región. Aún no conocemos el borrador de la actualización. Nuestra preocupación es que no se diluyan cosas sustanciales, que ya están en las salvaguardias actuales”, comentó Carolina Juaneda, consultora para el Programa de América Latina del no gubernamental Centro de Información Bancaria, con su sede principal Washington.
La actual Política de Medio Ambiente y Salvaguardias Ambientales del BID consta de requisitos ambientales, de reasentamiento de población, de gestión de riesgo de desastres, igualdad de género, pueblos indígenas y acceso a la información.
En 2018, el BID aprobó 96 proyectos con garantía soberana (compromiso del Estado de su pago) por un monto superior a 13 500 millones de dólares, mientras que los desembolsos para préstamos con garantía soberana totalizaron 9 900 millones.
En consecuencia, el banco considera las iniciativas bajo riesgo alto, sustancial, bajo y mínimo en cuanto a su sostenibilidad ambiental y social. En 2018, ocho por ciento de los empréstitos concedidos implicaron riesgo alto, 24 por ciento de orden sustancial, 31 por ciento bajo y 37 por ciento moderado, según el Informe de Sostenibilidad 2018.
Cortesía Fiscalía General de Colombia
Diez por ciento de los proyectos incumplió con los estándares, 20 por ciento se apegó a los lineamientos, 21 por ciento requirió acciones correctivas inmediatas y 49 por ciento presentó respeto parcialmente consistente con los requerimientos.
El BID mantiene activos 2 596 proyectos por 60 801 millones de dólares y de los cuales naciones como Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y México ejecutan la mayoría en áreas como transporte, energía, agua y saneamiento. Además, evalúa 225 emprendimientos por otros 19 786 millones.
Los estragos de la emergencia climática en América Latina y el Caribe, como huracanes más intensos, elevación de temperatura, pérdida de biodiversidad y subida del nivel del mar, implican la construcción de una infraestructura sostenible.[pullquote]1[/pullquote]
Con ese fin, en la actualización de las salvaguardias el BID elaboró ya más de 60 nuevos criterios ambientales, sociales, económicos e institucionales a aplicar en el diseño, construcción, operación y conclusión definitiva de una obra financiada por la institución.
La actualización proviene de las recomendaciones planteadas en 2018 por la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID y que halló que “hasta hace poco un gran porcentaje de los proyectos del BID revisados” no cumplían plenamente los requisitos iniciales de las salvaguardias antes de la autorización del préstamo y no se atendían durante la ejecución de los emprendimientos.
Las organizaciones involucradas en la actualización ponen de mal ejemplo de infraestructura insostenible la presa de la Central Hidroeléctrica de Ituango, una obra de Empresas Públicas de Medellín sobre el río Cauca, el más importante de Colombia. El BID aportó 550 millones de dólares para el proyecto y administró parte de otros 1 000 millones aportados por otros bancos.
En mayo de 2018, lluvias torrenciales desbordaron el río, lo que provocó el colapso del túnel construido para desviar ese caudal, con deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares, lo que puso una sombra de dudas sobre la sostenibilidad del mayor proyecto hidroeléctrico del país y uno de los mayores de América Latina.
En junio de ese año, 477 residentes de ocho municipipuos del noroccidental departamento de Antioquia solicitaron que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (Mici), ente autónomo del banco responsable de evaluar su desempeño sobre sus estándares, indague si el BID y el BID Invest, su filial de inversiones, respetaron sus propias salvaguardias socioambientales.
El directorio del BID resolvió el 29 de octubre que indagará si BID Invest incurrió en cumplimiento.
Entre 2010 y septiembre último, el Mici recibió 151 reclamos, de los cuales 144 se quejan de la conducta del BID, cuatro de BID Invest e igual número para BID Lab, una plataforma que busca movilizar capital, conocimiento y conexiones para promover la innovación en la región. Se encuentran activos 13, de los cuales siete están en fase de consulta, cinco en verificación y uno en análisis de aceptación.
En 2019, el Mici mantiene abiertos tres casos de Argentina, dos de Brasil y rechazó el registro de dos denuncias de Argentina y Brasil, y una de Barbados, Colombia, Ecuador, Guayana y Paraguay, respectivamente, mientras que declaró inelegible una queja de Chile
Las organizaciones señalan que el marco de sostenibilidad del banco debe incluir una aproximación integral plasmada en la estrategia operativa y en las salvaguardias, con una lista de exclusión de proyectos de hidrocarburos en su portafolio.
El BID tiene activos una iniciativa regional para promover la reducción de emisiones contaminantes y mejoras en eficiencia mediante el uso de gas, un apoyo al sector petrolero de Guyana y otro respaldo al “desarrollo sostenible y responsable” de minería e hidrocarburos en Colombia.
Moreno, quien asumió la presidencia del BID en 2005, concluirá su gestión a mediados de 2020 y quiere cerrar su ciclo con los estándares sociales y ambientales actualizados.
Edición: Estrella Gutiérrez
