Un mes después de que un bombardeo sobre un centro de detención en Libia mató a decenas de migrantes y refugiados y dejó heridos a otras más, encerrados tan solo por huir de la inestabilidad y la violencia de sus países y tratar de encontrar una mejor vida en Europa.
Al finalizar julio, parecía que las potencias mundiales finalmente estaban haciendo un esfuerzo para forzar al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de cumplir su promesa de liberar a los miles de refugiados encarcelados y bajo su control.
En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes 29, representantes de sus 15 miembros se declararon «preocupados por la situación de los refugiados y migrantes» en Libia, y manifestaron que estaban prontos para tomar medidas al respecto, aseguró su presidente de turno, el peruano Gustavo Meza-Cuadra.
Previamente, los diplomáticos escucharon al representante especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, quien dijo que el baño de sangre del 3 de julio en las instalaciones del centro de detención de Tajura, a escasos kilómetros de Trípoli, era un episodio que debería convencer al GNA de la necesidad de cerrar esas instalaciones de una vez por todas.
«Lo que se requiere es que sean cerrados» esos centros, dijo Salamé durante su participación por videoconferencia desde Trípoli.
“Urjo al Consejo a llamar a las autoridades en Trípoli a tomar la decisión estratégica de liberar a los detenidos en esos centros”, conminó el también jefe de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia.
Poco se ha hecho para mejorar la situación de los migrantes confinados en 34 centros del GNA, un mes después del ataque aéreo contra el de Tajura, que mató a 53 detenidos e hirió al menos a 87 más, en su mayoría africanos subsaharianos, arrestados al atravesar Libia en ruta al mar Mediterráneo, el último y peligroso obstáculo en su gran objetivo de llegar a Europa.
El GNA prometió cerrar el centro de Tajura tras quedar prácticamente destruido por el bombardeo, adjudicado a las milicias rebeldes del Ejército Nacional Libio (ENL), comandadas por el general Khalifa Haftar, que encabeza un gobierno paralelo en la ciudad de Bengasi y que desde abril mantienen una gran ofensiva para tomar Trípoli.
Pero en una burla a esa promesa, los responsables de los centros de detención llenaron el hangar bombardeado, instalado dentro de una base militar, con unos 200 nuevos inmigrantes, refugiados y soliciantes de asilo, tras el ataque perpetrado la madrugada del 3 de julio, hora de Libia.
Para empeorar las cosas, los nuevos detenidos incluyen a migrantes que fueron recogidos por la guardia costera de Libia después de que su precaria embarcación volcó en el Mediterráneo el 25 de julio, una catástrofe en que murieron hasta 150 pasajeros, según datos de Acnur.
Unos 5.000 refugiados y migrantes están detenidos en instalaciones bajo el control del GNA o grupos aliados, dijo Salamé. Unos 3.800 de ellos estaban en la primera línea en los combates por el control de este país del norte de África, sumido en una turbulenta anarquía.
Salamé, un diplomático de origen libanés, también criticó a la Unión Europea (UE) por financiar un plan que entrega a la guardia costera libia la labor de interceptar las embarcaciones con migrantes en el mar y devolverlos al país, para ser llevados a centros como el de Tajura.
Detalló que este año unos 4.500 refugiados y migrantes llegaron a Libia y corren el peligro de ser detenidos arbitrariamente o perecer en los enfrentamientos.
“La comunidad internacional puede evitar otra tragedia. Conmino a los países europeos a responder a los reiterados llamados del secretario general (de la ONU) a que revisen sus políticas y ubiquen a los migrantes y refugiados en un lugar seguro”, concluyó.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones humanitarias han criticado también al bloque europeo por su hipocresía de condenar los malos tratos a los migrantes por parte de Libia y al mismo tiempo financiar y apoyar las medidas que conducen al abuso.
Amnistía ha denunciado las condiciones «totalmente inhumanas» dentro de los encierros de migrantes en Libia, donde los detenidos tienen «poco acceso a alimentos, agua o atención médica» y sufren «tratamiento brutal, tortura, violación e incluso su venta».
John Dalhuisen, un experto regional de la Iniciativa Europea de Estabilidad, está entre quienes consideran a la UE cómplice de las violaciones a los derechos humanos en esos centros, al dificultar a los refugiados y los migrantes salir de Libia y cruzar el Mediterráneo.
«La UE ha respaldado una política que esencialmente equivale a la contención. Ha invertido y capacitado a la guardia costera libia y ha reducido sus propios servicios de rescate en un esfuerzo muy exitoso para evitar que los inmigrantes lleguen a Europa», dijo a IPS.
«Hizo algunos esfuerzos para mejorar las condiciones en los centros de detención libios y asegurar el acceso a ellos para las agencias internacionales, pero con resultados muy limitados», añadió.
Por su parte, un portavoz de la UE dijo a IPS que respalda a la guardia costera de Libia en un esfuerzo por evitar que los refugiados y migrantes perezcan en el mar, pero que el bloque estaba en contra de encerrarlos en territorio libio.
Los organismos de las Naciones Unidas, incluida la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizan acciones de apoyo a los migrantes detenidos e incluso han logrado que algunos sean liberados y devueltos a su país de origen.[related_articles]
Tras su evaluación, un grupo de ellos han obtenido refugio en países europeos, otros se han establecido en otros países africanos, como Níger. Pero son medidas que no pasan de una especie de bandita para curar una gran herida, porque la ONU calcula que hay al menos medio millón de migrantes y potenciales refugiados en territorio libio.
Judith Sunderland, directora asociada de HRW para Europa, reafirmó que los esquemas de reasentamiento de Acnur tienen “carácter limitado” y están llenos de obstáculos, y en pocos casos representan «soluciones a largo plazo», una vez terminados los plazos de estancia temporal en Níger.
«El programa del Acnur para evacuar de Libia a los solicitantes de asilo y los refugiados se ve gravemente perjudicado por el bajo número de compromisos de reasentamiento por parte de los países europeos y el lento ritmo del reasentamiento real de los pocos procesados», dijo a IPS.
La situación se complica por la persistente turbulencia en Libia, que vivido pocos periodos sin violencia desde el derrocamiento y muerte en 2011 del presidente Muammar Gadafi, que desencadenó el colapso del país y abrió una guerra civil que prosigue hasta ahora.
Elinor Raikes, directora regional del Comité Internacional de Rescate, un grupo de ayuda que opera en Libia, dijo que encerrar a los migrantes no era un problema solo en el norte de África, sino parte de un fenómeno global antiinmigrante.
«La detención arbitraria no es solo una respuesta a la búsqueda de seguridad, sino que países de todo el mundo, incluidos Europa y Estados Unidos, participan en una tendencia profundamente preocupante», remarcó Raikes a IPS.
«El arresto y confinamiento se ha convertido en una forma de gestión de fronteras, y esto ha significado que miles de personas sean interceptadas en el mar y en tierra y luego detenidas en condiciones de vida inadecuadas, a menudo en celdas superpobladas con riesgo de enfermedades e infecciones, entre otros problemas», añadió.
T: MF
