Las poblaciones rurales e indígenas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras están cada vez más en movimiento, ya sea desplazándose internamente o migrando hacia otros países.
Pero el foco mediático no se pone sobre estas poblaciones, que permanecen olvidadas, mientras los embates del cambio climático les fuerzan a abandonar sus lugares de origen, lo que se suma a otras causas expulsoras tradicionales en los espacios rurales centroamericanos.
La reducción de las tierras de cultivo y la falta de fiabilidad de las cosechas debido a sequías e inundaciones, llevan a las familias campesinas de los países centroamericanos a la inseguridad alimentaria y económica, que las fuerza a migrar.
«En general, podemos decir que la mayoría de los migrantes rurales son personas pobres, pero a menudo no son las más pobres, porque estas últimas no pueden pagar los costos significativos de estos viajes», indicó a IPS Ricardo Rapallo, oficial sénior de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2000 y 2010, la cantidad de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras aumentó en un promedio del 59 por ciento y la cantidad de inmigrantes en situación irregular detenidos en Estados Unidos pasó de 50.000 en 2010 a más de 400.000 en 2016.
Elizabeth Kennedy, investigadora en Honduras de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que «cuando hablamos sobre el cambio climático, tenemos que pensar en los factores históricos y sociales que dejan a ciertos grupos más afectados que otros”.
Para la activista en temas humanitarios, son los productores de la agricultura de sobrevivencia y los dedicados a la pesca artesanal quienes resultan más maltratados por los eventos climáticos, porque son los que viven en las zonas más vulnerables.
«Comprender que los más afectados son indígenas es crítico”, porque hasta ahora ellos no han sido parte del debate sobre los impactos del recalentamiento planetario, “y debe serlo”, planteó Kennedy.
Hasta ahora, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no etiqueta a los forzados a emigrar debido al cambio climático como “refugiados climáticos”, aunque ya son muchas las organizaciones y comunidades afectadas que lo demandan.
Un cambio en esa dirección, que es mucho más que de lenguaje, requeriría un acuerdo entre los Estados miembros que altere la definición de refugiados, que actualmente se circunscribe en dentro de la ONU a «alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a la persecución, la guerra o la violencia».
También se precisa que un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.
Sin embargo, Kennedy enfatizó que la pertenencia a un pueblo indígena es un factor de protección especial dentro de la ONU, y “esa es una razón para solicitar asilo». Pero advierte que en el caso de la migración desde centroamericana, «muchas personas en Estados Unidos, incluidos los abogados, no son conscientes de que necesitan considerar (el factor de) la inclusión histórica y sistémica».
Agregó que este olvido de los derechos específicos de los indígenas como migrantes “también sucede incluso en Guatemala y Honduras. Esto es de hecho demostrativo de que el Estado no se lo toma en serio».
Los cientistas sociales como Kennedy se sienten frustrados porque ven poca información y pocos programas que ayuden específicamente a los migrantes pertenecientes a los pueblos indígenas y las poblaciones rurales cuyo origen es América Central, una región que aún se recupera de los conflictos armados de los años 80 y 90, en que esos grupos fueron las mayores víctimas.
Muchos migrantes climáticos también quedan fuera del ojo público porque solo se mueven dentro de su propio país y cuando lo hacen a otras naciones, sus orígenes rurales y las razones de su migración quedan diluidos.
«Es importante enfatizar que, incluso si la migración internacional es la que está atrayendo la atención pública y motivando las reacciones políticas, la migración interna es mucho más grande», dijo Rapallo, de la FAO.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó la migración externa en 2015 en alrededor de 244 millones de personas, mientras que la migración interna hasta ese año y desde 2009 se estimó en 740 millones de personas.
Muchas familias que experimentan inseguridad alimentaria envían a un miembro a otro país, para que sea el sostén desde lejos, mientras el resto permanece en el lugar de origen, recordó Rapallo.
Estudios de la FAO evidencian que en el ámbito rural «lo que se ha observado es que los jóvenes representan una parte importante de los migrantes internacionales».
Kennedy reconoció ese fenómeno, pero añadió que también se ha visto un incremento de unidades familiares completas que emigran desde Guatemala y Honduras, lo que a su juicio «muestra que está ocurriendo una migración que supera lo necesario para proporcionar estabilidad económica al hogar».
Rapallo subrayó que “si queremos dar opciones a las personas y generar un impacto positivo en los movimientos de migración, deberíamos trabajar en las causas de esa migración».
Mientras, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha tomado la primera iniciativa política específica para proteger a los migrantes climáticos: la Plataforma para el Desplazamiento de Desastres (PDD).
Un representante de Acnur dijo a IPS que el PDD «promueve desarrollos normativos y no normativos para abordar las brechas en la protección de las personas en riesgo de desplazamiento o que ya están desplazadas a través de las fronteras, dentro de un contexto del cambio climático y los desastres» que el fenómeno genera.
Acnur considera que los Estados miembros y las partes interesadas tendrán la oportunidad de «aportar promesas y contribuciones concretas que promuevan los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y destacarán los logros clave y las buenas prácticas», durante el foro mundial sobre el tema del 17 y 18 de diciembre.
Pero, hasta el momento, no está claro hasta qué punto el PDD ha tenido un efecto en la admisión o protección de los migrantes climáticos.
También podría ser abordado durante la Cumbre de Acción Climática de 2019, que se llevará a cabo en septiembre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luis Alfonso de Alba, enviado especial del secretario general de la ONU para esta cumbre, aseguró a IPS que «esta no es una reunión para realizar negociaciones… Entonces, creo que el tema del lenguaje seguirá siendo un problema para (tratar) los Estados miembros».
«Obviamente estamos tomando en cuenta el impacto del cambio climático en la migración como un tema», pero «no estamos negociando sobre el lenguaje», agregó.
A Kennedy le preocupa que no se está haciendo lo suficiente para atender las razones climáticas de la migración de los indígenas y pobladores rurales centroamericanos. «Necesitan programas específicos, necesitan estadísticas específicas y no se proporcionan», dijo.
Rapallo consideró que “el derecho a migrar también implica el derecho a no migrar. La migración debería ser una opción, pero no la única opción para buscar una vida mejor, o incluso para sobrevivir».
T: MF
