La crisis fiscal colaboró en la elección como presidente de Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero se ha vuelto ahora en una amenaza para su gobierno, al agravar los daños sociales de la recesión económica de 2015-2016, a la que siguió un estancamiento que todavía se prolonga.
Masivas protestas estudiantiles se suceden en las universidades públicas después que el Ministerio de Educación y Cultura les impuso un recorte del presupuesto para gastos corrientes, que varía según las instituciones pero que promedia 28,5 por ciento y alcanza 50 por ciento en las más castigadas.
Esa poda no afecta a los gastos obligatorios, como sueldos, que son los más abultados, por eso se traduce en “solo 3,5 por ciento” del presupuesto total de cada universidad, matizó el ministro Abraham Weintraub, un economista sin experiencia en la gestión en educación, que asumió el cargo apenas el 9 de abril, tras la defenestración de su predecesor por Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero.
Pero la medida se suma a una retención de contingencia aplicada usualmente en el inicio del año, de menor proporción, que afecta al mantenimiento, agua, luz, laboratorios y otros servicios indispensables.
“Es devastador para las universidades, que ya vivían en penuria”, evaluó para IPS Cristovam Buarque, quien fue rector de la Universidad de Brasilia (1985-1989), ministro de Educación (2003-2004) y senador (2002-2018) siempre volcado al tema educacional.
“Será imposible mantener las actividades en el segundo semestre”, advirtieron varios rectores de las universidades federales, que son las financiadas por el gobierno nacional y suman 67 en todo el Brasil, con un total de dos millones de alumnos, en un país con una población de 209 millones.
Los institutos federales, cruciales para llevar al interior de este país de dimensiones continentales la enseñanza técnica secundaria combinada con la universitaria, también perdieron parte de sus recursos, al igual que instituciones que conceden becas para postgrado e investigaciones científicas.
“El norte amazónico será más duramente afectado, porque nuestras universidades están en proceso de consolidación, tienen estructuras más precarias, menos equipos y menos alumnos que los del centro-sur de Brasil”, destacó Marcela Vecchione, del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará.
“Las universidades cumplen acá un papel inductor del desarrollo local, de generación de empleos, sus alumnos están inseridos en la promoción del desarrollo inclusivo, educación y políticas públicas, especialmente ambientales”, explicó a IPS la doctora en ciencia política que coordina en ese núcleo el Programa de Posgrado en Desarrollo Social del Trópico Húmedo.
Brasil vive en este siglo un proceso de interiorización de la enseñanza universitaria, especialmente en la Amazonia y el Nordeste, las regiones más pobres del país, que puede interrumpirse por los recortes presupuestarios.
Los recortes alcanzaron a todos los ministerios, con intensidades distintas, en un total de 30.600 millones de reales (7.750 millones de dólares). El de Educación encabeza la lista con la mayor suma, equivalente a 1.450 millones de dólares, al cambio actual.
Pero los ministerios de Defensa y de Ciencia y Tecnología soportan los recortes más brutales en proporción, 44 y 42 por ciento respectivamente. Será necesaria mucha disciplina para evitar reacciones en el estamento militar, que se queja de escasez de recursos hace mucho tiempo.
También faltarán fondos para reparar y pavimentar carreteras, para construcción de viviendas sociales, saneamiento básico y el censo oficial de 2020, cuya preparación vio reducido su presupuesto en 13 por ciento.
El déficit fiscal, que debe sobrepasar el límite fijado en el presupuesto nacional de este año, obliga a reducir los gastos, justificó el presidente Bolsonaro.
Brasil cuenta desde 2000 con una ley de Responsabilidad Fiscal cuya violación puede costar al mandatario su inhabilitación política, como pasó con sucedió en su segundo mandato a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
El presupuesto de 2019 se aprobó con base en un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2,5 por ciento, y está ahora en revisión, porque ya no se espera que supere 1,5 por ciento y, además, el gobierno sufre una caída aún más fuerte en sus ingresos.
“El odio a la universidad es el verdadero motivo” en el caso de los recortes en educación, cree Buarque, aunque reconoce la gravedad de la crisis fiscal. “A los actuales gobernantes no les gusta la intelectualidad independiente”, reforzó.
Esa es una impresión acentuada por el mismo ministro Weintraub desde su llegada. Nada más asumir el ministerio anunció su intención de reducir cursos de Filosofía y Sociología, por “no ofrecer retorno inmediato a la sociedad, como hacen medicina y veterinaria”. Bolsonaro lo respaldó.
Luego el ministro anunció un recorte de 30 por ciento a tres universidades, porque promueven “el alboroto” y tienen un bajo desempeño. Tras protestas y la información de que las tres están entre las mejores universidades brasileñas, admitió que la medida alcanza a todas las instituciones federales.
Bolsonaro y otras autoridades defienden una “escuela sin partido”, para combatir lo que denominan “marxismo cultural”, supuestamente dominante en la enseñanza. Weintraub lo ejemplificó con la persecución de grupos izquierdistas que dijo haber sufrido en la universidad donde estudió.
Así las medidas en desmedro de las universidades se perciben también como un castigo y el deseo de someterlas a sus creencias.
La mala suerte para Weintraub es que su ministerio batalla con multitudes concentradas en universidades, en general con decenas de miles de estudiantes. Los recortes despertaron un movimiento masivo de estudiantes y científicos.
Su colega del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es también execrado por los ambientalistas, por medidas que apuntan a la demolición de su propio ministerio. Pero la resistencia es dispersa, depende de ocasiones singulares y protestas internacionales, que ya empezaron.
Esas luchas sectoriales pueden acelerar la pérdida de credibilidad del actual gobierno, que ya sufrió una gran erosión en sus cuatro primeros meses, según las encuestas.
El aprieto fiscal ahora anunciado puede ser potencialmente más desestabilizador, al ampliar el descontento. Nuevos recortes están en estudio ante una mayor frustración del crecimiento ya reconocida por las autoridades económicas.
El actual gobierno heredó una economía que creció a un ritmo anual de solo 1,1 por ciento desde 2017, sin recuperarse de la caída de 3,5 y 3,3 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente.
La expectativa de que la confianza en un nuevo gobierno de orientación económica liberal impulsaría una recuperación, no se concretó, al menos por ahora.
La reforma del sistema de previsión social, encarada como el factor decisivo para revertir la situación, avanza entre incertidumbres en sus trámites legislativos. Se teme que los cambios terminen por ser insuficientes para asegurar un futuro equilibrio fiscal.
El índice oficial de desempleo subió a 12,7 por ciento en marzo, lo que se traduce en 13,4 millones de desocupados. La industria sigue perdiendo dinamismo y participación en el PIB.
Los recortes presupuestarios, es el pronóstico generalizado, agravarán ese cuadro.
“No se pude recortar todo, habría que definir prioridades. Reducir inversiones en educación es sacrificar el futuro, cuando se gasta mucho más en subsidios, por ejemplo, a la producción de automóviles, que es solo para el presente”, lamentó Buarque.
Edición: Estrella Gutiérrez
