El presidente Jair Bolsonaro ha hecho méritos para convertirse en el mayor enemigo de la educación en Brasil, en lo que pudiera parecer un intento de suicidio político, aunque sea algo incompatible con el instinto del poder.
Más de un millón de personas salieron a las calles en al menos 200 ciudades del país, el miércoles 15 de mayo, para protestar contra los recortes presupuestarios impuestos a la enseñanza pública, especialmente a las universidades, única medida relevante de su gobierno en el sector desde la toma de posesión el 1 de enero.
Bolsonaro, un político y militar retirado de extrema derecha, reaccionó llamando a los manifestantes “idiotas útiles” y “masa de maniobra de una minoría de listillos”, en declaraciones a periodistas que cubrían su visita a la ciudad estadounidense de Dallas. Militantes ideológicos controlarían las universidades, adujo.[pullquote]3[/pullquote]
Pero, de hecho, el Día Nacional en Defensa de la Educación, una de las más masivas protestas de este siglo en Brasil, no contó con líderes visibles ni una participación ostensible de partidos en su convocatoria y organización.
Carteles improvisados en cartones o tejidos fueron el recurso de expresión gráfica más usado, reflejando la movilización mayoritariamente espontanea de 1,5 millones de personas en todo el país, según los organizadores de la Unión Nacional de Estudiantes, sindicatos y movimientos sociales.
Portar libros fue otra manera común de destacar la importancia de la educación.
“Bolsonaro es enemigo de la educación”, rezaba el cartel de un sindicato de profesores que sintetizó una opinión generalizada entre los manifestantes, coreada en forma diferente durante las movilizaciones.
“Elegir la educación como enemiga del país” fue la decisión del actual gobierno que provocó como respuesta esas masivas protestas, señaló Fernando Haddad, el rival de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018 y exministro de Educación (2005-2012), en un discurso durante la manifestación en São Paulo.
Esa es una orientación peligrosa para cualquier político, que tiende a aislarlo, ante el consenso de que la enseñanza es el factor indispensable e insustituible para el desarrollo y el futuro de la sociedad brasileña.
La presencia de muchos manifestantes ajenos a las escuelas, incluso ancianas que se presentaban como “abuelas de estudiantes”, escenifico el apoyo de la sociedad en general a las inversiones en la educación pública.
En este país de 209 millones de personas, hay 67 universidades federales estatales, con dos millones de estudiantes. A ellas se suman otras universidades públicas financiadas por los gobiernos de los estados, para alcanzar un total de ocho millones de estudiantes universitarios en centros del Estado.
En 2018, Brasil tenía 48,5 millones de estudiantes en la enseñanza básica (primaria y secundaria), según el censo escolar. De ese total, 73,5 por ciento estudiaban en escuelas públicas, municipales o estadales, siendo un gran elemento de democratización y de ascensor social en el país.
Mapa teñido de movilizaciones
En Fortaleza, capital del nororiental estado de Ceará, la movilización empezó temprano con estudiantes bloqueando avenidas.
“Participaron no solo profesores, alumnos y funcionarios de universidades, sino exalumnos, sindicalistas, políticos opositores. No se puede denominarlo un movimiento de minoría, sino una nación en defensa de su enseñanza pública”, definió a IPS la periodista Maristela Crispim, fundadora de la agencia Eco Nordeste, especializada en la sostenibilidad.
São Paulo, la mayor metrópoli brasileña, de 12 millones de habitantes que suben a 22 millones si se suma su área metropolitana, reunió 500.000 manifestantes en su avenida Paulista, el centro financiero nacional y escenario usual de las mayores manifestaciones políticas y fiestas populares en Brasil.
En Río de Janeiro concurrieron cerca de 150.000 personas, según el Sindicato de Profesionales de la Educación.
Pero también pequeñas ciudades diseminadas por este país de dimensiones continentales tuvieron su jornada en defensa de sus escuelas y universidades públicas.
Muzambinho, una ciudad de solo 20.000 habitantes en el suroriental estado de Minas Gerais, movilizó sus estudiantes por segunda vez en 10 días, para reclamar la estabilidad financiera de su Instituto Federal que tiene un campus con seis cursos universitarios.
“Esta vez vino menos gente”, se lamentó con IPS desde esa ciudad la estudiante de veterinaria Tereza Camargo Pezzuti. Presentaciones musicales y de danza atrajeron la población local que también puso conocer muestras de los trabajos científicos de los estudiantes.
#Antieducación ideológica
La etiqueta de “antieducación” puesta a Bolsonaro no deriva solo de los recortes presupuestarios, que el ministro de Educación y Cultura, Abraham Weintraub, trató de justificar como una necesidad financiera ante la merma de ingresos fiscales, en una audiencia en la Cámara de Diputados, en Brasilia, el mismo 15 de mayo.
Se debe a la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, arguyó en la sesión a que fue obligado a concurrir por decisión de una amplia mayoría de los diputados.
Pero durante la campaña electoral Bolsonaro ya atacaba las escuelas, especialmente las universidades, como foco del “marxismo cultural” y de la “ideología de género”, alegadas perversiones que prometía extirpar en su presidencia.
Era el ambiente, aseguraba, que propiciaba malas costumbres y una formación para convertirse en homosexuales, en desmedro de la familia tradicional y la moral.
Al llegar al poder, nombró como ministro a Ricardo Vélez, un colombiano naturalizado brasileño, graduado en teología y filosofía, con una carrera sin brillo como profesor de universidades privadas y de una escuela para oficiales del Ejército.
En tres meses no logró siquiera componer su equipo ministerial y coleccionó desastres como el anuncio de que los libros didácticos distribuidos por el gobierno serían revisados, especialmente para modificar el dato de que hubo dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985.
Bolsonaro y sus seguidores niegan el carácter dictatorial de los gobiernos militares que abolieron garantías legales, encarcelaron y torturaron miles de personas, suspendieron las elecciones por voto directo de la población.
La medida más autoritaria de Vélez fue instruir las escuelas, mediante una carta formal, para que filmasen los alumnos en formación militar y cantando el himno nacional, y enviasen el registro al ministerio.
Tuvo que echarse atrás de inmediato y algunas semanas después fue despedido y sustituido por el economista Weintraub, otro ministro sin conocimientos de gestión educativa, pero sí con larga experiencia en el mercado financiero.
En varias declaraciones dejó claro su aversión a las universidades, por sus malas experiencias como alumno y profesor. Informó que reducirá inversiones en los cursos de filosofía y sociología, porque no producen retornos concretos como veterinaria, ingeniería y medicina, un criterio refrendado por Bolsonaro.
El anuncio de los recortes presupuestarios sonó también idiosincrático. Empezó por decir que solo tres universidades sufrirían reducciones de 30 por ciento en el presupuesto de gastos corrientes, que no incluyen sueldos.
“Alboroto” y malos resultados serían las causas del castigo. Tras reacciones negativas, incluso con datos comprobando que las tres universidades están entre las mejores del país, el ministro anunció que el recorte se aplicaría a todos los centros superiores.
En sus críticas a las universidades públicas, Bolsonaro insiste en otra falsedad, al asegurar que casi no realizan investigaciones, cuando en realidad 90 por ciento del total que se realizan en los centros superiores las realizan las financiadas por el Estado.
Weintraub, ahora, pasó a enfatizar que el gobierno pretende dar prioridad a la enseñanza básica y preescolar, aunque también esas áreas sufrieron recortes, aunque menores.
Sus explicaciones a los diputados generaron críticas y la convicción de que no hay en ralidad una política educativa en marcha.
La pérdida de ingresos fiscales se debe en gran parte al propio gobierno actual. Las previsiones apuntaban un crecimiento económico de 2,5 por ciento este año, impulsado por la confianza de los inversionistas en la nueva gestión.
Peleas internas entre gobernantes, la vuelta atrás en muchas medidas visiblemente inadecuadas y prioridades basadas en creencias y paranoias del presidente y varios de sus ministros resultaron incertidumbres, incluso en la aprobación parlamentaria de la reforma previsional considerada clave para la recuperación económica.
Hoy nadie espera más que 1,5 por ciento y muchos economistas hablan de cerca de uno por ciento, índice similar al registrado en 2017 y 2018.
Además el gobierno desató otras batallas que movilizan opositores.
“Menos armas, más libros” y “Nuestra arma es la educación” decían carteles en las manifestaciones pro educación.
Se referían al decreto presidencial que amplió a unos 19 millones de brasileños la posibilidad de portar armas en las calles, una amenaza de más violencia y muertes en un Brasil que ya registra más de 60.000 asesinatos anuales.
Edición: Estrella Gutiérrez
