Inusual alianza en Cuba contra la violencia sexual infantil

Las psicólogas Valia Solís (I) y Rocío Fernández brindan apoyo especializado a Algeldris Pérez y su hijo adolescente, presunta víctima de agresión sexual hace tres años, pero que solo lo contó ahora. Tanto ellos como la pareja de ella, con quien se confió el adolescente, reciben respaldo en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de la ciudad de Cárdenas, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
Las psicólogas Valia Solís (I) y Rocío Fernández brindan apoyo especializado a Algeldris Pérez y su hijo adolescente, presunta víctima de agresión sexual hace tres años, pero que solo lo contó ahora. Tanto ellos como la pareja de ella, con quien se confió el adolescente, reciben respaldo en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de la ciudad de Cárdenas, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El habitual bullicio de los niños y niñas que suelen jugar por los vecindarios cubanos, se apagó en una parte del barrio de la ciudad de Cárdenas, donde vive la familia formada por Mayelín Cuéllar y Miguel Ángel González, desde que denunciaron a un vecino por la presunta violación de su hijo.

Atribulada por la dura situación que atraviesa, Cuéllar teme que “pasará mucho tiempo para que el niño salga de todo esto y vuelva a ser como antes”, dijo a IPS en la sede del no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD), en esta ciudad a 150 kilómetros al este de La Habana.

Esta familia, que asegura no profesar ninguna religión, recibe el acompañamiento especializado del CCRD, que mantiene desde 2014 una inusual alianza con la Dirección de Menores de la policía en la provincia de Matanzas, adonde pertenece Cárdenas, en los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.

Tal vez esta alianza entre sociedad civil y autoridades sea única en el país de gobierno socialista, que a finales de los años 80 permitió algunas oenegés como el CCRD, pero donde todavía hoy los activistas critican la incomprensión y escasas vías para el crecimiento legal de las iniciativas ciudadanas, en especial de derechos humanos.

La iniciativa constituye una muestra del espacio social ganado por las comunidades religiosas, en un país donde el vínculo entre las iglesias y el Estado todavía se reconstruye desde que en 1992 el Estado cubano dejó de ser ateo y pasó a ser laico, un estatus que mantiene la nueva Constitución vigente desde este 10 de abril.

“Como el niño iba solo a la escuela, no pensé que algo así pudiera pasarle con el vecino más cercano y en nuestra casa”, continuó la madre, entre lágrimas, sobre el abuso sexual del que su hijo fue presunta víctima hace tres años, cuando el hoy adolescente tenía 11 años.

González no es padre biológico del chico, pero cuida de él desde que era muy pequeño. “Fue a mí a quien se lo confesó, que el vecino había abusado de él. Es un niño con capacidades especiales y viendo un programa de televisión extranjero, se dio cuenta del problema”, contó González, que asiste junto a su esposa a las consultas del CCRD.

El hoy adolescente le detalló la agresión en su contra y tras ello la madre interpuso una demanda el 3 de abril, tras lo que se abrió el procedimiento y se realizaron los peritajes al chico. La pareja tiene dos hijos cada uno de anteriores relaciones, pero los demás son ya mayores y solo la presunta víctima vive con ellos.

“Ojalá en la televisión cubana pusieran casos de ese tipo y permitieran alumbrarlo más a uno”, opinó el transportista privado de esta ciudad, donde como en el resto del país el tema de la violencia sexual contra menores de edad constituye un tabú y algo que muchas familias ocultan por prejuicios y vergüenza.

La psicóloga Maidenys Aguerrebere orienta a Miguel Ángel González y Mayelín Royal, una pareja que aguarda el juicio contra el supuesto violador de su hijo, de 14 años, en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en la ciudad de Cárdenas, en el oeste de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
La psicóloga Maidenys Aguerrebere orienta a Miguel Ángel González y Mayelín Royal, una pareja que aguarda el juicio contra el supuesto violador de su hijo, de 14 años, en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en la ciudad de Cárdenas, en el oeste de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En el “Informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas”, que el gobierno realiza usualmente cada año, las autoridades informan desde 2013 los casos de abuso sexual contra menores de edad, como parte de su política de tolerancia cero sobre el delito.

Las últimas cifras disponibles revelan que, en 2017, se reportaron 2.019 presuntas víctimas infantiles en el país, de las cuales sufrieron abusos lascivos (985), corrupción de menores (455), violación (293), ultraje sexual (206), pederastia (52), estupro (18) e incesto (nueve). En 2015, el reporte informó de 2.174 niñas y niños supuestamente afectados.

Las sanciones en el Código Penal cubano, vigente desde 1987, condenan estos delitos con agravantes como el grado de parentesco o responsabilidad del victimario con el menor. Las penas van desde multas hasta 30 años de privación de libertad o incluso la pena de muerte, aunque la última ejecución en este país sucedió en 2003.

“Sería importante replicar esta alianza con otras instancias”, conminó la psicóloga Valia Solís, que junto a sus colegas Rocío Fernández y Maidenys Aguerrebere participa en la colaboración iniciada en 2014 con la policía, cuando se comenzó a aplicar una nueva metodología para estos casos.

Las psicólogas participan junto a peritos y otros especialistas en las llamadas exploraciones de las víctimas, que en este caso designan las interrogaciones especializadas, entre cuyos objetivos está no dañar más a niños y adolescentes. Incluso el centro ofrece su sede como espacio amigable a las familias que prefieran hacer esas exploraciones fuera de su casa.

Ellas, al igual que otros especialistas, están obligadas por ley a reportar supuestos delitos que trasciendan en consulta. También reciben citaciones de tribunales penales para testificar como expertas. Por otro lado, las autoridades recomiendan a las familias la consulta especializada del CCRD.

Dos adolescentes juegan con un balón en el parque Antonio Maceo, en el municipio de Centro Habana, uno de los que conforman la capital de Cuba, un país donde el problema de la violencia sexual infantil sigue siendo un tabú y se desconoce la vulnerabilidad de los varones. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
Dos adolescentes juegan con un balón en el parque Antonio Maceo, en el municipio de Centro Habana, uno de los que conforman la capital de Cuba, un país donde el problema de la violencia sexual infantil sigue siendo un tabú y se desconoce la vulnerabilidad de los varones. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Uno de los principales aportes del centro es el acompañamiento especializado a las familias”, consideró Solís, sobre el servicio gratuito que ofrecen a través de la consulta para víctimas de violencia sexual en niños y adolescentes, la que ha atendido de 2014 a la actualidad 156 casos, sobre todo de la provincia de Matanzas.

Muchas familias acuden a esta consulta para recibir tratamiento psicológico y consejo.

“Yo no puedo estar todo el tiempo encerrada en mi casa, tengo que incorporarme al trabajo. Desde lo ocurrido, voy todos los días con el niño a la escuela”, contó Algeidris Pérez, que es la madre de un adolescente que presuntamente fue víctima de ultraje, un delito que consiste en mostrar genitales o realizar propuestas sexuales.

A comienzos de abril, Pérez envío a su hijo, de 14 años, a realizar una compra en una tienda cercana a su casa en el balneario internacional de Varadero, en Cárdenas. El adolescente no encontró allí el encargo y, sin pedir permiso, fue a otro comercio más alejado, donde sucedieron los supuestos hechos detectados por la policía.[related_articles]

“Ahora el niño se mantiene muy tranquilo, aunque siente un poco de vergüenza por haberme desobedecido y teme por lo que pueda pasar en el barrio, por los comentarios”, continuó preocupada Pérez, quien se declara fiel de la Iglesia evangélica y asiste junto a su hijo a la consulta del CCRD.

En su caso, aumenta el estrés porque el supuesto agresor salió bajo fianza y Pérez asegura que ha proferido amenazas y llama a su hijo mentiroso.

Sin dudar, la psicóloga Maidenys Aguerrebere promueve que la primera frase que debe escuchar un menor de edad supuestamente víctima de violencia sexual es “yo te creo”, sobre todo de la persona a la que se acerca para contarle su problema. Por ello, llamó a capacitar en ese sentido a las familias, personal de la salud y docentes.

“En la mayoría de los casos, las personas violentas mantienen hacia la sociedad una imagen de mucha corrección”, subrayó la experta sobre crímenes que suelen ser cometidos por personas cercanas a los menores de edad, aunque los adolescentes son vulnerables a personas desconocidas por la familia.

Una joven vendedora en una tienda que vive y trabaja Cárdenas también se atiende con Aguerrebere. “Cuando uno tiene hijos, sobre todo hembras, no puede dejárselas a otras personas”, contó esta madre sobre su niña de cinco años, que fue una supuesta víctima de abusos lascivos por parte de un pariente cercano.

“Muchas veces se piensa que el abuso sexual es solo contra las niñas. Son más los casos de niñas, pero últimamente aumentaron los varones”, explicó la psicóloga Rocío Fernández. “Este fenómeno pasa en todo tipo de familias, sean o no disfuncionales”, desmitificó.

Edición: Estrella Gutiérrez

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe

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Electrificación: los desafíos y la ‘letra chica’ de la propuesta estrella de la COP31 ANTALYA, Turquía – A un día del cierre oficial de la COP31, las discusiones siguen estancadas en temas claves, como el financiamiento, el mecanismo de transición justa y la meta de aumentar la participación de la electricidad en la demanda final de energía, de poco más de 23 % actual a 35 % para 2035, una iniciativa emblemática de la presidencia de la cumbre climática, como parte de la Agenda de Acción. Si bien la denominada meta “35 al 35” no forma parte de las negociaciones formales, la presidencia de Turquía y Australia han apostado por impulsar este compromiso y buscar que sea incluido en la “decisión de portada” (cover decision), un documento político general de la cumbre que recoge los principales mensajes, prioridades y acuerdos alcanzados. Este 19 de noviembre, se presentó el segundo borrador de la decisión de portada, donde la meta de 35 % se mantuvo, pero bajo una lista de áreas de “cooperación global” y sin ninguna alusión a la palabra “limpia”. Además, el texto no menciona la decisión de abandonar los combustibles fósiles –establecida en la COP28– ni la hoja de ruta de transición presentada por la presidencia de la COP30. La presidencia de la COP31 anunció que recogerá los comentarios de los países y seguirá trabajando para alcanzar un consenso. La segunda versión difiere del primer borrador, publicado el 16 de noviembre, donde se llamó a los países a contribuir al esfuerzo global de llevar la electricidad al 35% del consumo final de energía en 2035 y acelerar la transición mediante “una mayor electrificación limpia”. Aunque el mismo párrafo sostenía que la electrificación aporta beneficios “independientemente de la matriz eléctrica”, es decir, aunque esa electricidad provenga del carbón o el gas. 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Hasta el cierre de esta edición, la meta 35×35 sumaría 75 adhesiones, según la agencia nacional de noticias de Turquía, aunque aún no existe una lista oficial de adherentes Entre los países que han expresado su respaldo figuran Etiopía, Kenia, Uganda, Togo y Zambia, además de los 27 miembros de la Unión Europea. De América Latina figuran países como Chile y Uruguay. Desde Antalya, la ministra del Medio Ambiente de Chile, Francisca Toledo, confirmó el respaldo del país sudamericano a este compromiso global: “Es una señal relevante y consistente con los avances que ha desarrollado Chile en esta materia en los últimos años. Por eso, como país, hemos decidido suscribir este compromiso global”.  Chile planteó a la Presidencia de la COP31 una serie de aspectos que considera fundamentales, como avanzar en la descarbonización de la matriz energética, reconocer las circunstancias nacionales, y los beneficios climáticos y económicos de electrificar “los distintos sectores de la economía cuando este proceso avanza en paralelo con una generación eléctrica cada vez más limpia, basada en energías renovables”. Cabe destacar que la meta de alcanzar una electrificación del 35% para 2035, junto con los objetivos ya existentes de duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables, son consideradas como claves para una transición alineada con el objetivo de limitar el calentamiento global al 1,5 °C. Esto ya que la electrificación puede reemplazar el uso de combustibles fósiles, mientras las energías renovables proporcionan electricidad limpia y la eficiencia reduce la cantidad de electricidad necesaria.  “La electrificación es un tercer pilar de la transición energética, junto con las energías renovables y la eficiencia energética. Los objetivos de la COP28 de triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar el ritmo mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030 ayudan a crear las condiciones para una electrificación limpia”, explica Judit Hecke, codirectora de Responsabilidad Global en el NewClimate Institute y miembro del equipo de Climate Action Tracker, especializada en la transición energética con énfasis en la electrificación. La electrificación también se vincula con la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles (TAFF), presentada por la presidencia brasileña de la COP30, que aborda cómo la aceleración de la electrificación, junto con la electricidad renovable, combustibles sostenibles y otras soluciones energéticas, sienta las bases para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Si estos esfuerzos se llevan adelante por separado, la capacidad renovable puede expandirse mientras el uso de petróleo en el transporte continúa aumentando, o la creciente demanda de electricidad puede prolongar el funcionamiento de las centrales de carbón y gas fósil”, asegura Pablo Blasco Ladrero, analista de políticas climáticas y energéticas en el NewClimate Institute y miembro del equipo del Climate Action Tracker, especializado en indicadores sectoriales alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En su reciente informe, Climate Action Tracker describe la meta 35 al 35 como un hito importante, pero no como el destino final. Blasco Ladrero detalla que “en las trayectorias alineadas con 1,5 °C que evaluamos, la electrificación directa alcanza entre el 34% y el 41% en 2035. Esto sugiere que la meta 35 para 2035 es la adecuada, pero debería considerarse más como un piso de ambición que como un techo”. Según Climate Action Tracker, alcanzar la meta requeriría que la participación de la electricidad aumentara casi cuatro veces más rápido que su ritmo histórico. Las políticas actuales la situarían en torno al 28% en 2035, siete puntos porcentuales por debajo del objetivo. Para 2050, se proyecta una participación de entre el 54% y el 68%, lo que exigiría seguir transformando el transporte, los edificios y la industria, junto con descarbonizar el suministro eléctrico. “La prueba práctica para la ambición de la COP31 es si los gobiernos la traducen en planes nacionales que vinculen las metas sectoriales de electrificación con el despliegue de generación renovable, las medidas de eficiencia, la inversión en redes eléctricas y los hitos claros para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Esos planes también deben abordar la asequibilidad y apoyar a los trabajadores y las comunidades afectados por la transición”, agrega Hecke. Electricidad para un mundo en llamas Una de las claves para mitigar la crisis climática es la transición energética, es decir, pasar de un sistema dependiente de los combustibles fósiles a uno basado en energías renovables. Esto no solo implica generar electricidad limpia, sino también reemplazar el uso directo de petróleo, gas y carbón por electricidad de bajas emisiones en sectores como el transporte, la calefacción y la industria. Este proceso, conocido como electrificación, es fundamental para reducir las emisiones en un mundo que está a punto de superar el umbral crítico de 1,5 °C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales. “La electrificación significa reemplazar el uso directo de combustibles fósiles por electricidad para proporcionar servicios como movilidad, cocción de alimentos y calefacción. En los hogares, esto podría significar cambiar las cocinas a gas por cocinas eléctricas, o las calderas a gas por bombas de calor. En el transporte, podría implicar reemplazar los vehículos con motores de combustión interna, que funcionan con gasolina y diésel, por vehículos eléctricos de batería. En la industria, una bomba de calor industrial puede proporcionar calor para procesos que, de otro modo, dependerían de una caldera alimentada con combustibles fósiles”, explica Blasco Ladrero. Línea de transmisión eléctrica – Foto Andrey Metelev / Unsplash.jpg Aunque la electrificación tiene varios beneficios, la investigadora en POLEN Transiciones Justas, Jessica Arias, los resume en dos: “Primero, es la forma más eficiente de consumir energía y necesitamos que el mundo sea cada vez más eficiente para poder aplanar la demanda total y poder empezar a bajar los fósiles. La segunda es que es la única forma de reducir la demanda de combustibles fósiles en el mundo. Es la única, sobre todo en los países en vía de desarrollo”. De esa manera, no solo se reducirían las emisiones que tienen al planeta en jaque. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la electrificación con energías renovables y los cambios en el transporte pueden mejorar la salud, el empleo y la equidad. Por otro lado, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado la segunda gran crisis de suministro energético de esta década, lo que pone de relieve, una vez más, el riesgo de la dependencia de combustibles importados. Hecke puntualiza que “cuando la electricidad se genera a partir de recursos renovables nacionales, la electrificación también puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, la exposición a la volatilidad de sus precios y la contaminación atmosférica”. Electrificar en la práctica: transporte, edificios e industria Una de las principales formas de reducir las emisiones que sofocan al planeta es reemplazar la quema de combustibles fósiles en el transporte, los edificios y la industria con electricidad proveniente de fuentes renovables. De acuerdo con la IEA, el mayor potencial se encuentra en el sector del transporte, impulsado por la reducción del 90% en los precios de las baterías de iones de litio desde 2010. Para hacerse una idea, los autos, motocicletas, camiones y autobuses eléctricos, en conjunto, evitan una demanda de petróleo de alrededor de 2.3 millones de barriles por día. Esta cifra supera la cantidad que evitó el Estrecho de Ormuz a través del oleoducto Habshan-Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos en el verano de 2026, lo que constituyó un salvavidas para los mercados petroleros. Por su parte, los edificios ofrecen un gran potencial para electrificar la calefacción y el calentamiento de agua. El sector ya está bastante electrificado debido al rápido crecimiento de los usos finales que solo funcionan con electricidad, como la refrigeración, los electrodomésticos, los centros de datos y los equipos de tecnología de la información. Pese a lo anterior, las tasas de electrificación son mucho más bajas para la calefacción, que puede satisfacerse con múltiples combustibles contaminantes.  En cuanto a la industria, los sectores clave con potencial de electrificación a corto plazo incluyen al textil, el procesamiento de alimentos, la pulpa y el papel, y parte de la producción de productos químicos. El análisis de la IEA indica que alrededor del 40% del consumo de energía en la industria – ya sea en aplicaciones de baja y media temperatura- puede electrificarse de manera rentable. Esto tiene especial relevancia en América Latina y el Caribe, una región que generó el 65% de su electricidad a partir de fuentes renovables en 2025, muy por encima del promedio mundial, pero que avanza más lento en la descarbonización de los usos finales. Así lo explica Alfonso Blanco, director del Programa de Energía y Clima del Inter American Dialogue y director de Operaciones de Fundación Ivy: “La región ha avanzado más en incorporar generación renovable que en sustituir combustibles en usos finales. Más de la mitad de la electricidad proviene de fuentes renovables, pero representa apenas alrededor de una quinta parte de la energía final utilizada. El transporte sigue dependiendo principalmente del petróleo y persiste el uso directo de combustibles en edificios e industria”. Blanco sostiene que la movilidad eléctrica está creciendo, mientras que las bombas de calor y la electrificación de procesos industriales tienen un desarrollo limitado. “Las principales barreras son la inversión inicial, el acceso al financiamiento, las tarifas subsidiadas de combustibles y las restricciones de las redes”, añade el exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Respecto a la meta 35×35 y los distintos niveles de electrificación en América Latina, Arias sostiene que “cada país y cada región tendría que tener submetas a ritmos distintos”. Para alcanzar el 35% global, explica, los países del Norte global tendrían que superar esa cifra, ya que “a los del Sur global no nos va a dar”. Por ello, espera que la decisión final de la COP31 reconozca que cada país debe establecer objetivos acordes con su punto de partida, sin que todos tengan que alcanzar necesariamente el 35%. En definitiva, se requiere de una serie de factores para potenciar la electrificación, de acuerdo con las realidades de cada país y región del mundo. Pero, como advierte Climate Action Tracker en su reciente análisis, el aumento del consumo de electricidad no significa necesariamente que los combustibles fósiles estén siendo desplazados. “La electrificación será renovable o no será” Una de las principales discusiones en torno al “35 al 35” es el origen de esa electricidad y en qué medida permite sustituir el uso de combustibles fósiles. Recordemos que el petróleo, carbón y gas también se usan para la generación eléctrica. Ese dilema tampoco lo resuelve el segundo borrador de la decisión de portada, publicado por las presidencias de la COP31 este 19 de noviembre. En su párrafo 36, el texto llama a los países a aumentar la participación de la electricidad en el consumo final total de energía hasta el 35% a nivel mundial para 2035, como complemento de los esfuerzos por triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa media anual en la eficiencia energética para 2030, pero no hace referencia a que sea una electrificación basada en renovables.  La misma hoja de ruta de la presidencia de la COP30 indica que la eficiencia de las tecnologías eléctricas de uso final también se mantiene cuando la electricidad se genera en gran medida a partir de combustibles fósiles. Según el documento, esto “sugiere que la electrificación no tiene por qué esperar a la descarbonización del sector eléctrico, y que ambas pueden avanzar en paralelo según las circunstancias nacionales”. Pero, tal como indica un reporte de Climate Analytics, si bien la electrificación puede reducir las emisiones desde ya, incluso con la matriz eléctrica actual, solo logra reducciones de emisiones al ritmo y a la escala necesarios cuando se alimenta con electricidad renovable. De hecho, alcanzar la meta del “35 al 35” sin que toda la electricidad adicional sea renovable agregaría al menos 0,1 °C al calentamiento global a mediados de siglo, lo que aumentaría los impactos climáticos y el riesgo de cruzar los puntos de inflexión. En esa línea, Blasco Ladrero ejemplifica: “Un automóvil eléctrico utiliza mucha menos energía por kilómetro que un automóvil convencional, por lo que el cambio puede reducir las emisiones incluso si la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un argumento a favor de electrificar sin descarbonizar la generación eléctrica: ambos procesos deben ocurrir para lograr las rápidas reducciones de emisiones que se necesitan”. En paralelo, Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina (CAN-LA),  asegura que la discusión en torno al 35×35 ha dejado cosas por fuera, por ejemplo, “cómo se van a trazar rutas de cooperación para ampliar la electrificación a nivel regional. Además, deja por fuera la responsabilidad histórica, de cómo la transición justa o el financiamiento completo para la transición justa no puede salir de quienes han contaminado menos”. Restrepo alerta sobre otro debate que no aparece con frecuencia en las negociaciones o en la Agenda de Acción de la COP: el aumento del consumo de energía. “La gente está consumiendo más, el sector industrial está consumiendo más, los centros de datos están consumiendo más (…). Entonces, cuando hablamos de la electrificación sin hablar de una reducción de la dependencia fósil o de la demanda, lo único que estamos haciendo es añadir energía al sistema y aumentar las renovables, pero porque los fósiles tampoco dan abasto para aumentar tanto la demanda. Si no se reduce la demanda, no vamos a estar transitando. Lo que estamos haciendo es adicionando, pero no transitando”, asegura. Civil society actions throughout the day Photo © UN Climate Change – Kiara Worth.jpg El futuro en la “Era de la electricidad” Según el Foro Económico Mundial, la demanda mundial de electricidad crecería unos 1.100 teravatios-hora anuales hasta 2030, un 50% más rápido que el promedio de la década anterior. Sin embargo, la infraestructura no avanza al mismo ritmo: más de 2.500 gigavatios de proyectos renovables, de almacenamiento y de grandes consumidores siguen a la espera de conectarse a las redes eléctricas. Por ello, existen una serie de condiciones para habilitar la denominada “Era de la electricidad”. “Se necesita planificación que coordine los nuevos consumos y aumento de la demanda con las inversiones en generación, transmisión y distribución. Se deben establecer reglas adaptadas a una nueva era eléctrica no fósil, facilitar esquemas de financiamiento y revisar los incentivos y subsidios que favorecen a los combustibles fósiles frente a tecnologías eléctricas más eficientes. Los permisos de los proyectos de infraestructura habilitante para una mayor electrificación son parte también del camino crítico”, asevera Blanco. Para ello, es fundamental traducir la ambición global del 35×35 en metas sectoriales y nacionales concretas para respaldar el desarrollo y la implementación de políticas domésticas. Para Hecke, “la cifra del 35% es un hito colectivo a escala mundial. Los gobiernos deberían establecer metas nacionales y sectoriales que reflejen su estructura económica y sectorial, la demanda energética prevista y sus prioridades en materia de acceso y asequibilidad de la energía”.  Por ello, desde Climate Action Tracker proponen que los gobiernos evalúen los avances hacia la meta 35×35 a través de cuatro niveles complementarios de seguimiento: primero, medir la participación de la electricidad en el consumo final de energía a escala nacional; segundo, observar cómo evoluciona esa proporción en sectores específicos, como el transporte, los edificios y la industria; tercero, monitorear la incorporación de tecnologías que permiten sustituir el uso directo de combustibles fósiles, como los vehículos eléctricos, las bombas de calor y las cocinas eléctricas; y, finalmente, evaluar si se están expandiendo al ritmo necesario las condiciones que hacen posible esta transición, como la generación renovable, las redes eléctricas, el almacenamiento y la flexibilidad del sistema. Members of civil society demonstrate in the corridors Photo © UN Climate Change – Kubilay Ciftci.jpg De esa forma, una mayor electrificación basada en energías renovables podría reducir costos operativos, emisiones y contaminación, mejorar la competitividad y disminuir la dependencia de combustibles importados. Sin embargo, también requiere una transición justa que considere los impactos socioambientales de la transición y de la extracción de minerales para estas tecnologías. En ese sentido, Blanco subraya que esos beneficios no se distribuyen automáticamente. “Se deben priorizar servicios de alcance colectivo, facilitar financiamiento para hogares de menores ingresos y pequeñas empresas, y asegurar que los ahorros se reflejen en tarifas y costos de los servicios. El acceso a equipos eficientes y a un suministro confiable debe formar parte de la política de electrificación. Todo lo anterior refiere a la necesidad de políticas públicas activas orientadas a la electrificación”, sentencia.

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