Brunéi, el pequeño reino del sudeste asiático en la isla de Borneo, aposentado sobre una gran riqueza petrolera, determinó que sus ciudadanos se enfrentarán con el máximo rigor a la sharía, el conjunto de leyes islámicas que incluye una serie de normas sobre la forma de vida.
El reino decidió, según anunció el 3 de abril, imponer la pena de muerte por lapidación contra la homosexualidad y el adulterio, a pesar de la protesta mundial de los colectivos LGBTI (lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales) y de los defensores de los derechos humanos contra ese bárbaro castigo.
La adopción por Brunéi de la sharía ha sido gradual, en un proceso que comenzó en mayo de 2014. Las fases iniciales abordaron delitos menores como el comportamiento indecente, y luego pasaron a imponer castigos por flagelación y amputación de miembros por delitos como hurto y robo.
Sin embargo, ha habido un silencio mortal en torno a los otros delitos incluidos en las leyes de la sharía. Esto puede obedecer en gran parte al hecho de que la monarquía carece de un seguimiento activo de la sociedad civil, por razones obvias, que analice y genere datos sobre las leyes y políticas del gobierno y critique sus excesos.
El código penal de la sharía fue instituido para reforzar la identidad islámica de esta autocracia donde residen unas 430.000 personas, dos tercios de ellas musulmanas. La introducción de sharía en el pequeño Estado genera escalofríos en toda la región del sudeste asiático, donde crece la aplicación de leyes islámicas.
Ya en la provincia autónoma de Aceh, en Indonesia, las leyes de la sharía se implementan en su totalidad, introduciendo límites a la vestimenta y la movilización de las mujeres e incorporando la flagelación como castigo para una variedad de delitos. En mayo de 2017, dos hombres homosexuales fueron sentenciados a recibir 85 azotes cada uno, después de ser filmados con un comportamiento considerado inmoral por unos vigilantes.
La Región Autónoma en Mindanao , en Filipinas, también espera seguir su ejemplo al instituir alguna forma de sharía, mientras varios estados de Malasia ya han promulgado el código de la sharía, como el sultanato de Kelantán, donde el sistema de azotes se introdujo en 2017.
Las leyes de la Sharia de Brunéi, similares a varios países del Medio Oriente, en particular de Arabia Saudita, cubren una variedad de delitos, muchos de los cuales abordan comportamientos que en la actualidad se consideran del ámbito y el derecho personal.
Estos incluyen las relaciones sexuales consensuales fuera del matrimonio (tanto relaciones prematrimoniales como extramatrimoniales, consideradas como adulterio), relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo (incluidas mujeres, que muestran signos de conducta sexual sin penetración) e intentan cometer adulterio (ejemplo acostarse en la misma cama).
Igualmente suman como delito la proximidad de una persona del sexo opuesto, causando un aborto espontáneo, un embarazo fuera del matrimonio, así como una variedad de delitos que no son delitos, como consumir alcohol y comer en horas diurnas durante el mes de ramadán (ayuno musulmán).
La obsesión del Estado por el sexo y la legislación sexual ha sido perenne. En el desarrollo del pensamiento moderno, la mayoría de estas actividades (calificadas como delictivas por el reino de Brunéi), se consideran parte de los comportamientos privados de los ciudadanos.
Las leyes de la sharía violan los derechos de los ciudadanos a la privacidad, ya que la sexualidad y el comportamiento sexual es un asunto privado. Las actividades sexuales y la orientación sexual de cada persona son determinadas por ella y no por el Estado.
Las leyes de la sharía sirven entonces no solo para imponer la heterosexualidad obligatoria, sino también la sexualidad conyugal, lo que indica la negativa del Estado a reconocer los derechos de los ciudadanos a la privacidad y la autodeterminación en cuestiones de sexualidad.
Además, la carga sobre las mujeres y las niñas se ve exacerbada por tales leyes. Por ejemplo, una mujer musulmana que está embarazada o que da a luz a un hijo fuera del matrimonio es culpable de una ofensa, y puede ser multada con hasta 6.000 dólares y una pena de cárcel de hasta por dos años.
En la mayoría de los países del mundo, el embarazo fuera del matrimonio no es un delito en forma alguna, y los rígidos castigos a una madre no hablan de una justicia con misericordia. Y si una mujer se encuentra con un embarazo no deseado, independientemente del estado civil, no puede abortar fácilmente.
Sea voluntario o involuntario se considera un delito el aborto. Si se produce durante el primer trimestre se califica por la sharía como aborto involuntario y si ocurre durante el segundo trimestre como “aborto involuntario de un feto”.
Una mujer que «intenta interrumpir» un embarazo puede recibir una multa de hasta 8.900 dólares o ser encarcelada hasta por tres años. Una mujer que intenta «abortar a un feto», puede ser multada con una cifra que va de entre 14.700 y 29.500 dólares o ser condenada hasta 10 años de prisión, dependiendo de si ese feto sobrevive un tiempo o no.
Estas son medidas extremadamente duras que no toman en cuenta las situaciones a las que se enfrentan las mujeres y su falta de opciones, dado que los castigos son igualmente severos si deciden llevar a término sus embarazos, cuando ellos se producen fuera del matrimonio.
Varias de estas leyes de la sharía son aplicables tanto a musulmanes como a no musulmanes, y en esto violan la libertad de religión y de creencias al imponer las leyes, creencias y castigos de una religión particular a los no practicantes de esa religión, en la medida en que ellos pueden perder sus vidas por creencias que no tienen.
Los Estados teocráticos aplican insidiosamente los mecanismos del Estado para forzar las creencias religiosas del Estado a todos los ciudadanos, independientemente de su credo religioso. La libertad de religión también debe incluir necesariamente la libertad de tener o o no tener una religión.
Los castigos inhumanos y arcaicos incluidos en el código de la sharía: amputación, azotes, flagelación y la lapidación contradicen el ideal de una justicia moderada por la piedad. Incorporar la virtud de la piedad al imponer un castigo es un elemento crucial para cualquier sociedad, porque significa «indulgencia al infligir un daño, bajo una provocación, cuando se tiene el poder de infligirlo».
Las leyes draconianas solo hieren a la gente. Estas leyes bruneanas de la sharía no son el testimonio de un rigor moral puritano, más bien evidencian el fracaso moral del Estado.
T: EG
