En este municipio fronterizo con Guatemala cientos de centroamericanos están frustrados, viviendo desde hace meses en albergues, porque el gobierno de México les ha negado sus solicitudes para obtener su calidad migratoria de refugiado o una visa humanitaria.
Esto sucedió con la administración de Enrique Peña Nieto y sigue aconteciendo con la nueva de Andrés Manuel López Obrador, AMLO popularmente, que asumió el 1 de diciembre.
Y es que de los migrantes que ingresan a territorio mexicano, cada vez son más los que buscan quedarse y no continuar hacia Estados Unidos, ya que su prioridad es refugiarse. Es decir, México pasó a ser un país de tránsito a ser también receptor masivo.
De acuerdo con estadísticas de la gubernamental Comisión Mexicana para la Atención a Refugiados (Comar), en los últimos tres años, las solicitudes se dispararon geométricamente: En 2015, se registraron 3.424; ya en 2016 casi se triplicaron, con 8.796; y en 2017, fueron 14.603. Para el 2018 (con corte hasta el 3 de diciembre), se registraron 26.566.
Para Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, ni a la Comar ni al también gubernamental Instituto Nacional de Migración (Inami) les basta el crimen organizado de las maras (bandas criminales) en Honduras ni la persecución del gobierno de Nicaragua a los activistas que encabezan las protestas contra Daniel Ortega, para atender con celeridad a los que huyen de esos países.
El Inami, añade, no cumple con entregar las visas humanitarias en 30 días; y la Comar tampoco lo hace con el plazo de 45 días para las constancias de refugiados, porque los funcionarios que atienden son insuficientes y todavía semanas después de la asunción de López Obrador, mantenían una postura de pedir a los migrantes que esperaran una o dos semanas más.
Figueroa explica que al problema de los refugiados le antecede la “política de rechazo” a la gran mayoría de los centroamericanos, cuyo propósito original era transitar como migrantes irregulares hacia Estados Unidos.
Ahora, ante la crisis de alojamiento observada en las fronteras sur y norte, México quiere reaccionar con una “política humanitaria”, pero no tiene recursos ni capacidad para atender a los que claman asilo.
“La política de Estado en materia de migratoria fue dictada por el gobierno de Estados Unidos y aceptada por el gobierno de México, para dilatar en todo momento los trámites y negarlos”, sostiene.
“A como están las cosas en la Comar y el Inami, se acumularán por miles las solicitudes de refugio, porque serán muchísimo más los centroamericanos que lleguen a México por la situación de violencia estructural que hay en Centroamérica. Tanto la Comar, como el Inami continuarán en el colapso, por tanta sumisión que ha tenido México ante Estados Unidos”, dice uno de los fundadores de “La 72”, un refugio reconocido por organizaciones internacionales.
El 22 de diciembre, cuando México tenía tres días de haber anunciado su Programa de Política Migratoria 2018-2024 y presumía su adhesión al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular –como parte de un acuerdo global impulsado por la ONU–, Martín Alonso Duarte, un nicaragüense que llegó el 31 de agosto huyendo del régimen de Ortega, no sabía aún si tendrá mejor suerte con el trámite de visa humanitaria o con el de refugiado.
“Ya voy para cuatro meses con mi trámite aquí, porque hay una desinformación terrible. Mi visa la solicité un mes después de que pedí refugio en la Comar y no tengo ni uno ni otro documento”, lamenta.
Los nicaragüenses, como Martín Alonso, son los centroamericanos que en mayo del 2018 empezaron a ingresar por la frontera sur, huyendo de la crisis política de aquel país. De acuerdo con estadísticas de la Comar, de enero a agosto del año pasado, sumaron 353 solicitudes de refugio; mientras que a lo largo del 2017, apenas acumularon la quinta parte de esa cifra, sesenta y dos.
Rezagos pendientes, por “sismos”
De los migrantes centroamericanos, los hondureños son los que sobresalen en primer lugar, con un fenómeno migratorio que primero fue marcado por un “sueño americano”, de querer llegar a Estados Unidos por mejorar sus niveles de ingreso, y luego por la necesidad de huir ante el crimen organizado que les cobra “derecho de piso” por vivir en un barrio.
Según las cifras del Inami, en el 2017, solicitaron refugio 4.274 centroamericanos, pero en el 2018, otros 6.253 realizaron el trámite, hasta agosto.
Sin embargo, los propios boletines estadísticos de la Comar advierten que la cifra de constancias de refugiado emitidas es cada vez menor. En el 2015 fue 27,8 por ciento, pero en el 2018, 5,8 en relación al cúmulo de solicitudes.
En el 2015, la Comar recibió 3.424 solicitudes, de las cuales resolvió en sentido negativo 1.282. Otras 663 solicitudes se dejaron sin resolver ya que los solicitantes abandonaron el país antes, y otras 361 se desistieron. Otras 166 se retrasaron para otorgar la protección complementaria y 952 fueron en sentido positivo de refugio.
Pero ya 2016, empiezan a acumularse los pendientes de migrantes, con los primeros cuatro casos de quienes recurrieron a un recurso de revisión.
Y en 2018, en su boletín estadístico con registros hasta el mes de agosto, la Comar reportó que de 14.544 solicitudes registradas en ese año, 12.442 estaban pendientes del resolutivo, en tanto que solo a 796 se les otorgó refugio, a 495 la protección complementaria, a 286 les emitió una respuesta negativa, a 485 se les clasificó como “abandono” y a 28, “desistido”.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, justificó que el cúmulo de peticiones y la tardanza obedece a que las oficinas de la Comar, en Ciudad de México, resultaron dañadas por los sismos y además, porque los migrantes deben documentar su vulnerabilidad.
“La verdad es que, en el caso del número de solicitudes de refugio, ahorita tenemos acumuladas desde el gobierno anterior más de 28.000. Hay que recordar que después de los sismos que se registraron aquí en la ciudad, las instalaciones de la Comar se vieron afectadas, y se suspendió durante varios meses.
“Y la solicitud de refugio lleva un procedimiento donde tiene que acreditarse la vulnerabilidad a la que está sujeta el solicitante, por supuesto, vinculado ya sea con la violación a sus garantías y derechos políticos, o la gente que ha sido desplazada por hechos de violencia”, expuso Encinas el 21 de diciembre, durante una conferencia de prensa que encabezó AMLO en el Palacio Nacional.
Para el subsecretario, “Eso tiene que acreditarse y eso se hace en acompañamiento con ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados)”.
Pese a sus justificaciones, Encinas prevé que para 2019, las solicitudes de refugio y cualquier otro estatus migratorio, “por distintas connotaciones”, estará entre 48.000 y 80.000.
“Estoy decepcionado de México”
Martín Alonso Duarte narró lo que reportó a la Comar. Contó que huyó de Nicaragua, porque se le giró orden de aprehensión por participar en los bloqueos a carreteras por protesta, mas no se le ha otorgado su estatus de refugiado, por lo que decidió reclamar la revisión de su solicitud.
“A mí me imputaron el delito de terrorismo (en Nicaragua) por estar participando en los tranques a carreteras. Cómo no voy a huir si allanaron mi casa, golpearon a mi madre, a mis hermanas, una de ellas tiene cáncer, no respetan nada; decían que nosotros teníamos armas”, explica.
“Yo era el líder, el que movía a la organización en mi pueblo, Tecolostote, por lo que primero hui a la montaña por más de 10 días, donde me buscaron con militares y con drones, por lo que fui a la capital, donde no se imaginaban que me iba a meter. Estuve ahí en las manifestaciones, en protesta por las agresiones a los obispos.
“Ahora estoy aquí, pero imagínate que al líder de nuestro Movimiento Campesino, Pedro Medro, le acaban de clavar una sentencia de 73 años de cárcel. Esta pena por encabezar protestas pacíficas en las calles”, relata.
De la represión y persecución política en Nicaragua, el secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, tiene conocimiento. De hecho, el informe Graves violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, explica que el recrudecimiento y la prolongación de la violencia ha traído consigo que un número considerable de personas y familias nicaragüenses estén migrando a otros países.
Martín Alonso relata que al cruzar al territorio mexicano creía que se sentiría como en una segunda patria, donde se le echaría la mano, pero siguió recibiendo maltrato, ahora de las autoridades migratorias y de los habitantes de Tenosique, por lo que se encuentra decepcionado y atravesando una “situación muy dura” por los más cuatro meses de trámites.
“En Nicaragua por sus costumbres, hay un segundo México, y tanto cariño sentía cuando vine aquí, pero estoy decepcionado; encontré bastante apatía y discriminación, porque cuando buscábamos una casa donde vivir, nos costó mucho trabajo que confiaran en nosotros para que nos alquilaran”, dice.
“Cuando recién llegué, me aventaron las puertas en la Comar en la cara, con la atención de un tipo que es de carácter muy pesado, que no me dejaban ni hacer preguntas, gritándome en la cara; es una situación en la que te sientes humillado”, comenta.
Crisis migratoria y recorte al presupuesto
El maltrato es a pesar de que ACNUR, en el documento Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, publicado en el 2017, estableció entre sus acciones inmediatas establecer una comunicación permanente con la Comar y el gubernamental Instituto Nacional de Migración (Inami) en estaciones migratorias para facilitar el proceso de identificación de migrantes.
ACNUR también encomendó desde entonces buscar alternativas al alojamiento administrativo, primordialmente a niños y adolescentes no acompañados (NNA), familias y demás personas en situación de vulnerabilidad.
Todo ello con el propósito de que México cumpla con el principio de no devolución, al que tienen derecho los migrantes si ingresan al país en búsqueda de ser refugiados.
Según la actual secretaria (ministra) de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la llegada de López Obrador a la Presidencia, la política migratoria “está cambiando radicalmente, porque el programa en la materia está apegado a la Convención de Marrakech”, dijo.
La titular se refería al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada, emanado de la Conferencia Marrakech, el 6 de diciembre.
“La entrada a nuestro país va a ser ordenada, segura y regulada; es decir, no más violaciones, ni vejaciones, ni humillaciones a los migrantes, ni tampoco tienen por qué pasar en forma ilegal, sino ordenada y pacífica, y regulada, con respeto irrestricto a sus derechos humanos”, aseguró el 21 de diciembre.
Sánchez Cordero dijo que la reestructuración del Inami “será desde sus entrañas” para que cambie su visión y no se criminalice al migrante, al haber un respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Prometió que cambiar reglamentos y procedimientos de presentación, aseguramiento, alojamiento y retorno de extranjeros en condición irregular, con criterios estrictos de debido proceso, y al mismo no sólo agilizar los trámites para los solicitantes de refugio, sino que también la regularización, a través de las visas de turismo, Tarjetas de Trabajador Fronterizo y Tarjetas de Visitante Regional.
En el mismo evento, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, anunció la creación de una comisión para la protección de los menores migrantes, la cual estaría coordinada por el Inami.
Sin embargo, ni Sánchez Cordero ni Guillén López hablaron del presupuesto que, para entonces, ya estaba previsto con una reducción, tanto en el Inami, como en la Comar.
El Inami, según el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 2019, disminuiría de 1.731 a 1.330 millones de pesos (cada peso equivale a 0,05 dólares), es decir, un 30 por ciento; en tanto la Comar tendrá recortada su partida en 20 por ciento, al asignársele 20 millones 843.000 pesos.
Para el activista Rubén Figueroa, el trato a Martín Alonso Duarte es el de la generalidad de los centroamericanos que solicitan refugio o visa humanitaria, y hasta hoy, las nuevas directrices de trato humanitario a los migrantes, emitidas por la secretaria de Gobernación no son acatadas in situ.
“Las prácticas en Comar han sido de una lentitud para otorgar el asilo a las personas solicitantes, pero sobre todo ha venido desarrollando una política de Estado, como herencia del gobierno de Peña Nieto, de negar la calidad de refugiado a la gran cantidad de personas que le solicitan”, explica Rubén Figueroa.
Entrevistado el 21 de diciembre, Pierre-Marc René, oficial de Información Pública de la ACNUR en México, manifestó su preocupación, porque prevé que este 2019 se duplicará el número migrantes que buscarán refugiarse en México.
“La estadística que tenemos a la fecha es de 28.000 solicitantes (de refugio) y según los datos de la Comar, estamos previendo que para el 2019, sea el doble, o sea 47.000 personas solicitantes”, dijo.
“Lo que nosotros hemos solicitado es que se incremente el presupuesto para la Comar, que se mejore la capacidad y capacitación del personal para recibir a esas personas y fortalecer su sistema de asilo”, explicó.
René indica que 45 por ciento de los solicitantes de refugio son de Honduras, 24 por ciento de Venezuela, 21 de El Salvador, cinco de Guatemala, y dos por ciento de Nicaragua.
“La mayoría está emigrando por el clima de violencia y persecución que viven en sus países y los tenemos que apoyar”, recalcó.
Señaló que la urgencia no es solo que el nuevo gobierno de México ofrezca protección y ayuda humanitaria a las dos caravanas de hondureños que desde noviembre se encuentran en la frontera con Estados Unidos, sino que atienda las solicitudes refugio que tiene y para ello, remarcó, se requiere de un mayor presupuesto.
“Ya hay nuevo gobierno, desde el 1 de diciembre, y lo que nosotros estamos pidiendo es asegurar la protección al número creciente de solicitantes de refugio, desde Tapachula hasta Tijuana y uno de los retos importantes de la Comar en materia de protección a personas, es atender las solicitudes que están todavía pendientes de resolución, por lo cual estamos pidiendo un aumento de su presupuesto”, planteó.
Cuando René manifestó su preocupación por el presupuesto de la Comar, el propio coordinador de ese organismo, Andrés Ramírez Silva, había recién confesado que estaba “sorprendido”, ya no porque no se le asignó un mayor monto que esperaba ante la crisis de refugiados, sino porque se le recortó un 20 por ciento en relación a lo ejercido en el 2017.
“Lógicamente, el presupuesto (de la Comar) tendría que incrementarse, si es que queremos responder de manera correcta y adecuada al gran reto que tenemos de las llegadas de personas en necesidad de protección internacional”, según publicó el portal Animal Político, el 19 de diciembre, al cuestionarlo sobre la partida prevista por el Proyecto de Egresos del 2019.
Ramírez Silva argumentó que el aumento presupuestal es necesario no sólo para atender las nuevas solicitudes de asilo, sino las que están acumuladas del 2017 y que han “colapsado” económicamente a la Comar.
Lo reclamado por ACNUR no obedece a una coyuntura nueva, sino a la situación de una creciente cantidad de migrantes centroamericanos desde hace más de una década, por lo que en el 2011, fue reformada la Constitución para garantizar el derecho a extranjeros a solicitar refugio por cuestiones humanitarias o políticas.
Sin embargo, en noviembre del 2015, una decena de organizaciones de la sociedad civil, a través del informe “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México”, pidieron al Gobierno de México instaurar una política de asilo y protección digna, ante el aumento de la violencia que obliga que hondureños y salvadoreños huyan de sus países.
Desde entonces, lesas organizaciones –respaldadas por la ACNUR- consideraron que el personal de la Comar no es suficiente ni sensible para escuchar sus testimonios, lo que los desalienta en su petición.
Caravas bumerán
Con las dos caravanas de hondureños que, desde finales de octubre ingresaron a México para dirigirse a Estados Unidos, México previó ayuda humanitaria en tanto los migrantes fueran atendidos en aquel país con los trámites de asilo.
Pero a final de cuentas se le desató un efecto bumerán, al anticipar el presidente estadounidense Donald Trump que los retornaría en tanto son emitidas las resoluciones.
Así, la crisis de México por falta de atención y control de migrantes se extendió de la frontera sur a la norte, con los migrantes a los que se les ofreció “visa humanitaria”, con el fin de no deportarlos.
El 24 de diciembre, Marcelo Ebrard, secretario (ministro) de Relaciones Exteriores, insistió en que al aceptar México el retorno de los migrantes, no se trata asumir el estatus de tercer país seguro, porque de antemano no hay tratado alguno con Estados Unidos, al respecto.
“En el caso de un tercer país seguro, todo el trámite de asilo se hace en otro país, es decir, el tercer país seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado, ni lo vamos a hacer, ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México”, expuso.
Para Rubén Figueroa, de Movimiento Migrante Mesoamericano, todo cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos trae consigo consecuencias muy graves para los centroamericanos que intentan refugiarse en aquel país, y que al cerrárseles las puertas, lo intentarán ahora México.
“La situación ahora de la decisión del gobierno de los Estados Unidos, de retornar a las personas solicitantes de asilo a suelo mexicano, va a alargar la agonía de solicitantes de refugio, porque incluso México no tiene la forma de garantizar la seguridad y demás derechos humanos de estas personas”, considera.
“Son miles de personas las que solicitan refugio de lado de Estados Unidos y éstas se le sumarían a México, pues México ha aceptado acoger a estas personas, en una situación de sumisión a Estados Unidos, porque no hay un marco legal que indique que estas personas pueden ser enviadas a México para que esperen su resolución a la petición de asilo. Lo hace México bajo una sumisión y como una supuesta acción humanitaria”, recalca.
“Hay una fuerte problemática todavía con la caravana estancada en Tijuana, pero esto se va a agravar en el 2019. México en el tema migratorio va a colapsar aún más, porque tanto Centroamérica no responde (económicamente) y Estados Unidos avienta toda la responsabilidad a México, que sin tener capacidad la asume, bajo una sumisión, y quienes están aguantando toda esta situación para que no colapse del todo, son los albergues de ACNUR y otras organizaciones defensoras de derechos humanos”, añade Figueroa.
“La Cuarta Transformación no ha llegado para los migrantes centroamericanos que buscan refugio o que transitan por México hacia los Estados Unidos, pues para esto tiene que haber un cambio en el comportamiento de los agentes del INMI, con una actitud no sólo de respeto de derechos humanos y eso significa eliminar el perfil actual que tienen los agentes de migración, que sería como la eliminación reciente que hubo de los granaderos en la CDMX (Ciudad de México)”, aseguró.
Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
RV: EG
