Reajustes en normas para el trabajo privado a fin de tomar en consideración opiniones de especialistas y ciudadanos e inusuales explicaciones televisivas de altos dirigentes del gobierno de Cuba, dan un giro sin precedentes a la relación entre las autoridades y sociedad civil.
Los acontecimientos sucedidos la primera semana de diciembre son interpretados de diversas maneras por activistas y especialistas consultados por IPS, aunque coinciden en que la sociedad civil se perfila finalmente como una voz a tener en cuenta en el país de gobierno socialista, donde predominan el autoritarismo y la centralización.
“Siento que al menos hay una conciencia política. El cubano está entendiendo que hay una transición y no podemos dejar que los cambios pasen sin nuestra participación verdadera”, dijo a IPS la actriz Lynn Cruz, que en las redes sociales manifiesta su oposición al Decreto Ley 349, aprobado en julio junto con otras 19 normas, destinadas a regular la actividad privada.[pullquote]3[/pullquote]
Todo comenzó el 5 de diciembre, cuando solo dos días antes de la entrada en vigor de ese decreto y las otras 19 normas, las autoridades echaron atrás algunas de ellas, muy criticadas por sus implicaciones para el sector privado, conocido localmente como de cuenta propia.
En especial, enlentecieron la aplicación de la regulación del 349, que es el que norma desde ahora la comercialización y circulación de arte.
Con implicaciones para actores privados y entidades estatales donde se comercialice o circule arte en todas sus manifestaciones, esa norma se dio a conocer en julio entre las medidas para el trabajo privado, aunque su alcance es mayor porque regula cómo penalizar la infracción de la política cultural en lugares públicos.
Artistas de todos los signos políticos y afiliados o no a instituciones estatales u organizaciones gremiales criticaron con fuerza el decreto, en espacios virtuales y reales, sobre todo por la falta de claridad que observan en su redacción. Incluso algunos señalan que la ley limitaría la libertad artística en la isla caribeña.
“Las decisiones se toman sin tener en cuenta a todos los sectores implicados”, lamentó Cruz, quien no se siente satisfecha con las explicaciones sobre el decreto y su aplicación paulatina dadas por autoridades culturales en la televisión estatal, el 7 de diciembre.
“Se niega una buena parte del arte cubano actual hecho desde la autogestión”, apuntó la también escritora y directora de teatro, quien trabaja en forma autónoma al Estado y ha participado en campañas en contra del decreto 349.
A su juicio, “las respuestas que dieron siguen siendo vagas, porque enfocarse en el ruido o el mal gusto como parte de las aristas principales del decreto es evadir su razón principal”.
A Cruz le preocupa que no se mencionó cuánto afecta a los artistas autónomos, en un Estado socialista que subvenciona y promueve la cultura dentro de sus prioridades, pero a través de un sistema criticado por controlar la creación artística y cultural, sobre todo cuando aborda cuestiones políticas.
El Ministerio de Cultura informó que ya emprendió un proceso de debate con afiliados de la no gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que va a llegar a las 15 provincias del país.
La discusión pretende elaborar de forma participativa la norma complementaria del Decreto Ley 349, para que establezca cómo se implementará de manera precisa.
También anunció el Ministerio que el decreto se aplicará de forma progresiva y no en todas las entidades implicadas. Pusieron como ejemplo que deben todavía establecer cómo se hará en las galerías de arte privadas y los estudios de grabación, que hoy operan en la ilegalidad.
“No regula ni limita la creación artística”, indicó Yudith Márquez, directora jurídica del Ministerio de Cultura, sobre el decreto de julio.
Remarcó que la norma “vela por el cumplimiento de las normativas existentes sobre la comercialización del arte y combate la difusión de productos que promuevan el lenguaje sexista, la discriminación, la vulgaridad, la pornografía o utilicen injustificadamente la violencia”.
Otras infracciones tipificadas son “aprobar, permitir, pagar o facilitar con medios o instalaciones la realización de servicios artísticos sin que hayan sido aprobados y autorizados por la institución que representa a los artistas” y “que afecte el desarrollo de la sociedad cubana y la aplicación consecuente de la política cultural de la Revolución”.
Marquez también especificó que “la responsabilidad por la difusión de productos (penalizados) es de la autoridad de la entidad, estatal o privada, que los exhiba”.
Las respuestas de las autoridades en este tema sensible no parecen aliviar todavía las tensiones con el sector artístico y cultural, aunque algunas de las cuestiones a regular como el lenguaje sexista, discriminación y violencia son reclamos reiterados por activistas sociales por la equidad de género, el antirracismo y una cultura de paz.
“Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”, valoró el psicólogo Ovidio D’Angelo, que investiga a la sociedad civil cubana.
El especialista analizó que “podría verse como un hecho positivo la capacidad de replanteo de la situación (por parte de las autoridades) a partir del sentir popular”.[related_articles]
Pero alertó del efecto negativo de esas situaciones, “que quedan como huellas de desconfianza hacia las instituciones que no son capaces de propiciar a tiempo una auto-organización desde las relaciones con las bases de la sociedad”.
Aunque todas las inconformidades no fueron resueltas, los cambios introducidos el 5 de diciembre para el trabajo privado fueron bien recibidos, sobre todo el relacionado con la cantidad de comensales de los restaurantes, bares o cafeterías, que ahora pueden sobrepasar los 50, de acuerdo con el espacio disponible.
Otras modificaciones consideradas beneficiosas permiten al trabajador ejercer más de una actividad y aumentan el saldo en efectivo sin depositar en el banco a 35 por ciento del total.
En opinión de Ángel Marcelo Rodríguez, coordinador académico del proyecto Incuba Empresas del católico Centro Loyola, aún no existe en Cuba una “sociedad civil desarrollada, por lo tanto no es la causa por la que el gobierno modificó el marco regulatorio”.
“Existen múltiples factores”, dijo y mencionó como fundamentales el decrecimiento de la economía a un uno por ciento y la incertidumbre para el próximo año anunciada por el ministro de economía, Alejandro Gil, además de la presión internacional para que Cuba pague sus deudas externas.
Rodríguez consideró negativo el establecimiento de dos cuotas mensuales como saldo mínimo requerido en las cuentas bancarias fiscales que deberán operar los titulares de licencias para servicios gastronómicos, transportistas y arrendadores de viviendas, entre otros, porque “controla y limita el crecimiento de los emprendimientos”.
“No se va a entregar la licencia de programador de equipos de cómputo hasta nuevo aviso, lo cual significa que hay temor al uso y desarrollo de las TIC” (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), consideró Rodríguez, sobre “una industria que puede relanzar la economía cubana y de la que se excluye al emprendedor nacional”.
Según las autoridades gubernamentales, las nuevas disposiciones buscan ordenar el trabajo privado, que ahora permite 123 actividades y en cuyo ejercicio se detectaron irregularidades como la subdeclaración de ingresos y el uso de materias primas de procedencia ilícita.
El empleo autónomo creció en los últimos años desde 157.000 trabajadores en 2010 hasta 588.000 en octubre, lo que representa 13 por ciento de la población en este país insular caribeño de 11,2 millones de personas. Incluso especialistas lo señalan como el área más dinámica de la sociedad civil intena.
Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.
Editado por Estrella Gutiérrez
