“Retroceso” y “desilusión” son los términos con los que la mexicana Yolanda Morán, madre de un desaparecido forzoso, califica el plan de seguridad delineado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para afrontar como una prioridad cuando el 1 de diciembre asuma el cargo.
“No nos convence, porque e creímos cuando afirmó en la campaña que iba a regresar a los cuarteles a los militares. Pensamos que iba a cambiar la estrategia, que ya tiene dos sexenios y que no ha dado resultados”, señaló Morán, fundadora de la no gubernamental Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.
Remarcó a IPS que “creímos que sería otra la estrategia y que capacitaría a las policías y no seguiría con los militares en la calle”, para explicar la decepción de ella y su organización con el plan del izquierdista López Obrador, conocido popularmente en el país por sus iniciales: AMLO.[pullquote]3[/pullquote]
El hijo de Morán, Dan Fernández, que ahora tendría 43 años, desapareció en diciembre de 2008 a manos de militares, según está constatado, en la norteña ciudad de Torreón, y a raíz del caso ella se vio forzada a dejar la localidad y refugiarse en la central urbe de Guanajuato. Mientras busca sin descanso conocer el paradero de Dan, junto con otros familiares de desaparecidos.
La activista dijo que mantiene “esperanzas de un cambio” con la llegada al poder del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Pero “vemos detalles que nos indican que eso no fue lo que nos prometió. No es la forma de devolver la paz. El plan no resolverá los problemas”.
“No tenemos confianza en los militares, quizás por un puñado que sean deshonestos, asesinos, culpemos a toda una institución. Pero se lo han ganado a pulso”, sostuvo Morán, también dirigente del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a más de 70 colectivos y organizaciones sobre desapariciones forzadas.
La posición de la activista es parte del concierto que rechaza la estrategia de López Obrador para pacificar a un país al que desangra la violencia criminal, entre otras razones porque concede un papel preponderante al sector castrense, contrariando su promesa electoral de sacar a los militares de la seguridad pública.
Los cuestionamientos de la sociedad organizada se concentran en la militarización del país, la subordinación de las instituciones civiles, el sometimiento de la procuración de justicia y su ineficacia para resolver la crisis de derechos humanos que azota a esta nación latinoamericana de unos 129 millones de habitantes.
El 15 de noviembre, López Obrador presentó el Plan Nacional Paz y Seguridad 2018-2024, que formula la fusión de las policías Militar, Naval y Federal en una sola corporación, la Guardia Nacional (GN), y a la que se sumarían integrantes de las fuerzas armadas.
El plan requiere un cambio constitucional para crear la GN – que tendrá entre 120.000 y 150.000 efectivos- y se basa en ocho ejes, como erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; reformular el combate a las drogas, y seguridad pública, seguridad nacional y paz.
En un análisis divulgado este jueves 22, el no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano descalificó la estrategia como “ambigua, confusa, centralizadora, poco viable”, carente de un diagnóstico puntual sobre el problema e ignorante de las recomendaciones de la sociedad civil.
“El plan no indica hacia dónde se dirige y deja más interrogantes que respuestas. La Guardia Nacional carece de un plan. Incluye cosas que no sabe bien si funcionan o no. Puede llevar a una política pública difícil de evaluar”, sentenció a IPS su director, Francisco Rivas.
México ha vivido la presencia castrense en la seguridad pública desde que en diciembre de 2006, el entonces flamante presidente, el conservador Felipe Calderón, decidió comenzar su sexenio con la incorporación del ejército a lo que llamó la guerra contra el tráfico de drogas, cuyos carteles controlan diferentes zonas del país.
Esa campaña, que ahora mantiene a unos 50.000 militares en funciones, exacerbó los niveles de violencia, en especial muertes, desapariciones forzadas y torturas, según organizaciones de derechos humanos internas y de las Naciones Unidas.
Según cifras oficiales, entre enero y septiembre se registraron 37.311 homicidios, de los cuales 24.769 fueron asesinatos, cifra superior a los 20.833 reportados en el mismo periodo de 2017.
A esa estadística macabra se suman las más de 37.000 personas desaparecidas en forma forzosa desde 2007, según datos de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en un registro inédito para una nación que no padece un conflicto armado interno.
La crisis mexicana de derechos humanos se ha convertido en la mayor de América Latina, una región que mejoró en el combate a la impunidad en las últimas dos décadas.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de la no gubernamental Amnistía Internacional en México, se mostró sorprendida con el anuncio de AMLO.
“Nos gustaría escuchar desde la sociedad civil que el ejército se retira progresivamente de las calles y un plan de fortalecimiento de policías civiles, a quienes no se les ha capacitado en el ámbito municipal. En cambio, se ha nutrido a un ejército que lleva 12 años en las calles con resultados terribles”, analizó para IPS.
Según Reneaum, resulta “desconcertante” que el próximo presidente se acercara a la sociedad civil y a las víctimas de la violencia y luego presente una iniciativa de corte militarista.[related_articles]
“No entendemos qué pasó entre ese diálogo y hacer una policía de esa naturaleza. No considera el dolor y experiencia de las víctimas de la violencia estatal, quienes le contaron que el dolor viene” de los efectivos militares, argumentó.
Defensores de derechos humanos y académicos se habían anotado un tanto el 15 de noviembre, cuando ante un recurso suyo la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló por inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el gobierno saliente del conservador Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017.
Esa legislación otorgaba amplias facultades a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como vigilancia indiscriminada y detenciones.
Pero su satisfacción se evaporó con el plan anunciado el mismo día por AMLO, que ha abierto una brecha con los activistas humanitarios, víctimas ellos mismos de la violencia criminal y de Estado.
Además de su contenido, el plan dejó de lado las promisorias consultas previas, sostenidas entre agosto y octubre, cuando el equipo del presidente electo organizó al menos 18 foros de pacificación y reconciliación y 25 consultas electrónicas para escuchar las prioridades de los grupos perjudicados por la violencia e incorporar sus propuestas a la nueva estrategia de seguridad y justicia.
En octubre, sin embargo, se encendieron las alarmas cuando ese equipo de AMLO decidió cancelar los foros en cinco estados, entre ellos, varios de los más azotados por la violencia.
Tras el lanzamiento del plan, el colectivo Seguridad sin Guerra, compuesto por académicos, familiares de víctimas y representantes de unas 140 organizaciones de derechos humanos, pidió al gobierno entrante que solicite una opinión consultiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Observatorio, por su parte, recomendó el fortalecimiento de las instituciones civiles, la creación de una fiscalía general independiente, la reestructura de la inteligencia financiera para combatir mejor al crimen organizado y políticas públicas coordinadas.
Sea como sea, para la directora de Amnistía Internacional, la realidad se verá desde el 2 de diciembre. “Buscamos la no repetición, que se vea que están haciendo algo. Lo vamos a presionar para solucionar esto. Ya basta”, declaró la activista.
Reneaum alertó sobre fracaso de la nueva estrategia. “Probablemente eestaremos presenciando las mismas violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales. Me pregunto cómo será esa policía mixta militar-civil”, cuestionó.
Diversos órganos de Naciones Unidas e instituciones internacionales han fustigado a México en los últimos años por las violaciones masivas a derechos humanos. Por ahora, el futuro gobierno mantiene la brújula en esas mismas coordenadas, según la decepcionada sociedad civil organizada.
Edición: Estrella Gutiérrez
