Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.[pullquote]3[/pullquote]
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
Edición: Estrella Gutiérrez
