Iván Navarro y Ezequiel Villanueva son dos jóvenes que en 2016 fueron detenidos arbitrariamente y luego torturados por la policía en un asentamiento precario del sur de la capital argentina. Un caso que no es aislado, según se denuncia, pero con la diferencia de que esta vez tuvo castigo.
Los seis responsables del episodio ocurrido un sábado de septiembre de hace dos años fueron condenados el viernes 21 a penas de hasta 10 años de prisión, tras su enjuiciamiento por el Tribunal Oral Penal Número 9 del Poder Judicial de la Nación.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, vienen advirtiendo de un aumento de la violencia de las fuerzas de seguridad en Argentina, que es difícil de cuantificar por falta de información estadística confiable.[pullquote]3[/pullquote]
“Las situaciones de hostigamiento, que en el caso de Iván y Ezequiel llegaron a un grado extremo, son parte de un vínculo diario entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes de los barrios pobres”, dijo Victoria Darraidou, especialista en violencia institucional del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Son muy preocupantes las respuestas del Ministerio de Seguridad, que es la autoridad política, y este año disminuyó las funciones de las áreas que siguen y controlan el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad”, agregó a IPS la experta del centro dedicado al tema de los derechos humanos desde hace más de 40 años.
En Villa 21, el asentamiento donde Navarro y Villanueva fueron torturados en 2016, se vive una tensión a la que sus más de 50.000 habitantes ya están acostumbrados pero que pone inmediatamente en alerta a cualquier visitante.
La seguridad está a cargo de la Prefectura Naval Argentina, una fuerza cuya misión de acuerdo a la ley es controlar el mar y los ríos, pero que fue instalada allí ante los abusos cometidos por la Policía en los últimos años.
Los agentes exhiben armas largas con naturalidad, aunque es difícil guardar registro de esa escena, porque los habitantes de la villa sugieren no sacar fotos para no correr el riesgo de que los agentes se irriten.
“Ahora, aunque la situación está más tranquila, estamos buscando un lugar para que se puedan ir a vivir las familias de Iván y Ezequiel, que vienen pasando por situaciones de presión muy fuertes. Le pedimos ayuda al ministerio de Seguridad, pero nos dijeron que no”, contó a IPS una activista del barrio, Tatiana.
Ella, quien pidió no suministrar su apellido, es integrante de La Poderosa, la organización social con presencia en distintas villas del país, que hizo visible este caso y consiguió que llegara a los tribunales.
Esta realidad de hostigamiento no es exclusiva de la Villa 21, uno de los más populosos asentamientos precarios de este país de 44 millones de habitantes.
De hecho, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sostiene que en Argentina existe un patrón de arrestos, por la sospecha de la comisión de un delito, que es “discriminatorio y tendencioso contra aquellos en situación de vulnerabilidad”.
Esa instancia especializada hizo una visita de 10 días al país en mayo y presentó su informe en las sesiones de este mes del Consejo de Derechos Humanos, el órgano decisorio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
Según el grupo de trabajo, se observa un patrón similar en cuanto a los poderes de la Policía para “retener” personas para controlar su identidad, a pesar de que no hay normas que obliguen a la población a llevar sus documentos.
El 24 de septiembre de 2016, según acreditó el tribunal, unos 20 agentes participaron en las torturas a Navarro y Villanueva, en un destacamento dentro de la propia Villa 21.
Luego, los llevaron a la orilla del Riachuelo – un curso fluvial famoso por su contaminación, que bordea Buenos Aires-, donde les hicieron un simulacro de fusilamiento y finalmente los liberaron, casi desnudos.
“A mí, como a todos los demás pibes (jóvenes) de mi edad, de mi ropa, de mi cara, me paran por la calle cuando se les cantan las pelotas y me requisan contra la pared como si fuera un terrorista, cuando cometo el delito de salir a un boliche (bar) o asomar la nariz de mi propia casa”, escribió Navarro, luego de la condena, en las redes sociales de La Poderosa.
Él tenía 18 años cuando se produjeron los hechos y Villanueva 15.
El juicio oral y público duró más de cuatro meses y finalizó con tres prefectos condenados a 10 años y seis meses de prisión y otros tres, a ocho años y 11 meses. Los delitos de los que se los declaró culpables fueron tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones y robo.
En la puerta del Palacio de Tribunales, cientos de vecinos de la Villa 21 festejaron la sentencia con una bandera que pedía “control popular a las fuerzas de seguridad”, acompañados de dirigentes sociales como Nora Cortiñas, de 88 años y una de las fundadoras de la organización de las Madres de Plaza de Mayo.
“Los agentes de fuerzas de seguridad llegan al barrio con el prejuicio de que todos son ladrones y narcotraficantes, porque así los predispone el discurso del gobierno y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, dijo a IPS la abogada de las dos víctimas, Gabriela Carpinetti.
“Así, quieren imponer una especie de ‘disciplinamiento’ moral, con el cual les quieren marcar a la gente por dónde o a qué hora se puede circular o cómo se tienen que vestir”, agregó.
Para la abogada, “la importancia de esta sentencia es que les dice a los agentes que, si se hacen carne del discurso de odio de la ministra, las consecuencias las van a pagar ellos”.
En el Ministerio de Seguridad no respondieron el pedido de IPS de comentarios sobre el dictamen judicial.
El discurso de la ministra Bullrich tuvo un fuerte contenido simbólico con la defensa pública que realizó de Luis Chocobar, un policía que en diciembre mató de dos tiros a un hombre que huía luego de robar y apuñalar a un turista estadounidense, en el turístico barrio porteño de La Boca.[related_articles]
La Justicia, en un fallo confirmado en segunda instancia, procesó a Chocobar por “homicidio en exceso en el cumplimiento de su deber”, pero Bullrich lo visitó en su casa, se fotografió con él y le dijo: “No estás solo”.
Los abusos de fuerzas de seguridad también fueron denunciados este mes por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), entidad estatal que protege los derechos humanos de los presos.
En su Registro Nacional de Casos de Tortura 2017, la PPN relevó 5.328 hechos, de los que fueron víctimas 1.408 personas en cárceles de todo el país, con una población total de 76.261 reclusos.
“Esta cifra no tiene pretensiones de ser total. Son los casos que pudimos relevar, pero en realidad hay mucho más”, dijo a IPS la coordinadora del Registro, Alcira Daroqui.
La investigadora consideró que la tortura en las cárceles argentina es “absolutamente sistemática y generalizada” y aseguró que si bien se registran menos hechos de violencia directa de los guardias hacia los presos, “existen más conflictos entre los presos, que reflejan una política oficial de delegar la gestión de la violencia”.
Daroqui puso el foco también en lo que parece ser una política de “detener más personas y retenerlas por más tiempo. La proporción de personas detenidas sin condena alcanza 50 por ciento en el sistema federal y 70 por ciento en la provincia de Buenos Aires (la más poblada del país)”, aseguró.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria corroboró esta situación en su informe y precisó que el tiempo límite de detención preventiva (sin condena), fijado por la ley en dos años, es habitualmente excedido y alcanza entre cuatro y 15 años.
Edición: Estrella Gutiérrez
