“Nunca la situación había estado tan mal como ahora”, sentencia María Antonia Figueroa, directora de una guardería y un preescolar comunitarios en uno de los mayores asentamientos precarios del Gran Buenos Aires y testigo de primera línea del impacto social de la crisis económica en Argentina.
“Todos los días vienen los padres y me piden: ‘¿No tenés una ollita para llevar a casa?’ Si me sobró algo, les doy. Puede ser una fruta o un pedazo de pan”, contó a IPS ante el Jardín Comunitario Obrador, donde pasan la jornada niños de hasta 5 años en Villa Itatí, una barriada del sur del área metropolitana de la capital.
La economía argentina, la tercera en dimensiones de América Latina, había dado modestos signos de recuperación en 2017, pero se ha derrumbado en lo que va de 2018.[pullquote]3[/pullquote]
Una devaluación del peso, la moneda local, de alrededor de 80 por ciento frente al dólar, una fuerte recesión y una creciente tasa de inflación se combinan para afectar a prácticamente todos los sectores de la economía y castigar especialmente a los más pobres.
La Villa Itatí está en el municipio de Quilmes, a media hora del centro de Buenos Aires. Son más de 50 hectáreas en las que viven más de 70.000 personas, entre perros que husmean en la basura que se acumula por todas partes.
En uno de sus angostos pasillos está el comedor de la Asociación Civil Luchemos por Ellos, que hace 11 años instalaron Meli Maidana y su esposo, Axel Fernández.
“Hasta hace tres años les dábamos de comer a 30 chicos. Hoy vienen unas 300 personas de cero a 99 años. Como no entran todos juntos, hacemos cuatro o cinco turnos”, relató Fernández a IPS en el lugar.
Fernández contó que cocina pasta, arroz o polenta que le provee todos los meses el Ministerio de Desarrollo Social, pero el deterioro de la actividad económica le hace cada vez más difícil conseguir donaciones de empresas.
“Una distribuidora de pollos a veces me llamaba para que fuera con un camión a buscar mercadería. Ahora me dicen que está todo muy difícil y con suerte nos dan dos cajones de pollos”, detalló como ejemplo.
De acuerdo al último dato oficial, la actividad económica cayó en junio 6,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, ahogada por una tasa de interés de 45 por ciento, con la que el gobierno busca infructuosamente que los pesos argentinos no vayan a la compra de dólares.
Pero ni siquiera eso detiene la inflación. Luego de una tasa de 25 por ciento registrada en 2017, el gobierno de Mauricio Macri había fijado una meta del 15 para este año.
Ese objetivo quedó desfasado rápidamente y hoy las proyecciones de los analistas económicos –en constante revisión- rondan una tasa de 35 por ciento para 2018.
El combustible del incremento del costo de vida es la devaluación de la moneda local, en un país donde ricos y pobres están acostumbrados a seguir de cerca la cotización del dólar porque saben que cualquier movimiento se traslada rápidamente a los precios, pero no a los salarios.
La devaluación y la inflación se aceleraron a partir de abril y fue entonces cuando el gobierno se vio obligado a buscar el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las dos partes lograron un acuerdo a principios de junio y el organismo financiero internacional anunció el otorgamiento de un préstamo de 50.000 millones de dólares, lo que fue presentado como un triunfo por el gobierno.
“El acuerdo es histórico para la Argentina. Estamos en una tarea de construcción sobre bases sólidas, donde se va a poder proyectar hacia el futuro. Pensando en eso, en ayudar a todos los argentinos, es que acudí al FMI», dijo entonces Macri.
Desde aquel momento, sin embargo, todo empeoró y sumió en una crisis ya no solo económica sino también política al gobierno de centroderecha, que en octubre de 2017 ganó las elecciones legislativas de medio término y parecía encaminarse a una segura reelección en octubre del año que viene.
“Macri asumió en diciembre de 2015 y para lidiar con el problema de falta de dólares que enfrentaba la economía argentina recurrió al endeudamiento internacional”, explicó a IPS el economista Andrés Asiain.
“En abril, cuando el crédito se cortó abruptamente y se produjo una fuga de capitales por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, el gobierno buscó el salvavidas del FMI, que resultó un salvavidas de plomo”, agregó Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que reúne profesionales de distintas disciplinas.
Asiain dijo que lo más perjudicial del acuerdo fue que el FMI impuso al país un esquema de flotación libre del dólar, “lo que produjo que el mercado de cambios se volviera explosivo”.[related_articles]
“Hoy, la economía argentina está en un tobogán y lo que viene es más deterioro del poder adquisitivo, destrucción de fuentes de trabajo y empeoramiento de la situación social”, aseguro el especialista.
Una expresión dramática de la crisis se vivió el miércoles 29, cuando el gobierno intentó calmar a los mercados con la difusión de un mensaje de Macri en el que el mandatario anunciaba que había llegado a un nuevo acuerdo con el FMI, para que el organismo adelantara los fondos necesarios para pagar los vencimientos de la elevada deuda pública hasta fines de 2019.
El video se difundió por la mañana y al poco tiempo el peso se devaluó un asombroso siete por ciento en un solo día, mientras las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York perdían hasta nueve por ciento.
La tensión de la jornada quedó reflejada aquella misma noche, cuando la diputada oficialista Elisa Carrió, tal vez la principal espada del gobierno ante los medios de comunicación, aseguró: “No va a haber helicóptero”.
Evocó así la figura que los argentinos asocian con la crisis de 2001 y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, quien en medio de la ira popular en las calles se fue de la Casa Rosada, sede del gobierno, en helicóptero.
Este jueves 30, el Banco Central subió la tasa de interés referencial en 15 por ciento, para situarla en 60 por ciento, la más alta del mundo, en un intento fallido de contener el hundimiento de la moneda, mientras desde los ministerios económicos se anunciaron próximas medidas, en un clima de desbordamiento de la situación.
En marzo, el gobierno había celebrado el dato de que la pobreza había caído de afectar a 30,3 por ciento de la población, según los registros de 2016, a 25,7por ciento, lo que se traduce en 10,4 millones de personas.
Desde entonces no hubo una nueva estadística oficial, pero el propio Macri admitió en agosto que la cifra de personas en pobreza “lamentablemente” ha crecido en los últimos meses.
“La situación es delicada y se va a agravar porque el gobierno acordó con el FMI una reducción del déficit fiscal que implica un ajuste del gasto público de 300.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares)”, dijo Daniel Arroyo, diputado del opositor Frente Renovador.
“Eso repercute mucho en la obra pública, que el año pasado creó empleo y que ya está prácticamente paralizada”, agregó Arroyo en diálogo con IPS.
El legislador, experto en temas sociales, consideró que es necesario que el gobierno declare la emergencia alimentaria, de tal manera que queden regulados y a salvo de la inflación los productos de la canasta básica.
“Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Pero no veo riesgo de un estallido social como el que tuvimos en 2001 porque ya todos saben que cuando mayor es el conflicto más empeora la situación de los pobres”, planteó.
Edición: Estrella Gutiérrez
