Solidaridad a medias con los haitianos en México

Un grupo de migrantes haitianos realiza consultas en el Módulo de Atención del gubernamental Instituto Nacional de Migración de México, instalado al lado de la garita del Chaparral, un concurrido cruce fronterizo hacia Estados Unidos en la ciudad noroccidental de Tijuana. Crédito: Guillermo Arias/IPS
Un grupo de migrantes haitianos realiza consultas en el Módulo de Atención del gubernamental Instituto Nacional de Migración de México, instalado al lado de la garita del Chaparral, un concurrido cruce fronterizo hacia Estados Unidos en la ciudad noroccidental de Tijuana. Crédito: Guillermo Arias/IPS

En el aeropuerto de esta ciudad mexicana, fronteriza con Estados Unidos, los agentes aduanales advierten que habrá una revisión “aleatoria”. Pero no es así. A las únicas personas que detienen y revisan son de piel muy oscura y cabello ensortijado, y casi no hablan una palabra de español.

Lo mismo ocurre en otros puestos de control de entrada de Mexicali, capital del estado de Baja California, donde a los que “parecen haitianos” les piden sus documentos y les revisan el equipaje. La práctica se ha vuelto tan común, que nadie protesta, según comprobó IPS en el lugar.

La presencia de afrodescendientes se ha vuelto cotidiana en esta región del noroeste del país, caracterizada tradicionalmente por la convivencia de grandes grupos de migrantes.

Mexicali es el mejor ejemplo: en 1920 tenía más habitantes de origen chino (que llegaron para trabajar en la construcción del ferrocarril) que mexicanos, y aún ahora, la comida típica de la ciudad es la china.

Son más de 4.000 haitianos, según los datos más actualizados, los que se han quedado a vivir en Baja California, sobre todo en las ciudades de Tijuana, el centro económico del estado; Mexicali, la capital política; y Ensenada, su polo turístico.

Comenzaron a llegar a esta frontera en 2016. Las organizaciones sociales de atención al migrante calculan que llegaron a ser unos 20.000 haitianos los que se congregaron aquí, con la intención de pasar a Estados Unidos, para acogerse un programa humanitario temporal, antes de que finalizasen sus beneficios.

Ese país asignó un estatus de protección temporal (TPS, en inglés) a Haití tras el terremoto de 2010 y su vigencia oficial estaba determinada para permitir el libre ingreso a sus ciudadanos hasta julio de 2017.

Una de las habitaciones del Hotel del Migrante, el más conocido albergue para acoger a migrantes en Mexicali, capital del estado noroccidental mexicano de Baja California, al lado del paso fronterizo de Caxelico con Estados Unidos. El albergue ha sido uno de los centros de acogida de haitianos desde 2016. Crédito: Ximena Natera/IPS
Una de las habitaciones del Hotel del Migrante, el más conocido albergue para acoger a migrantes en Mexicali, capital del estado noroccidental mexicano de Baja California, al lado del paso fronterizo de Caxelico con Estados Unidos. El albergue ha sido uno de los centros de acogida de haitianos desde 2016. Crédito: Ximena Natera/IPS

Así que, tras la devastación que dejó el huracán Matthew en 2016, muchos haitianos comenzaron a migrar hacia Estados Unidos, usando a México como tránsito.

A ellos se les sumaron otros que habían salido de su país después del terremoto de 2010, para migrar a Brasil y otros países sudamericanos, que fueron abandonando cuando el impacto de sus crisis económicas y de otro tipo les cerró oportunidades de trabajo.

No previeron el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos al final del gobierno de Barack Obama (2009-2017), y todavía más con el arribo a la Casa Blanca de su sucesor Donald Trump.

Así que miles se quedaron varados en México, cuando Washington anticipó abruptamente el cese del TPS para los haitianos que no estuviesen ya en el país y en los pasos fronterizos se les pasó a impedir el acceso. Formalmente, el programa formalmente fue cerrado por Trump en noviembre de 2017, lo que obligará a los casi 59.000 haitianos beneficiarios a abandonar el país antes de julio de 2019.

Vista de la cocina desde un área con literas donde pueden descansar los migrantes, en el Desayunador del Padre Chava, un albergue gestionado por la orden católica de los salesianos, situado al lado de la línea fronteriza con Estados Unidos. Es uno de los siete centros de apoyo a migrantes en la ciudad de Tijuana, en el noroeste de México, en los que se ha dado albergue a migrantes haitianos desde 2016. Crédito: Guillermo Arias/IPS
Vista de la cocina desde un área con literas donde pueden descansar los migrantes, en el Desayunador del Padre Chava, un albergue gestionado por la orden católica de los salesianos, situado al lado de la línea fronteriza con Estados Unidos. Es uno de los siete centros de apoyo a migrantes en la ciudad de Tijuana, en el noroeste de México, en los que se ha dado albergue a migrantes haitianos desde 2016. Crédito: Guillermo Arias/IPS

Los  haitianos se quedaron inicialmente en los albergues que organizaciones de la sociedad civil y de las distintas confesiones religiosas han instalado en estas ciudades fronterizas para auxiliar a deportados y a migrantes mexicanos y centroamericanos.

Después, y tras una fuerte presión política, consiguieron que el gobierno mexicano les otorgase una visa humanitaria que les permite circular por el país sin ser detenidos. La visa tiene vigencia de un año y es renovable.

Más tarde, comenzaron a incorporarse al mercado de trabajo y ahora se les ve en la construcción, como obreros de maquiladoras, cocineros en pequeñas fondas, dependientes en establecimientos o personal de limpieza en hoteles, entre otros oficios.

“Hace como un año comenzaron a regularizarse. Algunos consiguieron un cuarto para rentar y hasta se casaron. Muchos están trabajando en obras, incluso hay varios ahí enfrente, en la ampliación de la garita, pero todos se dispersaron”, dijo José, encargado del albergue conocido como Hotel del Migrante.

El establecimiento, recordó José a IPS, quien pidió no dar su apellido ni difundir su imagen, está frente a paso fronterizo de Calexico, en el que hace unos años hubo una serie de movilizaciones por las deportaciones masivas de la administración de Obama.

Colchonetas y colchones apilados en espera de que se necesiten en el Hotel del Migrante, el albergue de la organización Ángeles sin Fronteras, al lado de Caxelico, puesto fronterizo con Estados Unidos, en Mexicali, capital del estado noroccidental de Baja California, en México. Crédito: Ximena Natera/IPS
Colchonetas y colchones apilados en espera de que se necesiten en el Hotel del Migrante, el albergue de la organización Ángeles sin Fronteras, al lado de Caxelico, puesto fronterizo con Estados Unidos, en Mexicali, capital del estado noroccidental de Baja California, en México. Crédito: Ximena Natera/IPS

En el albergue, uno de los mayores de la ciudad y que pertenece a la asociación civil Ángeles sin Fronteras, llegaron a vivir 700 haitianos, cuando su población promedio es de 200 personas acogidas.

“Está difícil para ellos porque la visa humanitaria no les da derecho a trabajar, solo a moverse libremente dentro del país. Hubo un acuerdo con los empresarios de Baja California para dejarlos trabajar, pero en realidad, están trabajando sin contratos y hay bastante abuso”, contó Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.

Metelus, de origen haitiano pero con nacionalidad mexicana y largos años viviendo en el país, encabezó la gestión de las visas humanitarias con el gobierno federal y en entrevista con IPS explicó que el apoyo de las autoridades mexicanas con los haitianos que quedaron bloqueados en el país ha sido escaso.[related_articles]

“Ahorita están demorando los documentos y las autoridades les están exigiendo una carta de que tienen trabajo, pero los patrones no quieren dárselas para no comprometerse porque la visa no es para trabajo”, citó entre los problemas que afrontan los más de 4.000 que han recibido las visas humanitarias.

Al principio, 98 por ciento de los haitianos que llegaron a México lo hicieron sin pasaporte, pues entraron de forma clandestina. Ahora, el principal problema es que no cuentan con el registro único de población, un documento indispensable para prácticamente todos los trámites de México.

“Siguen recibiendo una visa humanitaria, pero yo me pregunto ¿para qué sirve la visa humanitaria si no pueden abrir una cuenta en el banco y en las escuelas no quieren recibirlos?”, se preguntó Metelus.

“Necesitamos que les den la residencia permanente, porque ellos ya no quieren cruzar la frontera, quieren quedarse aquí (en México)”.

En Tijuana, a 180 kilómetros de Mexicali, las cosas no van mejor para los nuevos pobladores originarios de la caribeña isla de Hispaniola.

En 2016, cuando comenzó el bloqueo fronterizo para los haitianos, el pastor evangélico Gustavo Banda abrió las puertas de su iglesia Embajadores de Jesús para alojar a familias y donó unos terrenos, a unos 10 kilómetros al suroreste de la ciudad, para que 30 de ellas s pudiesen construir pequeñas viviendas.

Algunos haitianos esperan noticias sobre su situación migratoria en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el noroeste de México, uno de los puntos del país donde se han quedado a vivir los haitianos que vieron frustrada su intención de acogerse al estatus de protección integral que les permitía ingresar en Estados Unidos. México ha concedido visa humanitaria a algo más de 4.000 haitianos desde 2017. Crédito: Guillermo Arias/IPS
Algunos haitianos esperan noticias sobre su situación migratoria en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el noroeste de México, uno de los puntos del país donde se han quedado a vivir los haitianos que vieron frustrada su intención de acogerse al estatus de protección integral que les permitía ingresar en Estados Unidos. México ha concedido visa humanitaria a algo más de 4.000 haitianos desde 2017. Crédito: Guillermo Arias/IPS

La comunidad bautizó a la zona como «La Pequeña Haití», en referencia al barrio de “Little Haiti” que está en la ciudad estadounidense de Miami.

Comenzaron las construcciones con donaciones de la comunidad, pero en julio de 2017, una orden del Departamento de Protección Civil de Tijuana frenó la construcción, al advertir que se trata de una “zona de riesgo hidrometeorológico”, lo que significa que corre peligro de inundarse.

“Es un acto de racismo”, denunció Banda entonces.

También resultan víctimas de variados actos de xenofobia y racismo, como el ocurrido el 28 de enero, cuando dos ciudadanos haitianos fueron baleados en la zona norte de la ciudad.

El semanario ZETA informó que uno de los heridos vivía en el albergue frente a donde ocurrió la agresión y el otro había ido a visitarlo; iban a buscar comida para la cena cuando les dispararon desde una bicicleta.

Tijuana es una de las ciudades más violentas del país, y sus zonas periféricas son muy peligrosas.

“Reconozco la solidaridad de mucha gente, pero creo que el gobierno podría hacer algo más. Están viviendo en zonas de alta marginación y hay bastante discriminación de los migrantes haitianos”, concluyó Metelus.

Edición: Estrella Gutiérrez

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe

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Electrificación: los desafíos y la ‘letra chica’ de la propuesta estrella de la COP31 ANTALYA, Turquía – A un día del cierre oficial de la COP31, las discusiones siguen estancadas en temas claves, como el financiamiento, el mecanismo de transición justa y la meta de aumentar la participación de la electricidad en la demanda final de energía, de poco más de 23 % actual a 35 % para 2035, una iniciativa emblemática de la presidencia de la cumbre climática, como parte de la Agenda de Acción. Si bien la denominada meta “35 al 35” no forma parte de las negociaciones formales, la presidencia de Turquía y Australia han apostado por impulsar este compromiso y buscar que sea incluido en la “decisión de portada” (cover decision), un documento político general de la cumbre que recoge los principales mensajes, prioridades y acuerdos alcanzados. Este 19 de noviembre, se presentó el segundo borrador de la decisión de portada, donde la meta de 35 % se mantuvo, pero bajo una lista de áreas de “cooperación global” y sin ninguna alusión a la palabra “limpia”. Además, el texto no menciona la decisión de abandonar los combustibles fósiles –establecida en la COP28– ni la hoja de ruta de transición presentada por la presidencia de la COP30. La presidencia de la COP31 anunció que recogerá los comentarios de los países y seguirá trabajando para alcanzar un consenso. La segunda versión difiere del primer borrador, publicado el 16 de noviembre, donde se llamó a los países a contribuir al esfuerzo global de llevar la electricidad al 35% del consumo final de energía en 2035 y acelerar la transición mediante “una mayor electrificación limpia”. Aunque el mismo párrafo sostenía que la electrificación aporta beneficios “independientemente de la matriz eléctrica”, es decir, aunque esa electricidad provenga del carbón o el gas. En paralelo, este 19 de noviembre también vio la luz el Paquete de Medidas de Electrificación de la Agenda Global de Acción, que establece nuevas medidas y actualizaciones presentadas o anunciadas en la COP31, en las que participan más de 150 países, además de la Unión Europea, 37 ciudades y más de 260 empresas de seis continentes. “El Paquete de Medidas para la Electrificación de la COP31, presentado hoy, combina acciones en los sectores de la energía eléctrica, las redes eléctricas, el transporte, los edificios y la industria, lo que refleja el excelente trabajo realizado en el Eje uno”, señaló el secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, durante la apertura del evento de alto nivel de la Agenda Global de Acción Climática. Hasta el cierre de esta edición, la meta 35×35 sumaría 75 adhesiones, según la agencia nacional de noticias de Turquía, aunque aún no existe una lista oficial de adherentes Entre los países que han expresado su respaldo figuran Etiopía, Kenia, Uganda, Togo y Zambia, además de los 27 miembros de la Unión Europea. De América Latina figuran países como Chile y Uruguay. Desde Antalya, la ministra del Medio Ambiente de Chile, Francisca Toledo, confirmó el respaldo del país sudamericano a este compromiso global: “Es una señal relevante y consistente con los avances que ha desarrollado Chile en esta materia en los últimos años. Por eso, como país, hemos decidido suscribir este compromiso global”.  Chile planteó a la Presidencia de la COP31 una serie de aspectos que considera fundamentales, como avanzar en la descarbonización de la matriz energética, reconocer las circunstancias nacionales, y los beneficios climáticos y económicos de electrificar “los distintos sectores de la economía cuando este proceso avanza en paralelo con una generación eléctrica cada vez más limpia, basada en energías renovables”. Cabe destacar que la meta de alcanzar una electrificación del 35% para 2035, junto con los objetivos ya existentes de duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables, son consideradas como claves para una transición alineada con el objetivo de limitar el calentamiento global al 1,5 °C. Esto ya que la electrificación puede reemplazar el uso de combustibles fósiles, mientras las energías renovables proporcionan electricidad limpia y la eficiencia reduce la cantidad de electricidad necesaria.  “La electrificación es un tercer pilar de la transición energética, junto con las energías renovables y la eficiencia energética. Los objetivos de la COP28 de triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar el ritmo mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030 ayudan a crear las condiciones para una electrificación limpia”, explica Judit Hecke, codirectora de Responsabilidad Global en el NewClimate Institute y miembro del equipo de Climate Action Tracker, especializada en la transición energética con énfasis en la electrificación. La electrificación también se vincula con la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles (TAFF), presentada por la presidencia brasileña de la COP30, que aborda cómo la aceleración de la electrificación, junto con la electricidad renovable, combustibles sostenibles y otras soluciones energéticas, sienta las bases para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Si estos esfuerzos se llevan adelante por separado, la capacidad renovable puede expandirse mientras el uso de petróleo en el transporte continúa aumentando, o la creciente demanda de electricidad puede prolongar el funcionamiento de las centrales de carbón y gas fósil”, asegura Pablo Blasco Ladrero, analista de políticas climáticas y energéticas en el NewClimate Institute y miembro del equipo del Climate Action Tracker, especializado en indicadores sectoriales alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En su reciente informe, Climate Action Tracker describe la meta 35 al 35 como un hito importante, pero no como el destino final. Blasco Ladrero detalla que “en las trayectorias alineadas con 1,5 °C que evaluamos, la electrificación directa alcanza entre el 34% y el 41% en 2035. Esto sugiere que la meta 35 para 2035 es la adecuada, pero debería considerarse más como un piso de ambición que como un techo”. Según Climate Action Tracker, alcanzar la meta requeriría que la participación de la electricidad aumentara casi cuatro veces más rápido que su ritmo histórico. Las políticas actuales la situarían en torno al 28% en 2035, siete puntos porcentuales por debajo del objetivo. Para 2050, se proyecta una participación de entre el 54% y el 68%, lo que exigiría seguir transformando el transporte, los edificios y la industria, junto con descarbonizar el suministro eléctrico. “La prueba práctica para la ambición de la COP31 es si los gobiernos la traducen en planes nacionales que vinculen las metas sectoriales de electrificación con el despliegue de generación renovable, las medidas de eficiencia, la inversión en redes eléctricas y los hitos claros para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Esos planes también deben abordar la asequibilidad y apoyar a los trabajadores y las comunidades afectados por la transición”, agrega Hecke. Electricidad para un mundo en llamas Una de las claves para mitigar la crisis climática es la transición energética, es decir, pasar de un sistema dependiente de los combustibles fósiles a uno basado en energías renovables. Esto no solo implica generar electricidad limpia, sino también reemplazar el uso directo de petróleo, gas y carbón por electricidad de bajas emisiones en sectores como el transporte, la calefacción y la industria. Este proceso, conocido como electrificación, es fundamental para reducir las emisiones en un mundo que está a punto de superar el umbral crítico de 1,5 °C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales. “La electrificación significa reemplazar el uso directo de combustibles fósiles por electricidad para proporcionar servicios como movilidad, cocción de alimentos y calefacción. En los hogares, esto podría significar cambiar las cocinas a gas por cocinas eléctricas, o las calderas a gas por bombas de calor. En el transporte, podría implicar reemplazar los vehículos con motores de combustión interna, que funcionan con gasolina y diésel, por vehículos eléctricos de batería. En la industria, una bomba de calor industrial puede proporcionar calor para procesos que, de otro modo, dependerían de una caldera alimentada con combustibles fósiles”, explica Blasco Ladrero. Línea de transmisión eléctrica – Foto Andrey Metelev / Unsplash.jpg Aunque la electrificación tiene varios beneficios, la investigadora en POLEN Transiciones Justas, Jessica Arias, los resume en dos: “Primero, es la forma más eficiente de consumir energía y necesitamos que el mundo sea cada vez más eficiente para poder aplanar la demanda total y poder empezar a bajar los fósiles. La segunda es que es la única forma de reducir la demanda de combustibles fósiles en el mundo. Es la única, sobre todo en los países en vía de desarrollo”. De esa manera, no solo se reducirían las emisiones que tienen al planeta en jaque. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la electrificación con energías renovables y los cambios en el transporte pueden mejorar la salud, el empleo y la equidad. Por otro lado, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado la segunda gran crisis de suministro energético de esta década, lo que pone de relieve, una vez más, el riesgo de la dependencia de combustibles importados. Hecke puntualiza que “cuando la electricidad se genera a partir de recursos renovables nacionales, la electrificación también puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, la exposición a la volatilidad de sus precios y la contaminación atmosférica”. Electrificar en la práctica: transporte, edificios e industria Una de las principales formas de reducir las emisiones que sofocan al planeta es reemplazar la quema de combustibles fósiles en el transporte, los edificios y la industria con electricidad proveniente de fuentes renovables. De acuerdo con la IEA, el mayor potencial se encuentra en el sector del transporte, impulsado por la reducción del 90% en los precios de las baterías de iones de litio desde 2010. Para hacerse una idea, los autos, motocicletas, camiones y autobuses eléctricos, en conjunto, evitan una demanda de petróleo de alrededor de 2.3 millones de barriles por día. Esta cifra supera la cantidad que evitó el Estrecho de Ormuz a través del oleoducto Habshan-Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos en el verano de 2026, lo que constituyó un salvavidas para los mercados petroleros. Por su parte, los edificios ofrecen un gran potencial para electrificar la calefacción y el calentamiento de agua. El sector ya está bastante electrificado debido al rápido crecimiento de los usos finales que solo funcionan con electricidad, como la refrigeración, los electrodomésticos, los centros de datos y los equipos de tecnología de la información. Pese a lo anterior, las tasas de electrificación son mucho más bajas para la calefacción, que puede satisfacerse con múltiples combustibles contaminantes.  En cuanto a la industria, los sectores clave con potencial de electrificación a corto plazo incluyen al textil, el procesamiento de alimentos, la pulpa y el papel, y parte de la producción de productos químicos. El análisis de la IEA indica que alrededor del 40% del consumo de energía en la industria – ya sea en aplicaciones de baja y media temperatura- puede electrificarse de manera rentable. Esto tiene especial relevancia en América Latina y el Caribe, una región que generó el 65% de su electricidad a partir de fuentes renovables en 2025, muy por encima del promedio mundial, pero que avanza más lento en la descarbonización de los usos finales. Así lo explica Alfonso Blanco, director del Programa de Energía y Clima del Inter American Dialogue y director de Operaciones de Fundación Ivy: “La región ha avanzado más en incorporar generación renovable que en sustituir combustibles en usos finales. Más de la mitad de la electricidad proviene de fuentes renovables, pero representa apenas alrededor de una quinta parte de la energía final utilizada. El transporte sigue dependiendo principalmente del petróleo y persiste el uso directo de combustibles en edificios e industria”. Blanco sostiene que la movilidad eléctrica está creciendo, mientras que las bombas de calor y la electrificación de procesos industriales tienen un desarrollo limitado. “Las principales barreras son la inversión inicial, el acceso al financiamiento, las tarifas subsidiadas de combustibles y las restricciones de las redes”, añade el exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Respecto a la meta 35×35 y los distintos niveles de electrificación en América Latina, Arias sostiene que “cada país y cada región tendría que tener submetas a ritmos distintos”. Para alcanzar el 35% global, explica, los países del Norte global tendrían que superar esa cifra, ya que “a los del Sur global no nos va a dar”. Por ello, espera que la decisión final de la COP31 reconozca que cada país debe establecer objetivos acordes con su punto de partida, sin que todos tengan que alcanzar necesariamente el 35%. En definitiva, se requiere de una serie de factores para potenciar la electrificación, de acuerdo con las realidades de cada país y región del mundo. Pero, como advierte Climate Action Tracker en su reciente análisis, el aumento del consumo de electricidad no significa necesariamente que los combustibles fósiles estén siendo desplazados. “La electrificación será renovable o no será” Una de las principales discusiones en torno al “35 al 35” es el origen de esa electricidad y en qué medida permite sustituir el uso de combustibles fósiles. Recordemos que el petróleo, carbón y gas también se usan para la generación eléctrica. Ese dilema tampoco lo resuelve el segundo borrador de la decisión de portada, publicado por las presidencias de la COP31 este 19 de noviembre. En su párrafo 36, el texto llama a los países a aumentar la participación de la electricidad en el consumo final total de energía hasta el 35% a nivel mundial para 2035, como complemento de los esfuerzos por triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa media anual en la eficiencia energética para 2030, pero no hace referencia a que sea una electrificación basada en renovables.  La misma hoja de ruta de la presidencia de la COP30 indica que la eficiencia de las tecnologías eléctricas de uso final también se mantiene cuando la electricidad se genera en gran medida a partir de combustibles fósiles. Según el documento, esto “sugiere que la electrificación no tiene por qué esperar a la descarbonización del sector eléctrico, y que ambas pueden avanzar en paralelo según las circunstancias nacionales”. Pero, tal como indica un reporte de Climate Analytics, si bien la electrificación puede reducir las emisiones desde ya, incluso con la matriz eléctrica actual, solo logra reducciones de emisiones al ritmo y a la escala necesarios cuando se alimenta con electricidad renovable. De hecho, alcanzar la meta del “35 al 35” sin que toda la electricidad adicional sea renovable agregaría al menos 0,1 °C al calentamiento global a mediados de siglo, lo que aumentaría los impactos climáticos y el riesgo de cruzar los puntos de inflexión. En esa línea, Blasco Ladrero ejemplifica: “Un automóvil eléctrico utiliza mucha menos energía por kilómetro que un automóvil convencional, por lo que el cambio puede reducir las emisiones incluso si la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un argumento a favor de electrificar sin descarbonizar la generación eléctrica: ambos procesos deben ocurrir para lograr las rápidas reducciones de emisiones que se necesitan”. En paralelo, Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina (CAN-LA),  asegura que la discusión en torno al 35×35 ha dejado cosas por fuera, por ejemplo, “cómo se van a trazar rutas de cooperación para ampliar la electrificación a nivel regional. Además, deja por fuera la responsabilidad histórica, de cómo la transición justa o el financiamiento completo para la transición justa no puede salir de quienes han contaminado menos”. Restrepo alerta sobre otro debate que no aparece con frecuencia en las negociaciones o en la Agenda de Acción de la COP: el aumento del consumo de energía. “La gente está consumiendo más, el sector industrial está consumiendo más, los centros de datos están consumiendo más (…). Entonces, cuando hablamos de la electrificación sin hablar de una reducción de la dependencia fósil o de la demanda, lo único que estamos haciendo es añadir energía al sistema y aumentar las renovables, pero porque los fósiles tampoco dan abasto para aumentar tanto la demanda. Si no se reduce la demanda, no vamos a estar transitando. Lo que estamos haciendo es adicionando, pero no transitando”, asegura. Civil society actions throughout the day Photo © UN Climate Change – Kiara Worth.jpg El futuro en la “Era de la electricidad” Según el Foro Económico Mundial, la demanda mundial de electricidad crecería unos 1.100 teravatios-hora anuales hasta 2030, un 50% más rápido que el promedio de la década anterior. Sin embargo, la infraestructura no avanza al mismo ritmo: más de 2.500 gigavatios de proyectos renovables, de almacenamiento y de grandes consumidores siguen a la espera de conectarse a las redes eléctricas. Por ello, existen una serie de condiciones para habilitar la denominada “Era de la electricidad”. “Se necesita planificación que coordine los nuevos consumos y aumento de la demanda con las inversiones en generación, transmisión y distribución. Se deben establecer reglas adaptadas a una nueva era eléctrica no fósil, facilitar esquemas de financiamiento y revisar los incentivos y subsidios que favorecen a los combustibles fósiles frente a tecnologías eléctricas más eficientes. Los permisos de los proyectos de infraestructura habilitante para una mayor electrificación son parte también del camino crítico”, asevera Blanco. Para ello, es fundamental traducir la ambición global del 35×35 en metas sectoriales y nacionales concretas para respaldar el desarrollo y la implementación de políticas domésticas. Para Hecke, “la cifra del 35% es un hito colectivo a escala mundial. Los gobiernos deberían establecer metas nacionales y sectoriales que reflejen su estructura económica y sectorial, la demanda energética prevista y sus prioridades en materia de acceso y asequibilidad de la energía”.  Por ello, desde Climate Action Tracker proponen que los gobiernos evalúen los avances hacia la meta 35×35 a través de cuatro niveles complementarios de seguimiento: primero, medir la participación de la electricidad en el consumo final de energía a escala nacional; segundo, observar cómo evoluciona esa proporción en sectores específicos, como el transporte, los edificios y la industria; tercero, monitorear la incorporación de tecnologías que permiten sustituir el uso directo de combustibles fósiles, como los vehículos eléctricos, las bombas de calor y las cocinas eléctricas; y, finalmente, evaluar si se están expandiendo al ritmo necesario las condiciones que hacen posible esta transición, como la generación renovable, las redes eléctricas, el almacenamiento y la flexibilidad del sistema. Members of civil society demonstrate in the corridors Photo © UN Climate Change – Kubilay Ciftci.jpg De esa forma, una mayor electrificación basada en energías renovables podría reducir costos operativos, emisiones y contaminación, mejorar la competitividad y disminuir la dependencia de combustibles importados. Sin embargo, también requiere una transición justa que considere los impactos socioambientales de la transición y de la extracción de minerales para estas tecnologías. En ese sentido, Blanco subraya que esos beneficios no se distribuyen automáticamente. “Se deben priorizar servicios de alcance colectivo, facilitar financiamiento para hogares de menores ingresos y pequeñas empresas, y asegurar que los ahorros se reflejen en tarifas y costos de los servicios. El acceso a equipos eficientes y a un suministro confiable debe formar parte de la política de electrificación. Todo lo anterior refiere a la necesidad de políticas públicas activas orientadas a la electrificación”, sentencia.

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