La Organización de las Naciones Unidas (ONU), muy observada por denuncias de abuso sexual y violaciones de derechos humanos contra sus fuerzas de paz, reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de “los más altos estándares de conducta, capacidad e integridad”.
Y no hay excepciones a la regla, que se aplica a más de 100.000 funcionarios civiles, militares y policiales actualmente desplegados en 14 operaciones de mantenimiento de la paz y en 23 misiones políticas especiales en el mundo.
“Los estados miembro que proveen personal a las operaciones de paz de la ONU tienen la responsabilidad de certificar que ninguno estuvo involucrado, por acción u omisión, en violaciones al derecho humanitario internacional ni a los derechos humanos, y no fueron repatriados por motivos disciplinarios estando en una operación de la ONU”, explicó Nick Birnback, portavoz de las Fuerzas de Paz.
El último caso investigado es el despliegue de 49 efectivos de Sri Lanka a la Fuerza Interina en Líbano (Unifil, en inglés), quienes no pasaron por el proceso de evaluación, esta vez a cargo de la Comisión de Derechos Humanos local, con sede en Colombo.
El Departamento de Operaciones de las Fuerzas de Paz (DOMP) solicitó que “el gobierno srilankés priorice de inmediato la culminación de la investigación de los 49 soldados ya desplegados a la Unifil”, indicó.
“Si surgen motivos de preocupación por alguno de los 49 efectivos el DOMP puede solicitar su repatriación y su reemplazo a expensas del gobierno”, precisó Birnback.
“En el caso de Sri Lanka, donde hay una preocupación específica por los derechos humanos”, acotó, la ONU implementó medidas de evaluación adicionales en 2016 para ayudar a garantizar que el personal desplegado cumpla con los estándares fijados.
Antes del despliegue a la Unifil, la Misión Permanente de Sri Lanka en la ONU entregó certificaciones de que el contingente no había estado involucrado en ninguna violación.
“Pero en febrero de 2018, nos enteramos de que la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, la que el gobierno accedió a que se encargara de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de todo el personal srilankés, no había completado la evaluación cuando comenzó la rotación de la unidad de la Unifil”, explicó.
“La Fuerza de Paz planteó esto de inmediato a las autoridades de Sri Lanka y se interrumpió el despliegue”, acotó.
“Mientras, pedimos al gobierno de Sri Lanka que formalizara los acuerdos para la evaluación con la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka”, indicó.
“El cumplimiento de esos acuerdos se solicitará antes de que la ONU pueda recibir nuevos despliegues o rotaciones de ese país. El gobierno coopera con esto”, apuntó Birnback.
Según el DOMP, la Carta de la ONU exige que todo el personal mantenga los más altos estándares de integridad y de conducta.
Los Estándares de Conducta se aplican a todas las categorías del personal desplegado en las misiones de la ONU. Hay una estrategia de tres partes para atender las conductas indebidas: prevención, cumplimiento de los estándares y medidas correctivas.
En julio de 2008, el Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno lanzó el Sistema de Seguimiento de Faltas, una base de datos mundial, de acceso restringido y confidencial para procesar los malos comportamientos.
Los Estándares de Conducta se basan en tres principios clave: los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad; política de tolerancia cero a la explotación y al abuso sexual y la responsabilización de los mandos y/o las autoridades por no hacer cumplir los estándares de conducta, según DOMP.
Pero como los abusos sexuales y las demandas por paternidad aumentan entre las fuerzas de paz, la ONU colabora activamente con los países que aportan contingentes para la recolección de muestras de ADN, un protocolo introducido en 2014.
El número de denuncias por paternidad, o posible paternidad, aumentó de forma significativa de 12, en 2013 y 2014, a 15, al año siguiente, 33, en 2016, y 56 el año pasado.
Las denunciantes son víctimas de “abuso y explotación sexual”, según la ONU.
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, “recibimos 40 acusaciones de todas las entidades y socios ejecutivos”, declaró a la prensa el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, el 22 de febrero.
De las 40 denuncias, 15, que no son nuevas, son de las operaciones de mantenimiento de la paz, y se cargaron, a medida que llegaban, a la base de datos de Conducta y Disciplina, un sitio público de Internet.
Las 25 restantes proceden de agencias, fondos y programas del foro mundial, e incluyen ocho de socios ejecutivos.
De las 40 acusaciones, 13 se ingresaron en la categoría de abuso sexual, 24, en la de explotación sexual, y tres, de naturaleza desconocida.[related_articles]
Esas denuncias afectan a 54 víctimas, 30 mujeres, 16 menores de 18 años. Se desconoce la edad de otras ocho. Además, 12 de las acusaciones se hicieron en 2017, siete, en 2016, tres, en 2015 o antes, y de 18 de ellas se desconoce la fecha, detalló Dujarric.
En lo que respecta al estatus de las 40 denuncias, dos fueron corroboradas en investigaciones, 15 están en distintas etapas de la investigación, 18 están en evaluación preliminar y dos se están revisando con información limitada por parte de la entidad investigadora, añadió.
En la actualidad, hay 14 operaciones de mantenimiento de la paz, siete de ellas en África.
Más de 100.000 efectivos, militares y civiles proceden de 123 países, y los cinco mayores contribuyentes son Etiopía, con 8.326 efectivos, India, con 7.471, Pakistán, con 7.161, Bangladesh, con 6.772, y Ruanda, con 6.146.
El presupuesto aprobado para las fuerzas de paz para el año fiscal que fue del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, fue de 7.870 millones de dólares, ligeramente menor que el año fiscal anterior.
“Es menos de uno por ciento del gasto militar mundial, es dinero bien gastado”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres.
“Es una fracción del costo de permitir que los conflictos se propaguen y erosionen los logros del desarrollo económico”, puntualizó.
“La inversión se multiplica por el crecimiento económico y la prosperidad que siguen a la estabilidad y seguridad que dejan las misiones de paz exitosas”, añadió Guterres.
“Los soldados de las misiones de paz de la ONU suelen carecer de equipamiento, estar mal preparados y no estar listos; hay vacíos en el comando y en el control”, explicó.
En una reunión del Consejo de Seguridad, Guterres declaró: “Nuestras fuerzas de paz son vulnerables y son blanco de ataques”.
El año pasado, 59 efectivos de las fuerzas de paz perdieron la vida por ataques intencionados, el mayor número que se haya registrado y un fuerte aumento con respecto al año anterior, cuando murieron 34.
Traducción: Verónica Firme
