Nuevos tiempos de incertidumbre corren para la población cubana, que procesa con cansancio y temor la cancelación temporal de visas hacia Estados Unidos, la recomendación a los ciudadanos estadounidenses de no viajar a Cuba y la reducción de personal diplomático en ambos países.
Las nuevas medidas anunciadas este martes 3 de octubre y el 29 de septiembre por la administración de Donald Trump, debido a supuestos ataques acústicos que afectaron la salud de 22 diplomáticos estadounidenses en Cuba, son recibidas como un retorno a la etapa de pugnas ideológicas y extremismos políticos entre ambos vecinos.
En conferencia de prensa, este mismo martes 3, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó de “injustificada”, “precipitada” y de “carácter eminentemente político” la orden emitida durante la jornada por el estadounidense Departamento de Estado, que dio una semana a La Habana para retirar a 15 diplomáticos de su sede en Washington.
La causa de la actual crisis bilateral radica en supuestos ataques acústicos aún bajo investigación que según las autoridades de Washington afectaron la salud de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en territorio cubano.
Rodríguez reiteró la cooperación brindada por Cuba para esclarecer los hechos y subrayó la falta de evidencias concluyentes sobre los misteriosos sucesos. Destacó que el principal obstáculo para resolver el caso está en la poca información brindada por Estados Unidos a las contrapartes locales.
Horas antes, su homólogo estadounidense, el secretario de Estado, Rex W. Tillerson, insistió ante la prensa: “Cuba no tomó las medidas apropiadas para proteger a nuestros diplomáticos”. “Continuamos manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba y cooperando con ese país mientras avanza la investigación de estos ataques”, precisó.
La sensación de pérdida se repite entre especialistas, activistas y emprendedores privados que conversaron con IPS sobre el bache más profundo atravesado hasta el momento por el deshielo bilateral iniciado en diciembre de 2014 por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama (2009-2017).
“Por supuesto que vamos a perder clientes. Están atemorizando a la gente (de Estados Unidos) para que no venga”, dijo María Julia Jiménez, que renta habitaciones a turistas internacionales en el corazón de La Habana. “Aunque no me asusta… en todos estos años los norteamericanos tenían prohibido venir e igual han venido”, recordó.
Como varias generaciones, la vida de Jiménez ha estado marcada por los vaivenes de las relaciones entre ambas naciones. “Con estas medidas de Trump, volvemos a la situación de antes”, lamentó la trabajadora privada, que como otros muchos cubanos creía que el histórico diferendo político bilateral y su alto impacto económico y social eran cosa del pasado.
“Todos nos vamos a afectar al final… esto tiene un efecto dominó (en cadena)”, comentó una jubilada cubana que voló el domingo 1 de la ciudad estadounidense de Miami, epicentro de la comunidad cubanoamericana, hasta La Habana en un vuelo chárter con más de la mitad de sus asientos vacíos.
“En Miami, las personas temen viajar a Cuba y perder sus derechos como residentes o ciudadanos estadounidenses”, indicó. “Y casi todo el mundo está pidiendo reunificación familiar, que ahora está detenida”, puso como ejemplo.
En 2016, visitaron Cuba 284.937 ciudadanos estadounidenses, según datos del Ministerio de Turismo, cifra que según otras autoridades se eleva a 614.433 personas, al incluir a los visitantes cubanoamericanos.
En La Habana estos días el simbólico parque al lado de la sede de la embajada estadounidense permanece extrañamente semivacío. Rodeada de cafeterías, hostales y consultorías privadas, la plaza acoge a las pocas personas cubanas con visas aprobadas antes del 29 de septiembre y algunas otras que albergan la vana esperanza de ser atendidas.
Ese día el gobierno estadounidense retiró de la capital cubana 60 por ciento de su personal diplomático. La actividad de su embajada se redujo a los servicios consulares básicos y atender emergencias de ciudadanos estadounidenses. La emisión de nuevas visas quedó suspendida por tiempo indefinido.
También el Departamento de Estado emitió una alerta donde recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Cuba por cuestiones de seguridad.
Washington plantea que las medidas permanecerán hasta que el gobierno cubano garantice que los diplomáticos estadounidenses están seguros. Por su parte, el gobierno de La Habana ha reiterado que protege a todo el cuerpo diplomático acreditado sin distinción de nacionalidad según lo establecido por la Convención de Viena (1961).
“El 29 de septiembre marca el punto más bajo del proceso comenzado en 2014 y constituye, más que un freno, un retroceso brutal en el esfuerzo por normalizar las relaciones entre ambos países”, valoró la investigadora Ailynn Torres, que vive entre La Habana y Quito.
Para Torres, el paquete de medidas tiene “consecuencias económicas, políticas y sociales, que involucra a la institucionalidad del país, a las y los ciudadanos comunes y al empresariado de las dos orillas”. Subrayó que obstaculiza las relaciones diplomáticas, relaciones pueblo a pueblo y el turismo, un rubro clave de la economía cubana.
La también profesora observa con sospecha el momento en que ocurre este giro político.
“Intuyo que la fecha no responde solo a los ‘ataques sónicos’, sino a una evaluación cuidadosa y políticamente interesada de la coyuntura de nuestro país”, analizó sobre el contexto local de elecciones generales, la anunciada salida en 2018 de Raúl Castro de la Presidencia y la devastación provocada por el huracán Irma a inicios de septiembre.
Incluso entre la disidencia al gobierno socialista, con opiniones diversas sobre las relaciones bilaterales, algunas voces califican las medidas estadounidenses de desacertadas.
“Estados Unidos pierde porque había aumentado su presencia en Cuba y fomentado admiración y esperanza en los cubanos”, opinó la periodista independiente Miriam Leiva. “Con la reducción de su personal diplomático, disminuye las posibilidades de interactuar con el pueblo cubano”, concluyó.
Carlos Alzugaray, analista político independiente, advirtió que, entre otros impactos negativos, la crisis bilateral “dificultará mantener la cooperación entre ambos países y puede tener un efecto muy perjudicial sobre el acuerdo migratorio, uno de los más importantes de los 22 existentes.
Los acuerdos de entendimiento y colaboración mutua abarcan además medio ambiente, seguridad de la navegación marítima, de viajeros y el comercio, agricultura, salud en área del cáncer, enfrentamiento al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el intercambio de información e investigación en meteorología y clima.
De similar relevancia son los acuerdos de cooperación sobre la preparación y la respuesta a la contaminación causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en el golfo de México y el estrecho de la Florida y otro en materia de Aplicación y Cumplimiento de la Ley.
Editado por Estrella Gutiérrez
