Veintitrés años después, la herida del peor atentado terrorista de la historia argentina está lejos de sanar. Este 18 de julio se recordó un nuevo aniversario del brutal ataque con un coche bomba que, en 1994, convirtió en escombros el edificio de la mutual judía de Buenos Aires y dejó 85 muertos.
A la jornada de aniversario se llegó sin condenados, pero con conflictos políticos y división entre los familiares de las víctimas, mientras está cerca de la sentencia un juicio oral, no contra quienes planearon o cometieron el atentado, sino contra los que habrían obstaculizado su investigación judicial.
“Desde hace 23 años la impunidad se nos ríe en la cara”, dijo este martes 18 con la voz quebrada Jennifer Dubin, una mujer de 31 años, madre de dos hijos, quien tenía 8 cuando perdió en el atentado a su padre, Norberto, quien tenía la misma edad que la actual de ella.
“Han pasado muchos gobiernos y todos hicieron promesas, pero a ninguno le importó el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)”, clamó desde el escenario montado frente al imponente bloque de cemento con líneas rectas, protegido por un muro, que es el nuevo edificio de la asociación.
En el mismo lugar donde durante 55 años estuvo la sede anterior de la AMIA, en la calle Pasteur, se inauguró en 1999 la nueva edificación.
Dubin participó en el acto recordatorio central, organizado bajo el lema “23 años de impunidad en la historia de todos”, por la AMIA, por una de las organizaciones de familiares de las víctimas y por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), representación política de la colectividad judía de este país, con una rica historia y la más numerosa de América Latina.
Desde fines del Siglo XIX, Argentina recibió masivamente inmigrantes judíos que huían del antisemitismo de la Rusia zarista y por eso muchos de ellos y sus descendientes han sido conocidos cariñosamente como “rusos”, aun hasta el día de hoy.
Sin embargo, como sucedió en anteriores aniversarios, hubo dos organizaciones de familiares que prefirieron hacer actos por separado, debido a que son fuertemente críticas de la actuación de las entidades de la comunidad judía en la investigación judicial.
El jefe del gabinete de Ministros, Marcos Peña, asistió al acto principal y allí confirmó a los medios de comunicación que el gobierno del presidente Mauricio Macri impulsa la aprobación de una ley especial que posibilite el juicio en ausencia a los imputados por la Justicia argentina como autores intelectuales del atentado.
Se trata de cinco ciudadanos de Irán, que al momento del hecho tenían cargos en el gobierno de Teherán o en la embajada de ese país en Buenos Aires. La Justicia argentina dictó órdenes de captura internacional contra ellos en 2006.
Además, hace solo dos meses el juez a cargo de la causa pidió a Interpol que mantenga contra ellos las llamadas circulares rojas, que son las órdenes de búsquedas más estrictas que existen a nivel de las fuerzas de seguridad globales y significan que cualquiera de esas cinco personas buscadas sería detenida si sale de Irán.
El juicio en ausencia no está previsto en la legislación argentina y su reglamentación podría comenzar a ser discutida por el Senado el mes próximo. Sin embargo, la posibilidad de aplicarlo retroactivamente a los imputados de la causa de la AMIA es materia de discusión entre los académicos del derecho.
“Estamos absolutamente en contra. El juicio en ausencia se ha utilizado en otros países y en otros casos, pero consideramos que no aportaría absolutamente nada en el caso AMIA, porque se trata de personadas acusadas de ser autores intelectuales”, dijo Adriana Reisfel, integrante de Memoria Activa, organización de familiares de las víctimas que es crítica de la dirección de la comunidad.
“No hay testigos ni pruebas para condenarlos en ausencia”, añadió en su diálogo con IPS.
“En cuanto a la investigación del atentado, estamos igual que el primer día. Y para los directivos de AMIA parece que no existe el juicio por encubrimiento. Para nosotros, en cambio, los encubridores son tan responsables como quienes pusieron la bomba. Y esperamos condenas ejemplares”, agregó.
Para este semestre se espera la conclusión del juicio y la sentencia contra un nutrido grupo de acusados de haber desviado la investigación del atentado, que están siendo juzgados desde hace casi dos años.
Entre ellos están el expresidente Carlos Menem (1989-1999), quien gobernaba al momento del atentado, y su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy.
También esperan sentencia el ex juez federal Juan José Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes estuvieron a cargo de la causa judicial durante sus primeros años y enviaron a juicio oral a un grupo de policías y a un “reducidor” (comerciante) de automóviles robados.
A todos ellos se les acusó de ser la “conexión local” que llevó adelante el atentado planeado por Irán a través de terroristas de la organización islamista libanés Hezbollah.
El Estado iraní siempre ha negado su responsabilidad y ha rechazado la posibilidad de detener a sus ciudadanos acusados y extraditarlos a la Argentina.
Aquel juicio contra la conexión local, que comenzó en septiembre de 2001, cuando el terrorismo internacional llegaba al tope de la agenda mundial por el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, terminó en 2004 en un bochorno: todos los acusados fueron absueltos y el tribunal oral denunció graves delitos durante la instrucción de la causa.
Entre ellos, que se había pagado 400.000 dólares al “reducidor” de vehículos robados, Carlos Telleldín, a cambio de que acusara a los policías.
En febrero, también comenzó a ser investigada por presunto encubrimiento es la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ya que en diciembre pasado la Cámara de Casación Penal ordenó que se dé curso a la denuncia contra ella, presentada contra ella por el fiscal Alberto Nisman, que había sido desestimada en distintas instancias judiciales por inexistencia de pruebas.
Nisman había denunciado en enero de 2015 a la entonces presidenta a raíz del memorándum de entendimiento firmado con Irán, que impulsaba la formación de una Comisión de la Verdad, con representantes de los dos países, y el viaje de un juez argentino a Teherán para tomar declaración allí a los imputados.
Cuatro días después de presentar esa denuncia, y cuando había sido citado por el legislativo Congreso de la Nación para explicar los detalles, Nisman fue encontrado muerto de un balazo en su departamento. Hasta hoy, la justicia no esclareció si fue un asesinato o un suicidio.
“Así como la Argentina se unió para terminar con la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado (1976-1983), también pedimos la unidad del pueblo argentino para terminar con la impunidad de la AMIA”, dijo durante el acto Agustín Zbar, presidente de la AMIA.
“La causa AMIA es un triste emblema, que destruye la confianza en el sistema de justicia, agrava el daño ya cometido a las víctimas y a la sociedad y abre el camino para que el delito se vuelva a cometer”, agregó.
Editado por Estrella Gutiérrez
