Cuando en Argentina se hacen encuestas acerca de la percepción social de la realidad, la corrupción suele estar entre las principales preocupaciones. En ciertas ocasiones, incluso, por encima de la pobreza, la inseguridad o la inflación.
La desconfianza no es exclusivamente hacia las prácticas de quienes tienen responsabilidades en el Estado, sino también de los actores del poder del ámbito privado, los llamados grupos de presión.
Este mes se dio a conocer una encuesta realizada en Brasil, Colombia, México y Argentina, que reveló que en este país solo 41 por ciento de los entrevistados tiene una buena imagen de las empresas, mientras que la aprobación supera 50 por ciento en los otros tres casos.
En ese contexto, el legislativo Congreso de la Nación comenzó a discutir un proyecto ley de Gestión de Intereses, que popularmente se conoce ya como ley del lobby, una materia que nunca ha estado regulada en ese país sudamericano de casi 43 millones de personas.
Esa definición engloba, según el texto, a “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de funcionarios, a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.
La iniciativa se discutió el año pasado en el ámbito de la gubernamental Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, dependiente del Ministerio del Interior, en reuniones amplias, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias y de profesionales de las relaciones públicas.
Con esos aportes, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto que fue enviado el 20 de abril a la Cámara de Diputados, que lo debatió por primera vez el 30 de mayo en reunión conjunta de dos comisiones.
Las normas vinculadas con la lucha contra la corrupción en Argentina tienen una historia poco feliz.
La más célebre de ellas es la llamada Ley de Ética Pública, que el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) propició cuando estaba a punto de dejar el gobierno y era acosado por denuncias de corrupción. Aprobada por el Congreso en septiembre de 1999, Menem la promulgó el 26 de octubre, apenas un mes y medio antes de dejar su puesto a Fernando de la Rúa.
Esa ley ordenó la creación una comisión con representantes de todos los poderes del Estado, que debía asegurar que los funcionarios cumplieran las reglas de contrataciones públicas y de recepción de regalos, entre otras, y que presentaran periódicamente declaraciones juradas de bienes, para asegurar que el crecimiento de su patrimonio se correspondiera con sus ingresos.
Sin embargo, esa comisión jamás funcionó, hasta que en 2013 el Congreso decretó la eliminó del papel legal.
“Esto es una novedad para la Argentina, así que el objetivo es ir de menos a más. No queremos generar una reglamentación estricta al comienzo. Por eso creamos un registro para los funcionarios, en el que deberán dar cuenta de las audiencias de gestión de intereses que mantengan. Pero no está previsto un registro de los actores del sector privado”, explicó a IPS el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
“Entendemos que el registro de lobbistas sirve cuando la actividad se realiza a través de un tercero. Pero esa no es la modalidad argentina. Queremos promover transparencia, sin que se pierda la accesibilidad. Si un productor agropecuario, por ejemplo, quiere visitar a un diputado para plantearle las necesidades del sector, no se le puede pedir que se anote en un registro de lobbistas. No queremos crear burocracia”, agregó.
En realidad, los funcionarios del Poder Ejecutivo ya tienen formalmente la obligación de registrar las audiencias de gestión de intereses que concedan. Así lo estableció en 2003 un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), cuyos fundamentos hablaban de “la necesidad de mejorar la calidad de la democracia”.
Sin embargo, fue cayendo en general desuso ante el desinterés en la cuestión del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), según aseguran los críticos a su gestión.
Por su lado, la administración del actual presidente, Mauricio Macri, creó una plataforma en Internet para el registro de audiencias y asegura que el nivel de cumplimiento está cerca de 60 por ciento.
La principal novedad del proyecto en discusión es que la obligación de registrar las gestiones de intereses alcanza también a los funcionarios del Poder Legislativo y del Judicial y a un amplio espectro que incluye desde los rectores de universidades públicas hasta los embajadores, aunque cumplan servicios en el exterior.
Otros puntos salientes son que se establece el principio de igualdad de trato a todos los solicitantes de audiencias sobre una misma materia y que el cumplimiento de la ley será controlado por organismos con autonomía funcional dentro de cada poder del Estado.
“Es claro el reclamo de la sociedad argentina de que se transparente la relación entre el Estado y los privados. Pero creemos que no basta con que se registre cada audiencia de gestión de intereses; también sería necesario que sea obligatoria la publicación del resultado de la reunión, para que se puede saber qué pasó”, planteó a IPS el abogado Germán Emanuele, director de Transparencia de Poder Ciudadano, una de las organizaciones de la sociedad civil que participó en la discusión previa al proyecto.
Durante ese proceso también tomaron parte integrantes del Consejo para la Transparencia de Chile, organismo que fue creado en 2008 en el país vecino con la misión de garantizar el acceso a la información pública por parte de los particulares.
Argentina también ha ido por detrás de la mayoría de los países de la región en cuanto al derecho de acceso a la información pública, porque solo el año pasado sancionó una ley que lo resguarda en el orden nacional, que ni siquiera ha entrado en vigencia todavía.
“La creación o no creación de un registro de lobbistas es un temas espinoso. Sería bueno que se creara, pero si eso sucediera seguramente habría gestores de intereses que seguirían actuando por fuera del registro”, opinó Ignacio Viale, presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina, que reúne a 650 entidades del sector.
“Soy de los que piensa que no deberíamos ir hacia un sistema exageradamente restrictivo, porque en ese caso muchos van a seguir andando por la banquina (borde de la acera). Estoy a favor de una ley que traiga transparencia, pero no se debe copiar ningún modelo sino diseñarla según la modalidad argentina”, dijo a IPS.
El gobierno también abrió el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos este año para discutir una reforma al régimen de financiación de esas organizaciones políticas, muy cuestionado especialmente por su informalidad y porque no permite a la sociedad acceder a información confiable sobre la materia.
Sin embargo, el propio secretario de Asuntos Políticos e Institucionales reconoció a IPS que es prácticamente imposible que se realicen cambios en este tema este año, debido a que en octubre están previstas elecciones legislativas que son cruciales tanto para la alianza gobernante como para la oposición.
Editado por Estrella Gutiérrez
