El aumento de los desastres climáticos en América Latina, que según organismos internacionales representan 70 por ciento de sus emergencias, impulsa un debate socioambiental en la región que busca profundizar sobre las causas yrespuestas ante estos eventos extremos.
La advertencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras instituciones multilaterales, es que la variabilidad climática incrementará la frecuencia y magnitud de los eventos extremos.
Según el Índice de Riesgo Climático Global, durante el periodo 1996-2015 cuatro de los 10 países más afectados en el mundo son de América Latina y el Caribe: Honduras (primero de todos), Haití (tercero), Nicaragua (cuarto) y Guatemala (noveno).
Perú sufrió entre marzo y abril inundaciones y deslizamientos, debido al fenómeno de “El Niño costero”, generado por el calentamiento de las aguas del litoral, con un saldo de más de 100 muertos, un millón de personas afectadas, 7.000 productores rurales damnificados (80 por ciento pequeños agricultores) e incalculables daños de infraestructura.
Las lluvias también dañaron más de 60.000 hectáreas e inutilizaron 18.000.
“Los cambios en patrones en precipitaciones y de temperatura continuarán. No necesariamente habrá efectos de desastres naturales evidentes, pero si cambio en el crecimiento de los cultivos, en el comportamiento de alguna plaga o enfermedades que podrían llegar a surgir o cambios en la productividad”, señaló Fernando Castro Verastegui, coordinador de Políticas de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de FAO en Perú.
“Tenemos que desarrollar bastante investigación para el desarrollo de nuevas variedades de cultivos que se adapten, tenemos que desarrollar prácticas que generen resiliencia en el productor, y adaptación a este cambio climático”, apuntó.
Entre 2003 y 2013, la FAO estima que 22 por ciento de las pérdidas y daños causados por desastres de mediana y alta intensidad en países del Sur en desarrollo afectaron al sector agrícola.
Esta situación cobra especial importancia en esta región, que es una gran productora mundial de alimentos. Ese sector, del que depende prácticamente un tercio de la población latinoamericana activa, sufrió13 por ciento de los daños causados por desastres.
La FAO y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ayudan a la región a desarrollar una Estrategia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
“Es un proceso irreversible, pero tenemos oportunidades de desarrollar nuevas tecnologías. Básicamente a partir de semillas que permitan una mejor adaptación y buenas prácticas agrícolas que nos permitan hacer un mejor manejo del cultivo y podamos hacer frente a este cambio climático”, explicó Castro Verastegui.
“El cambio climático no solamente es negativo, también genera oportunidades”, afirmó.
Como ejemplo, dijo que en zonas alto-andinas de Perú no eran aptas para cultivar algunas hortalizas y tubérculos y las alteraciones climáticas generan oportunidades de hacerlo.
Castro Verastegui también apuesta al rescate de las tradiciones de la agricultura familiar y a su fortalecimiento para enfrentar estos problemas.
Augusto Castro Carpio, director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consideró que en su país y en otros de la región el Estado no está en capacidad de enfrentar estos eventos climáticos.
“Creo que tenemos que pensarlo con mucho cuidado en toda América Latina, porque fenómenos de este tipo se van a repetir por todas partes y los Estados tienen que prepararse”, dijo a IPS.
“El Estado peruano ha perdido un punto y medio del PIB con esto. Esto nos vuelve a sumir en la pobreza esto genera problemas. Esperemos que el gobierno lo utilice para hacer una reconstrucción del país, pero tomando en cuenta las normas para cuestiones ambientales”, advirtió como una de las situaciones que se repiten en la región.
Como consecuencia del calentamiento global, crece el interés de las ciencias sociales en el impacto del fenómeno desde hace una década.
Gabriela Merlinsky, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, lo atribuyó “al interés legítimo que tenemos las ciencias sociales en esos temas” y a que los cambios ambientales globales “son producto de la intervención humana”.
También al llamado del sector científico de que las ciencias sociales intervengan.
“La relación sociedad-naturaleza es la que está definiendo este proceso de aceleración en la tasa de extracción de los recursos naturales y de formas de uso de los recursos y del suelo, que implican mayores riesgos ambientales”, dijo a IPS.
Su análisis, partiendo de las experiencias en el Cono Sur, “tiene que ver con identificar contextos de mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático”.
“El aspecto peligroso de esto es que se vuelva un discurso globalizante por el cual echemos la culpa de todos los males al cambio climático y no tomemos en cuenta aquellos elementos estructurales de nuestra sociedad que hacen por ejemplo, que nos inundemos más”, puntualizó.
Citó el caso de Argentina, donde hay una recurrencia de inundaciones en diferentes ciudades costeras y sobretodo en la región de la Pampa.
“Lo que ha habido es una intensificación del monocultivo, en particular la producción sojera que absorbe mucho menos agua que otro cultivo. El agua queda retenida en el suelo y hay un elevamiento de los niveles de las cuencas hidrológicas lo que son las napas freáticas. Eso aumenta la exposición a las inundaciones”, explicó.
Por eso para la investigadora, que integra un Grupo de Trabajo sobre Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), lo que está detrás de esos problemas “es la vieja cuestión del capitalismo y del avance despiadado sobre los recursos naturales” y los “serios problemas de regulación” de parte del Estado.
“La crisis, más que una crisis ambiental, es una crisis ecopolítica. Es una crisis de regulación, es una crisis de horizonte, y es una crisis en relación a modos de hacer políticas que no toman en cuenta las demandas sociales”, concluyó Merlinsky.
La colombiana Catalina Toro analizó que algo similar ocurre con los fenómenos climáticos de su país, que en abril causaron en Mocoa, en el amazónico departamento de Putumayo, devastadores aludes sobre viviendas, con el saldo de más de 300 muertos, además de miles de desplazados.
Fue una de las mayores catástrofes sufridas en Colombia en tiempos recientes.
Mientras los medios culpan a El Niño de estas lluvias extremas, “lo que decimos nosotros es que no es un desastre natural”, aseguró a IPS esta académica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
“Son lugares completamente deforestados, lugares donde los desplazados de los desplazados, son obligados a asentarse en unas condiciones bastantes frágiles al lado de los ríos”, subrayó Toro, quien también participa como una de las coordinadoras en el grupo de Clacso.
A su juicio, “estos problemas tienen que ver con la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de carreteras, la exploración petrolera y minera, que va moviendo los ecosistemas y afectando de manera muy fuerte toda esa zona que es un bosque húmedo tropical que de por sí ya está bastante intervenido por la colonización”.
Para Toro ese “modelo de desarrollo depredador extractivo” corre el grave peligro de ampliarse, ahora que concluyó el conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es posible penetrar y explotar territorios de gran valor ecológico, antes vedados por la guerra.
Editado por Estrella Gutiérrez
