La aldea de Miratu, del pueblo indígena juruna, lloró dos veces la muerte de Jarliel: el 26 de octubre, cuando falleció en las aguas del Xingu y ahora por la inundación de su túmulo sagrado por una inesperada crecida del río de la Amazonia brasileña.
El llanto es también de indignación en contra de la empresa Norte Energía, concesionaria de la central hidroeléctrica de Belo Monte, cuya represa determina el caudal de la Volta Grande del Xingu, un territorio 100 kilómetros dividido entre tres municipios, en cuyas riberas se desperdigan cinco aldeas indígenas.
Jarliel Juruna era a sus 20 años un eximio pescador de peces ornamentales, que escasean desde la inauguración de la represa en noviembre de 2015. El buceo cada vez más profundo, para asegurar la fuente de ingresos de su gente, contribuyó al aún inexplicado accidente fatal, sostienen sus hermanos Jailson y Bel.
Además la empresa aseguró que las crecidas allí serian reducidas, ya que el caudal se dividió entre la Volta Grande y un canal construido para alimentar la planta generadora principal de Belo Monte, cerca del final de esa curva del río,
Los hitos indicando hasta donde llegaría el río fueron sobrepasados en este comienzo de 2017, ante fuertes lluvias en la cuenca y una reducida desviación de las aguas para aprovechamiento hidroeléctrico de la central que será la tercera mayor del mundo en capacidad, cuando esté completada en 2019.
La sorpresiva crecida también provocó pérdidas materiales. Embarcaciones y equipos fueron arrastrados por torrentes. “Mi siembra de mandioca (yuca) fue inundada, aunque en tierras arriba de los hitos”, denunció Aristeu Freitas da Silva, uno de los ribereños afectados, de Islha da Fazenda.
Pese a ese exceso hídrico, el caserío de 50 familias sufre la falta de agua potable.
“El río está sucio, tomamos agua de un pozo que nosotros excavamos. Los tres pozos perforados por Norte Energía no funcionan porque se dañó el motor de bombeo el agua, hace ocho meses”, denunció Miguel Carneiro de Sousa, un barquero contratado por la alcaldía para transportar alumnos desde allí a otra escuela cercana.
En la Islha solo se dictan clases hasta el cuarto de los nueve años de primaria,
Deiby Cardoso, vicealcalde de Senador José Porfirio, uno de los municipios de Volta Grande, reconoció que mantener el abastecimiento de agua es responsabilidad de la alcaldía y prometió reanudarla a fines de abril.
Lo hizo durante la Audiencia Pública promovida por el Ministerio Público Federal (fiscalía general) en la ciudad de Altamira el 21 de marzo, para tratar problemas de la Volta Grande, donde IPS estuvo presente, dentro de su recorrido de una semana por poblados ribereños y aldeas indígenas de ese territorio.
Adueñarse del agua del Xingu para fines energéticos, en desmedro de sus tradicionales usuarios, como indígenas y ribereños, le cuesta a Norte Energía una infinidad de obligaciones y denuncias, donde su rol se confunde a veces con el del Estado, entre los pobladores de su área de influencia, en el norteño estado de Pará.
La empresa debe cumplir un plan de compensaciones y mitigación de impactos sociales y ambientales, con metas “condicionantes” y se acumulan quejas de incumplimiento.
Islha da Fazenda tenía razones para sus múltiples reclamos en la Audiencia. El puesto de salud está sucio y abandonado, el barco ambulancia tiene el motor roto y la electricidad de un generador propio solo está disponible de 6:00 a 10:00 de la noche.
El vicealcalde asumió los encargos, justificando atrasos por el poco tiempo del nuevo gobierno municipal, posesionado en enero.
Pero teniendo la llave del Xingu, al abrir o cerrar vertederos y activar o no sus turbinas, Norte Energía dicta el nivel de las aguas río abajo, especialmente en la Volta Grande. En la Audiencia pareció claro que lo hacen sin considerar impactos humanos y ambientales.
“El agua baja y sube de repente, sin aviso”, se quejó Bel Juruna, una joven lideresa de 25 años con la que IPS compartió durante la visita a la aldea Miratu, que impresiona por su defensa de los derechos indígenas.
“Esas oscilaciones abruptas en la cantidad de agua liberada en la Volta Grande produce alteraciones en el nivel del río que confunden la fauna acuática, desorientada por la variación de cotas y de la disponibilidad de ambientes de alimentación y reproducción”, señaló el ecólogo Juarez Pezzuti, profesor de la Universidad Federal de Pará.
Son daños adicionales a los del caudal reducido, que será permanente cuando opere normalmente la central hidroeléctrica, acotó.
La población ribereña es informada diariamente, por teléfonos instalados por la empresa en muchas casas, sobre el volumen hídrico que entra a la Volta Grande. Pero el dato divulgado, de metros cúbicos por segundo, nada dice a los interesados.
“La información tiene que ser útil”, añadiendo la altura del río correspondiente al caudal en cada aldea, reclamaron los indígenas a las autoridades presentes en la Audiencia, fiscales, defensores públicos y dirigentes de los órganos ambientales e indigenistas.
Hay “una falla de comunicación” que Norte Energía debe corregir, se consensuó durante la Audiencia, donde no hubo representantes de la empresa.
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Seguridad de navegación es otro reclamo de los indígenas Juruna y Arara, que viven en la orilla de la Volta Grande, junto con pobladores ribereños. El represamiento del río agravó los “banzeiros” (turbulencias), que ya provocaron la muerte de un ribereño al comenzar este año.
Los indígenas requieren embarcaciones grandes, una para cada una de las cinco aldeas, para navegar en el embalse hasta Altamira, la capital del Medio Xingú, sin los riesgos que amenazan a sus pequeñas barcas.[related_articles]
Además piden equipos de apoyo en los tramos más accidentados de Vota Grande, de agosto a noviembre, cuando por el estiaje emergen peligrosas islitas de piedras que dificultan la navegabilidad.
La reducción de los caudales dificultó la navegación en la Volta Grande, tradicional vía de circulación de indígenas y ribereños, intensificando la necesidad del transporte terrestre.
Una carretera de acceso a las vías que conducen a Altamira es una reivindicación prioritaria de los Arara.
“Es una condicionante de la licencia de construcción de Belo Monte, hasta hoy incumplida. Esperamos esa carretera desde 2012”, protestó José Carlos Arara, líder de la aldea Guary-Duan.
Rechazó la entrega de la Base de Operaciones que construyó Norte Energía para que la Fundación Nacional del Indio, órgano indigenista estatal, pueda proteger el territorio indígena. “Sin acceso terrestre no aceptamos la base, porque estará incompleta”, sentenció Arara, apoyado por líderes de las otras aldeas.
Mejorar la protección territorial y la participación indígenas en los comités que acompañan los asuntos indígenas y de la Volta Grande en los programas de compensación y mitigación de los impactos de Belo Monte es otra reivindicación común, presentada en una carta a la Audiencia firmada por los Arara y Juruna.
La necesidad de protección fue enfatizada por Bebere Bemaral Xikrin, presidente de la asociación de los xikrin, de la Tierra Indígena Trincheira-Bacajá.
Desde mediados de 2016 el agua del río Bacajá quedó sucia y provocó mortandad de peces. El motivo es un “garimpo” (minería informal, superficial) en ríos formadores del Bacajá, en las afueras del territorio xikrin.
Todo podrá agravarse por la abertura de una carretera para incorporar máquinas a la actividad contaminadora, si el Plan de Protección, que debía estar listo en 2011 y que “aún no salió del papel, no se concreta pronto y plenamente”, advirtió Bebere Bemaral.
Los xikrin no viven directamente en Volta Grande, pero todo lo que ocurre en ese tramo del Xingu afecta el afluente Bacajá, de que depende ese pueblo, explicó.
Los ríos que eran la vida de los indígenas y ribereños se convirtieron en factor de riesgo con la implantación de un megaproyecto hidroeléctrico, a que puede sumarse el proyecto minero Belo Sun, también en los márgenes de Volta Grande.
Editado por Estrella Gutiérrez
