“Los alcaldes tenemos que gestionar las ciudades intermedias como si fueran ciudades capitales”, plantea Héctor Mantilla, edil de Floridablanca, la tercera ciudad más importante del departamento de Santander, en el norte de Colombia.
El funcionario declaró a IPS que “los ciudadanos no sólo demandan servicios públicos, sino también infraestructura, y así se pueden generar obras sostenibles” ambiental y financieramente.
Mantilla, quien ocupa el cargo desde enero de este año, participó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), realizada en la capital de Ecuador del 17 al 20 de este mes y que desembocó en la llamada “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos sostenibles para todos”, conocida también como Nueva Agenda Urbana (NAU).[pullquote]3[/pullquote]
En la cumbre, organizada por ONU Hábitat cada 20 años, Mantilla expuso sobre las necesidades de infraestructura y sobre su gestión.
Floridablanca, con 300.000 habitantes, forma parte del área metropolitana de Bucaramanga, junto a otros dos municipios. Para atender diferentes demandas ciudadanas, la administración local construyó dos distribuidores viales y un parque de parapente.
Las experiencias y las expectativas del alcalde reflejan las preocupaciones de los gobiernos, especialmente locales. De hecho, uno de los mayores desafíos de la NAU es la sostenibilidad ambiental y financiera de la infraestructura requerida para desarrollar los compromisos adquiridos en Quito en materia de vivienda, transporte, servicios públicos y acceso a la digitalización.
Para la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las prioridades radican en movilidad, agua y saneamiento, vivienda adecuada, resiliencia, energía renovable, fomento a la digitalización y combate a la segregación y desigualdad.
“Hay falta de infraestructura. No está integrada suficientemente. Tenemos dos escenarios. El norteamericano, con tasas de motorización aceleradas, o el europeo, con ciudades más pequeñas, donde se desincentiva el uso del auto privado”, explicó en diálogo con IPS.
Bárcena indicó que “se requiere de cierto tipo de infraestructura y planeación” para que sea “resiliente”, una característica fomentada en los últimos años por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y relacionada con la capacidad de un ecosistema para absorber el estrés ambiental sin cambiar sus patrones ecológicos característicos.
En 2015, 54 por ciento de la población mundial vivía en entornos urbanos, tasa que ascenderá a 66 por ciento en 2050. El continente americano será la región más urbanizada del mundo, con 87 por ciento de población urbana. En particular, América Latina y el Caribe tendrá 86 por ciento; Oceanía, 74 por ciento; Europa, 82 por ciento; Asia, 64 por ciento, y África, 56 por ciento.
El reporte “América Latina y el Caribe. Desafíos, dilemas y compromisos de una agenda urbana común”, difundido en la cumbre de Quito, señala que, a pesar del considerable aumento de infraestructura logrado en las últimas décadas, su déficit en las ciudades continúa siendo uno de los desafíos más grandes para los países en desarrollo en general.
El documento, elaborado por el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, Cepal y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, reseña que América Latina y el Caribe tiene una tasa de inversión de dos por ciento del producto interno bruto regional, comparado con ocho por ciento del PIB regional de Asia sudoriental.
La tasa de inversión total en infraestructura “ha ido en retroceso en las últimas tres décadas, debido, sobre todo, a una reducción relativa de la inversión pública, un aumento limitado de la inversión privada y una retracción de las fuentes de financiamiento multilateral”.
En el Sur en desarrollo, las metrópolis se enfrentan a la contaminación, la exposición al cambio climático, el crecimiento caótico, el congestionamiento vehicular, la proliferación de la economía informal y la desigualdad.
Varios cálculos miden la dimensión de los requerimientos. El Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID estima la brecha de infraestructura urbana para inversiones prioritarias en esas urbes en 142.000 millones de dólares.
Mientras, la Alianza del Liderazgo de Ciudades para el Financiamiento Climático proyecta una necesidad global de 93 billones de dólares para infraestructura de bajo carbono y resiliente al cambio climático durante los próximos 15 años.
La NAU menciona 33 veces la palabra “infraestructura”, aunque carece de vías y de metas para desarrollarla.
Dinero escaso
La pregunta recurrente es de dónde saldrán los fondos para la infraestructura, tomando en cuenta que regiones como América Latina atraviesan un freno económico, después de una década de expansión, que permitió combatir la pobreza y ampliar la obra pública.[related_articles]
El colombiano Andrés Blanco, especialista en desarrollo urbano y vivienda del BID , propone varios mecanismos, entre los que figura la recuperación de la renta urbana o la plusvalía del suelo para el Estado.
“La idea básica es utilizar ese recurso para financiar infraestructura. Pero no se ha hecho, porque hay un problema de flujo de caja. El costo lo paga el gobierno y las comunidades, pero se privatiza el beneficio al dueño del suelo”, explicó a IPS.
En tres ciudades brasileñas, el BID ha hallado que la inversión de un dólar por metro cuadrado en instalación de agua potable eleva el valor del suelo en 11 dólares, tres dólares por m2 destinado a alcantarillado subió ese valor en 8,5 dólares; 2,58 dólares por m2 de pavimentación, en 9,1 dólares. En Quito, la transformación de suelo rural a urbano lo revalorizó en 400 por ciento.
El BID publicó en Quito el documento “Expandiendo el uso de la valorización del suelo” y está por publicar otro sobre la plusvalía urbana.
En Floridablanca, el gobierno local recuperó 30.000 dólares, de un total de 175.000, que 100 predios deben pagar por haberse beneficiado de inversión en equipamiento urbano.
“El gran reto de la Nueva Agenda Urbana es el recurso, cómo encontrar financiamiento. Los alcaldes debemos priorizar la obra de pequeña escala, pero se requiere gran infraestructura en las áreas metropolitanas”, planteó Mantilla.
Para Bárcena, Hábitat III deja “una gran tarea” de financiamiento. “El uso del suelo podría ser más rentable. Los Estados no pueden solos. Por eso, tiene que haber una gran coalición entre gobiernos, empresas, organizaciones para volver más habitable el espacio público y urbano y conectar más a las ciudades”, sugirió.
Cepal, que elabora un estudio sobre el uso del tiempo en las urbes, plantea mecanismos como políticas de captura del valor del suelo, para aumentar la recaudación y dirigir la forma e infraestructura urbana; la emisión de bonos municipales para recaudar capital para proyectos de infraestructura a largo plazo; y plataformas de inversión para atraer inversión privada.
En el “Panorama Global sobre Caminata y Ciclismo”, divulgado en Quito, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente insta a los países a invertir al menos 20 por ciento de sus presupuestos de transporte en infraestructura para peatones y ciclistas, con el fin de salvar vidas, revertir la contaminación y reducir las emisiones de carbono.
Editado por Verónica Firme
