El campesino Juan Ruiz no le cree una palabra a la agroindustria azucarera, que impulsa en El Salvador un manual de buenas prácticas agrícolas para producir el edulcorante sin perjudicar al ambiente y a las localidades próximas a plantaciones de caña.
“Tenemos la obligación moral de dejarle los recursos a nuestros hijos y nietos, pero estos señores seguirán fregándonos”, contó Ruiz, mientras miraba desconsolado el fondo, sin agua, del pozo que hasta hace poco le abastecía del recurso, en el caserío de Las Monjas, dentro del municipio de San Luis Talpa.
El cañaveral de 209 hectáreas que rodea al caserío de 800 familias del central departamento de La Paz, detalló el campesino de 60 años a IPS, ha sido regado durante tres meses con sistemas por aspersión, abasteciéndose de agua subterránea. Eso ha secado varios pozos en su comunidad, el suyo incluido.
Sobre la agroindustria del azúcar pesa un largo historial de incumplimientos ambientales en este pequeño país centroamericano de 6,3 millones de habitantes.
Persisten problemas como el uso intensivo de agroquímicos, las quemas controladas del follaje para facilitar la corta, inundando con hollín las poblaciones vecinas, así como la tala y quema de árboles para expandir el cultivo cañero, entre otros.
“Estoy verificando la tala de árboles y quema que ha afectado diferentes especies de flora y fauna”, detalló a IPS el juez Samuel Lizama, del Tribunal Ambiental de San Salvador, durante una inspección practicada el 7 de junio en la Cooperativa Santo Tomás, también en San Luis Talpa.
Activistas ambientales denunciaron en abril la tala y quema de 56 hectáreas de bosque para ampliar las siembras.
Tomás Regalado, presidente de la Fundación Azúcar, el brazo social de la Asociación Azucarera de El Salvador, reconoció que los cañicultores han afectado a las comunidades al no respetar las normas ambientales, pero la actitud de los ingenios procesadores fue “que se preocupen ellos, los cañeros”.
Ahora con el manual, avalado por el gobierno, el gremio, aglutinado en la Asociación Azucarera, pretende hacer un mea culpa.
La Guía Técnica del manual detalla en 136 páginas aspectos como la obtención de los permisos para riego, las mezclas y proporciones adecuadas de los agroquímicos o las medidas para proteger los mantos acuíferos
También contempla la velocidad del viento idónea para regar, desde una avioneta, el glifosato, un herbicida que está arruinando las parcelas de granos y legumbres en las comunidades adyacentes a los cañaverales.
Regalado señaló que quizá el manual no se va a cumplir al ritmo que quieren los ambientalistas y los pequeños agricultores, “pero la idea, la intención está allí, que lo vamos a trabajar lo vamos a trabajar”, recalcó a IPS.
El sector azucarero lo conforman los gremios complementarios de los cañicultores y de los ingenios, que también controla 23 por ciento del cultivo de caña.
Las relaciones entre los dos grupos no son siempre armoniosas. Por ejemplo, desde comienzos de año los primeros exigen cambios en la ley para que los segundos les paguen un porcentaje extra por el bagazo de caña, porque cuatro ingenios generan electricidad y ganancias con ese remanente de la molienda.
La Asociación Azucarera está integrada por seis ingenios, cuya mayoría accionaria está controlada por influyentes familias salvadoreños del sector agroindustrial. La zafra 2015-2016 produjo 650.000 toneladas métricas de azúcar, 42 por ciento destinadas al mercado local y el resto al internacional.
El rubro azucarero contribuye con 2,3 por ciento del producto interno bruto del país, mientras genera unos 50.000 empleos directos y 250.000 indirectos, según cifras del sector.
De los 7.000 cañicultores, 4.000 son campesinos que laboran en 120 cooperativas creadas por la reforma agraria de 1980. El resto son agricultores individuales y empresas dedicadas al rubro, explicó a IPS el director ejecutivo de la Asociación, Julio Arroyo.
Ecologistas y dirigentes comunales alertan que la necesidad de incrementar las exportaciones de azúcar llevará a más depredación ambiental.
Les preocupa sobremanera que, debido a las sequías, se siga abusando del agua para el riego.
“El impacto de la extracción del agua es grande en las comunidades”, aseguró Douglas Chicas, responsable de la Comisión de Medio Ambiente de la alcaldía de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután. En ese municipio hay áreas de reserva natural que han sido invadidas por el cultivo cañero, dijo a IPS.
El estudio Impactos de la Expansión de la Industria del Azúcar en la Zona Marino Costera de El Salvador, publicado en mayo por la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), reveló varios problemas vinculados al sector azucarero.
Entre ellos, por ejemplo, detectó que en la zona sur de San Francisco Menéndez, en el occidental departamento de Ahuachapán, 77 por ciento del agua de acuíferos de esa zona se destina a la caña, pese a que solo representa 11 por ciento de las siembras de la zona.[related_articles]
La industria minimizó los impactos. Se riega solo 15 por ciento de las 116.000 hectáreas dedicadas al cultivo a nivel nacional, “lo cual es relativamente poco”, aseguró Arroyo.
Algunos cañicultores tienen permisos para cavar pozos destinados al riego, aunque parte de ellos estén vencidos, y otros simplemente los perforan en sus terrenos y así tienen el agua, explicó a IPS el ambientalista Amílcar Cruz, miembro de la Asociación Mangle, con incidencia en la zona costera del departamento de Usulután.
“El manual está bonito, pero suena a poesía en El Salvador… no tienen interés en cumplirlo y no se establecen mecanismos de verificación”, señaló a IPS el responsable del estudio de la Unes, Carlos Flores.
La Unes es a su vez parte del colectivo el Foro del Agua, que busca la aprobación en la unicameral Asamblea Legislativa de una ley general de agua cuya prioridad sean las personas, no los negocios.
“Si por años ellos no han cumplido la legislación nacional ¿por qué confiar en que van a cumplir un manual de buenas prácticas?”, se preguntó Ana Dolores Rosales, otra residente en Las Monjas, cuyos habitantes viven del cultivo de maíz y frijol y completan su ingreso como braceros temporeros en los cañaverales.
El manual comenzó a ser difundido entre los cañicultores desde enero y su impacto solo se verá en las zafras venideras.
El Estado, por su lado, ha mantenido, por décadas, una actitud complaciente con la agroindustria de azúcar, dijeron los activistas consultados.
A pesar de que “existen leyes para proteger a los salvadoreños y a su medio ambiente, las agencias gubernamentales no las han hecho cumplir”, refiere el estudio Producción a Gran Escala de la Caña en El Salvador, publicado en mayo por el colectivo Voces de la Frontera.
IPS no obtuvo respuestas a sus solicitudes de entrevistas a funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería.
Mientras, el campesino Ruiz tuvo que hacerse con un préstamo de 175 dólares para introducir un tubo que penetrara aún más profundo en su pozo seco, y con una bomba de motor extraer el agua que necesitan él, su familia y sus tres vacas, cuya leche vende para sobrevivir.
“Si los cañeros dejan sin agua la comunidad, ¿de qué va a vivir uno?”, se preguntó con el rostro acongojado.
Editado por Estrella Gutiérrez
