La decisión del máximo tribunal de derogar la ley de amnistía, coloca a El Salvador ante la disyuntiva de si conviene al país enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.
También pone en evidencia que tras más de dos décadas del fin del conflicto, en 1992, la reconciliación aún no llega a este país centroamericano, de 6,3 millones de habitantes.
En el centro del debate está la imperiosa necesidad de llevar justicia a las víctimas de crímenes de guerra, y por otro lado, la inmensa tarea que ello supone y lo difícil de lograrlo: abrir casos con más de dos décadas de antigüedad, con evidencias alteradas, en el caso de haberlas, o extraviadas, y testigos ya fallecidos.[pullquote]3[/pullquote]
Los opositores a la apertura de estos casos destacan la precariedad del aparato judicial, con graves deficiencias y atiborrado de casos actuales sin sentenciar.
“Creo que el conjunto de los salvadoreños, de la población y de las fuerzas políticas no está en esto (de abrir juicios), han pasado la página”, señaló el analista de izquierda Salvador Samayoa, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
Los 12 años de conflicto dejaron 70.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos forzados.
Samayoa agregó que El Salvador tiene demasiados problemas actuales, para perder su energía en aquellos del pasado.
Para las organizaciones de los derechos humanos, saber la verdad, impartir justicia y reparación, priva sobre coyunturas y necesidades actuales.
“Los violadores de derechos humanos ya no se puedan escudar en la ley de amnistía, de modo que sean investigados de una vez por todas”, consideró a IPS el director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.
La Corte Suprema de Justicia, en un fallo considerado histórico, declaró el 13 de julio inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993, con lo cual abrió la puerta para llevar al banquillo a los acusados de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En su resolución, la Corte dijo que son inconstitucionales los artículos dos y 144 de la ley de amnistía, porque violan el derecho al acceso de la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
También sentenció que esos delitos no prescriben y pueden ser perseguidos con independencia de cuándo fueron cometidos.
“Eso lo hemos estado esperando por años, sin ese fallo las personas no encontraban justicia”, sostuvo a IPS la activista Engracia Echeverría, del Centro para la Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec.
Esa organización lleva el nombre de la enfermera francesa violada y asesinada por tropas gubernamentales en abril de 1989, cuando atacaron un hospital de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La activista resaltó que, si bien es cierto que mucha información de los casos se extravió, pero queda otra que puede ser retomada por los investigadores de la Fiscalía General de la República, responsable de la persecución penal, en caso de que surjan personas que requieran instruir una causa.
La ley ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos fuera y dentro del país desde su aprobación en marzo de 1993.
Sus críticos aducían que promovió la impunidad al proteger a los miembros del ejército y de la guerrilla, que cometieron abusos de derechos humanos durante el conflicto.
Pero ha sido defendida por militares, en retiro y activos, y por la derecha y empresarios del país, pues evitaba que justamente esos oficiales, vistos como los que evitaron el triunfo del FMLN, enfrentaran a la justicia.
“Todos los crímenes que se cometieron fueron (motivados) por una agresión guerrillera”, manifestó el general retirado Humberto Corado, exministro de Defensa entre 1993 y 1995.
La derogada ley se aprobó apenas cinco días después que la Comisión de la Verdad, que con mandato de las Naciones Unidas investigó los abusos de derechos humanos durante la guerra civil, publicara su reporte con 32 casos específicos: 20 cometidos por el ejército y 12 por los insurgentes.
Entre esos casos destacaron el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980; el de cuatro religiosas estadounidenses, en diciembre de ese mismo año, y el de centenares de campesinos acribillados en varias masacres, entre ellas la de El Mozote, en diciembre de 1981, y la del Sumpul, en mayo de 1980.
También, el de seis sacerdotes jesuitas, una mujer y su hija, en noviembre de 1989, un caso que ya investiga un tribunal español.
La Comisión de la Verdad también señaló a algunos comandantes del FMLN como responsables de la muerte de varios alcaldes, tomados como blanco por considerarlos parte de la estrategia gubernamental contrainsurgente.
Algunos de esos insurgentes señalados son ahora funcionarios de gobierno, como el director de Protección Civil, Jorge Meléndez.
Antes de llegar al poder, en 2009, el FMLN, reconvertido ya en partido político, criticó duramente la ley de amnistía y pidió su derogación por fomentar la impunidad.[related_articles]
Pero tras ganar aquel año las elecciones presidenciales con Mauricio Funes, su postura cambió y no impulsó la anulación de la norma. Desde 2014 gobierna el país un antiguo comandante del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.
De hecho, el partido gobernante calificó la anulación como “irresponsable», mientras el presidente dijo el 15 de julio que los magistrados de la Corte «no miden los efectos que pueden tener en la frágil convivencia» y pidió asumir la sentencia “con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”.
Tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, los medios de comunicación se han saturado de opiniones y análisis sobre el tema, la mayoría señalando el riesgo de que el país se desestabilice y sucumba al caos por la infinidad de demandas en los tribunales con casos de la guerra.
“A los que furibundos dicen que los magistrados metieron al país en un infierno hay que responderles que el infierno lo vivieron y siguen viviendo las víctimas y sus familiares”, dijeron en un comunicado, el 15 de julio, las autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde vivían y trabajaban los jesuitas asesinados en 1989.
Añadieron que la mayoría de las victimas reclaman ser escuchadas, conocer la verdad y poner rostro a quienes tienen que perdonar.
En efecto, en medio del debate resurge la idea de la justicia restaurativa como un mecanismo de encontrar la verdad y sanar las heridas de las víctimas, sin que ello necesariamente implique el encarcelamiento de los hechores.
“Nosotros no queremos que los metan presos por montón de tiempo, queremos que los responsables nos digan por qué los mataron si sabían que eran gentes civiles”, recalcó Echeverría.
“Y que nos pidan perdón, queremos que alguien se haga cargo de esas muertes”, añadió.
Por su parte, Montenegro, víctima él mismo de detención ilegal y de torturas en 1986, señaló que investigar a los que cometieron crímenes de guerra es una necesidad para hallar la verdad, pero es más importante aún para que el país encuentre los mecanismos idóneos para perdonar y reparar.
La justicia restaurativa es “una hipocresía que lo único que busca es venganza”, consideró, en cambio, el general Corado.
Editado por Estrella Gutiérrez
